Este 11 de Septiembre, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se convirtió en un nuevo aliado de la lucha venezolana por los derechos humanos.

Siendo el 36° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, realizaría una audiencia sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales.

A razón de ello, acudió la Comisión Presidencial de la República Bolivariana de Venezuela integrada por el canciller Jorge Arreaza, el representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas Rafael Ramírez y el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

En principio, el alto comisionado Al Hussein se referiría a los hechos expresados en su informe de Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017.  En dicho informe, el Alto Comisionado concluyó y así lo expresó ante la representación del Estado, que había encontrado suficiente evidencia para determinar la existencia de violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país. Así también, el Alto Comisionado determinó que existe un “real peligro” de que haya una “escalada de tensiones” y acciones del gobierno venezolano “contra instituciones democráticas y voces críticas”.

Siendo así, el Alto Comisionado resaltó el hecho de que el Estado venezolano no ha permitido que la Comisión tenga autorización de ingresar al país a los fines de constatar el estado de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos. Es por ello, que debió utilizar un grupo de investigadores de la Oficina del Alto Comisionado, cuya investigación estableció que existe la posibilidad de que el Estado haya cometido graves crímenes contra los derechos humanos al reprimir las protestas antigubernamentales desde el 1 de abril hasta el 31 de julio. Haciendo uso desproporcionado de la fuerza pública y violentando principios constitucionales.

En el marco de los diferentes acuerdos no cumplidos por el Estado venezolano, Zeid recordó que desde 2015 Venezuela es un país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por lo cual, tiene un deber particular a la hora de salvaguardar los estándares más elevados en la promoción y la protección de los derechos humanos. A pesar de ello, según el informe previamente mencionado, parece no cumplir a cabalidad, violentando diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte, en la alocución de los representantes de la Comisión Presidencial, el canciller de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, señaló que los datos mostrados en el informe del Alto Comisionado estaba “plagado de mentiras”, con “datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a mi país”. Por lo cual, reflejó los diversos avances, que a su criterio, han ocurrido en materia de derechos humanos en la Revolución Bolivariana, así como su programa de participación política.

Sobre los señalamientos del uso desproporcionado de la fuerza pública en protestas antigubernamentales, el Canciller señaló que la mayoría de las muertes son directamente atribuibles al accionar violento de los grupos anti gobierno. Así también, Arreaza afirmó que el Alto Comisionado no menciona las sanciones impuestas por la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, con el fin de atacar y provocar dificultades y sufrimientos con el propósito de generar condiciones para intentar justificar una intervención militar.

La Cancillería terminó su alocución exigiendo al Alto Comisionado el cese de la agresión contra Venezuela, la cual estaba fundamentada en mentiras y que «parece responder a directrices de Estados Unidos, principal violador de derechos humanos en el mundo» y señaló la posibilidad de autorizar tres visitas de la Comisión a Venezuela.

Finalmente, el Alto Comisionado solicitó a la Comisión de Derechos Humanos suspender a Venezuela como miembro de dicha Comisión e iniciar una investigación penal sobre los hechos expuestos en el informe presentado. Ya que la investigación penal sería la única manera de determinar si los acusaciones al Estado son ciertas o no.

Estos son los principales aspectos que abarca el Informe de Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017.

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

El 1 de Mayo el Alto Comisionado solicitó al Estado de Venezuela que concediera al ACNUDH acceso al país para evaluar la situación de derechos humanos. Sin embargo, ante la falta de respuesta, el 9 de junio el Alto Comisionado informó a las autoridades venezolanas de que su oficina había creado un equipo para realizar un seguimiento de la situación de los derechos.

A los fines de recabar la mayor información posible de fuentes oficiales, la ACNUDH solicitó al Estado información sobre las protestas antigubernamentales. Aunque dichas solicitudes fueron acusadas de recibido, hasta el momento de la redacción del presente informe no ha sido entregado ninguna información. Por lo cual, la información fuente utilizada por el Alto Comisionado fue recabada a través de actividades de monitoreo por medios de contactos a distancia con víctimas, testigos y otras fuentes. Utilizó así también, entrevistas a distancia y organizó reuniones presenciales en Panamá y facilitó viajes de algunas fuentes presenciales. El equipo llevó a cabo 135 entrevistas y reuniones con un gran número de fuentes (47 mujeres, 88 hombres).

