El pasado 18 de septiembre, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, dieron a conocer la Agenda Urgente por los Derechos Humanos. Este documento que ofrece un diagnóstico y propuestas de acción específicas en cinco temas en situación de crisis que vulneran los derechos humanos de gran parte de la población venezolana y que requieren la aplicación urgente de medidas correctivas. Estas recomendaciones son el producto del consenso entre 296 organizaciones de sociedad civil de todo el país, con diferentes áreas de especialización, y 549 activistas.

Los temas abordados fueron: Participación Ciudadana y Procesos Electorales; Emergencia Humanitaria: Derecho a la Alimentación y a la Salud; Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia; Cultura de Paz y Diálogo Ciudadano y Libertad de Expresión, Asociación y Manifestaciones Pacíficas.

Beatriz Borges, directora de Cepaz, señaló que el cierre de este proceso de formación, discusión, articulación y consenso, que se materializa en una agenda pública por los derechos humanos, se da en un contexto muy difícil para Venezuela.

“La Agenda Urgente se ha desarrollado en un momento el deterioro vertiginoso que nos llevó a la pérdida de la democracia en Venezuela. Sin instituciones, sin la posibilidad de celebrar elecciones íntegras, con una emergencia humanitaria grave y compleja, con la pérdida de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, la usurpación de funciones de organismos electos por el voto popular como la Asamblea Nacional, con la imposibilidad de manifestar y expresar las opiniones libremente y con graves vulneraciones a los derechos de quienes disientan de las políticas del gobierno. En definitiva, una agenda de derechos humanos que se plantea en un país donde no hay las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos”.

Sin embargo, Borges indicó que, “a pesar de la adversidad, la sociedad civil organizada, y los activistas comprometidos, encontraron un espacio de trabajo y articulación muy importante para la lucha, la cual es determinante ante un régimen opresor, en un entorno donde la paralización y la desmotivación de la ciudadanía se combate con propuestas y acciones con objetivos claros que requieren de la participación de todos”.

La presentación contó con la participación de representantes del cuerpo diplomático y diputados que han apoyado la iniciativa desde sus inicios y que ahora en su momento de presentación destacan su importancia y el compromiso que adquieran para que estas propuestas sean tomadas en cuenta.

Por su parte, Juderkis Aguilar, Coordinadora de Educación de PROVEA, destacó que “la Agenda Urgente es trabajo por los derechos humanos, es articulación de la sociedad civil y es una ruta para la recuperación de nuestros derechos pero, sobre todo, la Agenda Urgente es un espacio de acción para recordar y defender la democracia en Venezuela”.

Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y también promotora de la iniciativa, recordó que la organización continuará su trabajo de formación de activistas en documentación, denuncia y tratamiento de casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y, en ese sentido, informó que “la Agenda Urgente en Derechos Humanos seguirá siendo un espacio abierto para quienes quieran hacer aportes, pensar y actuar por el país e involucrase en transformar la sociedad en que vivimos, hoy en una situación difícil pero que tiene grandes potencialidades para su recuperación”.

Algunas de las propuestas de acción por mesa de trabajo fueron:

• Realizar continuos posicionamientos y comunicados.
• Rechazar permanente la Asamblea Nacional Constituyente.
• Exigir al CNE el compromiso democrático.
• Llevar a cabo acciones legales frente a ANC y violación permanente a la constitución.
• Apoyar otras iniciativas emitidas desde la sociedad civil en materia de participación ciudadana y procesos electorales.
• Llevar a cabo acciones ciudadanas de contraloría electoral.

• Documentar las violaciones del derecho a la alimentación, mediante acciones coordinadas entre organizaciones y con trabajo en todos los estados del país.
• Realizar denuncias públicas y ejercicio o adhesión a acciones judiciales en instancias locales, nacionales e internacionales.
• Participar en peticiones a organismos competentes en las que se demande la publicación regular y detallada del balance alimentario del país, de los boletines del sistema de vigilancia nutricional y de los procesos de fortificación de alimentos.
• Crear redes de solidaridad y colaboración entre grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para casos de ayuda en situaciones de urgencia.
• Desarrollar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil para ejercer acciones conjuntas de incidencia internacional.
• Ampliar las capacidades de organizaciones y grupos de la sociedad civil para involucrarse en la defensa del derecho a la alimentación como derecho humano, fortaleciendo especialmente sus posibilidades de realizar la mayor cantidad de capacitaciones dirigidas a la población, enfocadas en la defensa contra la discriminación y las represalias por el ejercicio de sus derechos.