(Nota de Civilis) Durante los días 10 y 11 de octubre, el Estado venezolano será evaluado por quinta vez por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las medidas que ha implementado para cumplir y progresar con las obligaciones de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El PIDCP forma parte de 9 tratados fundamentales de Derechos Humanos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y en vigor desde 1976. Fue ratificado por 173 Estados, incluyendo Venezuela, que los adoptó en 1966 y ratificó en 1978.
El Pacto protege los derechos civiles y políticos, instando a los países que lo han ratificado a garantizar, preservar y fomentar el progreso de estos derechos, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, los derechos a las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación, pensamiento y religión, el derecho a la justicia y a la participación política en el marco de un Estado de derecho y una democracia plena, entre otros.
Además, el PIDCP cuenta con dos protocolos facultativos: El primero de 1976, permite al Comité recibir comunicaciones individuales de personas de las jurisdicciones de los Estados parte, con el fin de denunciar violaciones a sus derechos civiles y políticos. El segundo de 1989, compromete a los Estados firmantes a la abolición de la pena de muerte.
El Comité de Derechos Humanos
El Comité de Derechos Humanos (CCPR en inglés) es el órgano creado por el PIDCP (artículos 28 al 53), cuyo objetivo principal es supervisar la aplicación del Pacto por los Estado que lo han ratificado. Dentro de sus funciones se encuentra: evaluar periódicamente a los Estados parte; recibir denuncias individuales de personas dentro de las jurisdicciones de los Estados parte; desarrollar observaciones generales y recibir denuncias entre Estados.
El CCPR está conformado por 18 expertos independientes en derechos humanos de diversas nacionalidades. Tienen un período de funciones de 4 años, con posibilidad de reelección. El ciclo de evaluación de los Estados es llevado a cabo ahora cada 8 años, de acuerdo con cambios adoptados por el CCPR en 2019 y abarca las fases de revisión de los Estados, a través de un procedimiento abreviado de Lista de Cuestiones elaborada por el Comité o la presentación de informes de los Estados, y el seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas durante las revisiones y la evaluación del estatus de cumplimiento por parte de los Estados.
El 4to examen de 2015
La última evaluación del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos fue en abril de 2015, cuando se realizó el 4to examen de Venezuela, luego de 14 años de retraso por parte del Estado venezolano en enviar información. Previo al diálogo, el Comité envío una serie de preguntas sobre temas específicos que debían ser respondidos durante la sesión. En total fueron 30 preguntas y sus principales temas fueron:
- Medidas aplicadas para fortalecer la independencia de la Defensoría del Pueblo según los Principios de París.
- Leyes y otras normas que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
- Estadísticas sobre la participación de la mujer en el mercado laboral.
- Violencia contra la mujer.
- Aplicación de la ley contra la tortura.
- Uso excesivo de la fuerza.
- Homicidios y secuestros.
- Trata de personas.
- Violaciones al debido proceso y la independencia del sistema de justicia.
- Uso excesivo de la detención preventiva.
- Hacinamiento y violencia en las cárceles.
- Jurisdicción militar.
- Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la ley contra el odio.
- Protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
- Reunión pacífica.
- Leyes que limitan la labor de las organizaciones sociales.
- Trabajo y matrimonio infantil.
- Consentimiento previo y violencia contra las comunidades indígenas.
Durante este 4to examen, 11 organizaciones venezolanas de derechos humanos y 3 organizaciones internacionales enviaron informes al Comité para denunciar los abusos y violaciones de los derechos civiles y políticos en ese momento. El Comité en sus conclusiones expresó su preocupación por algunos temas:
- Leyes que discriminan a las mujeres.
- Discriminación y violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
- Violencia contra la mujer.
- Criminalización del aborto voluntario.
- Muertes violentas y ejecuciones extrajudiciales.
- Hacinamiento y acceso a servicios de salud en cárceles.
- Uso excesivo de la prisión preventiva.
- Violación de derechos humanos en contexto de manifestaciones.
- Provisionalidad de los jueces.
- Aplicación de la justicia militares en civiles.
- Ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y activistas políticos.
- Estado de la libertad de expresión.
- Leyes que atentan contra la libertad de reunión pacífica y asociación.
- Falta de consentimiento previo a comunidades indígenas.
De la revisión, el Comité emitió 20 recomendaciones que se centraron en: la protección y respeto de la labor de los periodistas y defensores; la libertad de expresión; reunión pacífica; independencia de la Defensoría del Pueblo; participación política; participación de la mujer en asuntos públicos; integridad de las personas LGBTI+; derecho al aborto y a servicios sexuales y reproductivos; violencia de género; respeto y protección de las comunidades indígenas; desarme y muertes violentas; prisión preventiva y violencia en los centros penitenciarios; uso excesivo de la fuerza; tortura; independencia de los jueces y fiscales; juicio de civiles en tribunales militares.
El 5to examen en 2023
El quinto examen inició en 2021, luego de que el Estado venezolano enviara su informe, con un retraso de 4 años, debiéndose haber enviado informe periódico en el año 2018. Esto se traduce en 8 años durante los cuales Venezuela no ha sido evaluada en materia de derechos civiles y políticos.
En 2022 el Comité publicó la Lista de Cuestiones enviadas al Estado, la cual está conformada por 26 preguntas relacionadas con los siguientes temas:
- Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto.
- Lucha contra la corrupción.
- Estado de excepción.
- Discriminación de personas LGBTIQ+.
- Participación de la mujer en asuntos públicos.
- Violencia de género.
- Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
- Condiciones de detención.
- Prisión preventiva.
- Esclavitud y trata.
- Acceso a documentos de identidad y de viaje.
- Trato digno para las personas venezolanas retornadas.
- Independencia del sistema de justicia.
- Libertad de expresión.
- Protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
- Reunión pacífica.
- Restricciones a la libertad de asociación.
- Documentación de los niños y niñas.
- Participación política
- Seguridad de los pueblos indígenas.
Unos 12 temas de esta Lista coinciden con los expuestos en el pasado examen de 2015, demostrando la agudización de violaciones de los derechos civiles y políticos durante los últimos 8 años. En esta oportunidad, las organizaciones de la sociedad civil venezolana enviaron alrededor de 30 informes alternativos, con el fin de suministrar información de primera mano y actualizada a los miembros del Comité sobre los patrones de abusos, violaciones y retrocesos en materia de derechos civiles y políticos en Venezuela.
