Al revisar la historia de la humanidad con un enfoque de género, se comprueba que a largo de los años las mujeres han luchado por ejercer su derecho al voto en su búsqueda de una mayor participación política-civil.
Esta decisión empezó formalmente con la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791 en el marco de la Revolución Francesa, en demanda del reconocimiento de la ciudadanía, justicia y equidad política de las mujeres. Sin embargo, será en el siglo XIX cuando la figura de la mujer juegue un papel clave en las recién instauradas democracias producto a su reconocimiento al derecho al sufragio en elecciones libres, directas y universales.
Con ello se consumaba un sueño, se atendía una demanda de género y se emprendía una nueva cruzada contra la discriminación, marginación e inequidad. El papel familiar, social y político de la mujer cambio drásticamente durante las últimas décadas, pasó de ser un individuo abocado a la vida familiar y a la procreación, a incorporarse activamente al mundo de la productividad, la competencia e insertarse en la vida política del país. Su presente ya no es su pasado, pero su futuro dista mucho de su condición actual.
En este sentido, es necesario señalar que el logro del sufragio femenino va más allá del derecho a emitir el voto durante cada proceso electoral. Este significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el empoderamiento de las mujeres como dignas representantes de una democracia y el entendimiento de que sin la participación activa de las mujeres en todos los niveles de gobierno no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
Es por esta razón que los actuales esfuerzos concertados en todos los países del mundo se centran en el desarrollo de mecanismos integradores y fomentadores de los procesos democráticos. Reconociendo que la democracia representativa es el medio fundamental para que los intereses de la mujer estén bien personalizados y reciban una respuesta normativa socialmente legítima y sostenible.
Por lo tanto, la participación de las mujeres es clave para las democracias ya que estas necesitan a las mujeres para preservar su autenticidad y las mujeres necesitan la democracia para cambiar los sistemas y las leyes que les impiden, y le impiden a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad. A lo que el sistema internacional ha entendido y buscado establecer como mandante universal, a través de lo consagrado en el Artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), reiterando la importancia de la representación de las mujeres en la vida política de sus países:
“(…) Los Estados Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
- Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
- Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.”
Por otra parte, se reconoce que la lucha por el reconocimiento y tutela de los derechos de las mujeres no ha sido lineal ni ha seguido una agenda perfectamente definida. No obstante, el papel de las mujeres en los procesos democráticos se acentúa más en la resolución aprobada por la Asamblea General en 2011, sobre la participación política de las mujeres (A/RES/66/130), en que se reafirma “que la participación activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia”.
En función de este mandato, distintos espacios internacionales han establecido prácticas fundamentales para asegurar la efectiva participación política de la mujer, entre ellas:
- Asegurar que las elecciones, tanto locales como nacionales, sean imparciales y de libre acceso para las mujeres
En este aspecto se busca asegurar los procesos de empadronamiento para posibilitar que las mujeres ejerzan su derecho democrático al voto, en colaboración con órganos de gestión electoral y con partidos políticos bajo la adopción de medidas para responder a los factores que impiden la participación de las mujeres en política como la violencia contra la mujer, prejuicios de género en los reportajes en medios de difusión, prácticas no transparentes de los partidos políticos, falta de financiación de campañas políticas, entre otras.
- Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres a fin de promover los intereses de la mujer
Es importante que las mujeres coordinen acciones, creen coaliciones, colaboren y aseguren la emisión de mensajes en común en tiempos de cambio. Fomenten la capacidad e impartan cursos de capacitación y desarrollo de aptitudes prácticas, a fin de promover aptitudes de gestión y comunicación, así como las capacidades de organización interna de los grupos y movimientos de mujeres.
- Fomentar en las instituciones públicas la rendición de cuentas en cuanto a la vigencia de los derechos de la mujer
Asegurar que los procesos de revisión constitucional consideren las repercusiones de las estructuras de instituciones políticas, judiciales y otras instituciones públicas sobre la participación de las mujeres, así como sobre el ejercicio de sus derechos sociales, políticos y económicos. Velar por que las revisiones constitucionales aseguren la armonización con las normas internacionales de derechos humanos.
- Apoyar a las mujeres líderes políticos a fin de ampliar su influencia
Apoyar el desarrollo de aptitudes y capacidades, tanto en las candidatas como en las líderes electas. Este apoyo abarca la capacitación con fines de adquisición de aptitudes, debate y modalidades del lenguaje parlamentario, promoción, así como las aptitudes con respecto a la incorporación de las cuestiones de género, los compromisos internacionales en pro de la igualdad entre los géneros y las estrategias que pueden ser útiles.
Si bien en la actualidad las mujeres del mundo entero son líderes dinámicas y firmes defensoras del cambio, a pesar de que el espacio y la apertura otorgada para su liderazgo y participación política aún son limitados, la representación democrática es la fórmula para que los intereses de las mujeres puedan oírse, en sus propias voces.
En este sentido, se evidencia como el mayor desafío que presenta la inserción de la mujer en los procesos democráticos recae principalmente en la exigencia de instituciones débiles y la pobre gobernanza, lo que dificulta la participación de las mujeres en un ambiente sesgado por un conjunto de medidas legales, económicas y políticas que correspondan al claro compromiso ético de generar respuesta a las exigencias y necesidades demandadas.
Por lo tanto, es imperativo impulsar acciones que promuevan la participación protagónica de las mujeres a nivel social y político, para eso las mujeres deben ser capaces de expresar sus necesidades y defender sus intereses en el ámbito privado y ampliarse al público, donde la figura del Estado democrático sea incentivar proyectos de desarrollo que contribuyan y estimulen la autonomía de las mujeres, promoviendo el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas y sujetas políticas de cambio.
Bibliografía
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), 2013, La democracia social en Venezuela: Desafíos y propuestas. Véase en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/10323.pdf
Organización de Estados Americanos, 2013, Ciudadanía de Mujeres en Democracia. Véase en: https://www.oas.org/es/cim/docs/CiudadaniaMujeresDemocracia-Web.pdf
ONU Mujeres, 2011, Las Mujeres y la Democracia. Véase en: http://www.un.org/es/globalissues/democracy/women.shtml