Principales Hallazgos:

1. Violaciones de los derechos humanos cometidas por autoridades estatales:
2. Uso excesivo de la Fuerza:
   El ACNUDH constató que las fuerzas de seguridad del Estado Venezolano habían utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones antigubernamentales. La información reunida por el ACNUDH reveló que las fuerzas de seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. El análisis del ACNUDH, basado en los tipos de lesiones sufridas por los manifestantes, revela cómo el uso de la fuerza aumentó progresivamente en paralelo con la aplicación del Plan Zamora.

El ACNUDH identificó una correlación entre el número de manifestaciones, el número de muertes y el número de detenciones practicadas durante las manifestaciones, lo que demostró que en los estados donde las protestas eran más numerosas hubo un mayor número de detenciones y de muertes de manifestantes.

De las 124 muertes investigadas, ACNUDH concluyó que 46 eran manifestantes que presuntamente perdieron la vida por la acción de miembros de las fuerzas de seguridad y que 27 eran manifestantes que perdieron la vida presuntamente por la acción de miembros de colectivos armados, 51 muertes no se disponía de información suficiente para poder determinar la identidad de las personas responsables. Si bien esas muertes ocurrieron en el contexto de las manifestaciones, sus causas estaban relacionadas con hechos, tales como accidentes automovilísticos causados por la presencia de barricadas, saqueos, linchamientos y otros incidentes.

La ACNUDH también determinó mediante el análisis de las formas de muertes y relatos de testigos, el uso armas menos letales de la forma más inapropiada y peligrosa. Provocando así la muertes de 15 personas.

1. Violaciones del derecho a la integridad física durante las protestas:
   El Ministerio Público inició investigaciones sobre al menos 1.958 denuncias por lesiones sufridas en el contexto de las manifestaciones. Según esta institución aproximadamente en el 60 por ciento de casos los presuntos autores eran miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto habría sido resultado de la acción de civiles armados. En 53 casos las víctimas eran niños y niñas.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe en la Sociedad un miedo a la denuncia y la predisposición a la impunidad, por lo cual, no todos los casos de violación a la integridad física son denunciado. Por lo cual, según cálculos de los médicos, entre 10.000 y 12.000 personas podrían haber sido lesionadas en el país en los primeros 100 días de manifestaciones.

1. Respuesta de las autoridades:
   La ACNUDH constató que muy pocas veces las autoridades gubernamentales han condenado los incidentes de uso de fuerza excesiva. Aunque el Ministerio Público procese y solicite la detención, la GNB no colabora para recabar información para identificar a los perpetradores. Más aún, una vez se logra una determinación sobre el sujeto GNB que ocasionó la muerte de una persona, está simplemente no es entregada.
2. Allanamientos ilegales y violentos y destrucción de propiedad privada:
   La ACNUDH determinó que las manifestaciones se han visto acompañadas de allanamientos ilegales y violentos en conjuntos residenciales por parte de las fuerzas de seguridad, con el supuesto objetivo de detener a los manifestantes. Las operaciones de seguridad en zonas residenciales se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y la destrucción deliberada de bienes, lesionando gravemente el derecho a la vivienda y a la vida privada. Los cuales han sido realizados prescindiendo de los procedimientos legales establecidos constitucionalmente, sin orden judicial y destrozando las entradas de los Edificios con Tanquetas y dañando la propiedad.

Así también, la ACNUDH señaló que los allanamientos pueden haber afectado especialmente a las mujeres, ya que muchas de ellas se encontraban en sus casas durante los allanamientos y han reportando haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual de parte de las fuerzas del Estado.

3. Tortura y malos tratos de personas detenidas en el contexto de las protestas:
   En casi todos los casos de detención registrados por el ACNUDH, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos los niños, a una o más formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura. Entre los malos tratos se identificaron fuertes palizas, descargas eléctricas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte. Así también, fue un constante las incomunicaciones de las personas privadas de libertad. Estando sometidas en solitario por días enteros, sin ver a sus familiares o a ninguna otra persona.
4. Detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso:
   El ACNUDH considera que las detenciones realizadas en protestas antigubernamentales en uso de la fuerza, son arbitrarias debido a las repetidas y graves violaciones al debido proceso y porque se efectuaron en respuesta al ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión pacífica.

El ACNUDH ha constatado que el Estado incumplió regularmente con su obligación de presentar a los detenidos ante el juez dentro del plazo de 48 horas establecido en la legislación nacional. En todos los casos documentados por el ACNUDH, los detenidos no tuvieron acceso a un abogado desde el inicio de su privación de libertad y solo pudieron comunicarse con un letrado minutos antes de su primera presentación ante el juez. Todo ello, lleva a considerar una violación al Debido Proceso y a las Garantías Judiciales de parte de Venezuela.

5. Aplicación de la justicia militar a civiles:
   El ACNUDH documentó varios casos de civiles que fueron presentados ante tribunales militares. En todos esos casos, el ACNUDH detectó violaciones de las garantías de un juicio justo, en particular la falta de acceso o el acceso restringido a los abogados, a los que, en algunos casos, se les impidió que asistiera a las audiencias judiciales. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles se tradujo en graves violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.

Es de recordar que la jurisdicción militar está supeditada a una jerarquía militar, por lo cual, será injusta e ilegal en todo momento que sea en contra de un Civil que no es enjuiciable por el Código de Jurisdicción Militar. Además de que violenta el principio de un juez natural, consagrado en la Constitución Venezolana.

6. Violación del derecho a la reunión pacífica:
   Desde abril de 2017, las autoridades venezolanas han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente mediante la represión de las protestas, la criminalización de las personas que ejercen ese derecho y la imposición de restricciones indebidas a su cumplimiento.
7. Violación del derecho a la libertad de expresión:
   El ACNUDH observó que los ataques contra los medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación se intensificaron a partir de las protestas que comenzaron en abril de 2017. Esta violación a la libertad de expresión se caracteriza por los siguientes patrones: Violaciones y abusos de los derechos de periodistas y trabajadores de otros medios durante las manifestaciones, Campañas de desprestigio contra periodistas y Cierre de medios de comunicación.
8. Ataques y restricciones contra miembros de partidos de oposición:
   El ACNUDH observó que del 1 de abril al 31 de julio se había producido un aumento de los ataques y acoso contra dirigentes y otros miembros de los partidos de oposición, en particular mediante la imposición de restricciones o sanciones arbitrarias que violan sus derechos humanos. Como parte de esta estrategia, diversos miembros de la oposición, incluidos representantes políticos electos, fueron objeto de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones.
9. Violencia y abusos de los derechos humanos perpetrados por elementos no estatales:
10. Elementos armados progubernamentales (colectivos armados):
    Según estimaciones del ACNUDH, los colectivos armados han sido responsables de al menos 27 muertes durante las manifestaciones. Son grupos armados que sirven de coordinación y aplicación de los planes gubernamentales en zonas de bajos recursos. Que operan con consentimiento y financiamiento del Estado. Son civiles que irrumpen rutinariamente en las protestas a bordo de motocicletas y portando armas de fuego y pretenden dispersarlas e intimidar a todo aquel que se encuentre en ella.
11. Manifestantes antigubernamentales violentos:
    Como reacción al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, grupos de manifestantes antigubernamentales comenzaron a emplear medios violentos. El nivel de violencia de esos grupos se incrementó a medida que aumentaba el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Los miembros de esos grupos, denominados a veces «La Resistencia», operan normalmente con la cara cubierta con franelas, escudos de cartón u otro material que los proteja de los perdigones y bombas lacrimógenas, cascos y guantes para devolver las bombas.

Conclusión del Alto Comisionado:
Las conclusiones del ACNUDH ponen de manifiesto la existencia de violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país. Las manifestaciones son un medio de expresión del desacuerdo, al que debería responderse con un diálogo constructivo y participativo en busca de soluciones a la crisis social, económica y política del país.

Lo cual, lleva a la conclusión de que existe una política  destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones a costa de los derechos y libertades de los venezolanos. El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados. El riesgo de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos sigue siendo elevado, en tanto que la crisis económica y social se agravan y se intensifica la polarización política, especialmente después de las muy controvertidas elecciones del 30 de julio.

A continuación se presentan algunas recomendaciones del ACNUDH al Estado Venezolano:

• Poner fin a la represión violenta de las manifestaciones pacíficas, cesar el uso de fuerza excesiva y desproporcionada, en particular limitando el despliegue de efectivos de la GNB durante las manifestaciones y evitando la participación de cuerpos de seguridad que no tienen competencia para llevar a cabo labores de control de multitudes, como el SEBIN y el CONAS.
• Poner fin a la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles.
• Fortalecer la independencia del poder judicial.
• Permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos regionales de derechos humanos.
• Conceder al ACNUDH un acceso directo y sin restricciones al país

El ACNUDH exhorta a los partidos de oposición a:

• Condenar todos los actos de violencia, en particular cuando proceden de grupos de manifestantes violentos.
• Recurrir plenamente a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.

El ACNUDH insta al Consejo de Derechos Humanos a:

– Seguir atentamente la situación del país y considerar la posibilidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos, y considerar invitar a la Asamblea General a que haga lo mismo.