Distinguidos delegados y representantes,

Nos dirigimos a ustedes con urgencia y determinación, en nombre de la Coalición por un Laboratorio Interamericano de Innovación Política y Social en un momento crítico para Venezuela, donde exigimos a la comunidad internacional un compromiso firme con la reinstitucionalización democrática.

Es crucial que se lleve a cabo una acción multilateral coordinada que garantice los derechos humanos, promueva la justicia y construya la paz, desde un enfoque de transparencia e innovación que aporte soluciones multisectoriales al país. Nos preocupan los discursos o afirmaciones que empiezan a tener eco en la región, que apuntan a la normalización y apaciguamiento de la compleja crisis que persiste en Venezuela.

Es por ello que, solicitamos a las delegaciones de los Estados que al establecer mecanismos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas demanden el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y la implementación de las recomendaciones establecidas en los informes de organismos internacionales de protección, que se han producido en el seno del sistema Interamericano y el en sistema de Naciones Unidas.

Una estrategia que tenga los DDHH en el centro y esté anclada en el seguimiento de las recomendaciones como exigencias vinculante para el gobierno venezolano, evita manipulaciones de las narrativas y discursos polarizantes y ofrece una vía para que su efectiva implementación saque al país de las múltiples crisis que mantienen a la población en un estado de privación y sufrimiento.

En este sentido, cualquier apoyo a procesos de diálogo y negociación debe partir de una caracterización adecuada del conflicto a partir de estándares internacionales de derechos humanos, y que incluya las demandas de democracia, justicia y verdad de la población. Solo así podremos alcanzar una solución pacífica y democrática a la crisis que atraviesa el país.

Necesitamos un liderazgo regional comprometido con la reinstitucionalización democrática en Venezuela, un liderazgo para el que la justicia debe ser una prioridad, que exija que se lleven a cabo investigaciones independientes y juicios genuinos contra todas las personas responsables de las atrocidades cometidas y evite la impunidad.

Un liderazgo que promueva la recuperación del derecho a la participación política, sin discriminación ni persecución, y unas elecciones libres y auténticas en el marco de los procesos electorales a celebrarse en 2024 y 2025. En este contexto de cierre del espacio cívico y recrudecimiento de la violencia política, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil es decisivo en la exigencia de nuestro derecho a vivir en democracia.

El compromiso con la reinstitucionalización no debe dejar de lado la necesidad de asistencia humanitaria que persiste para la mayoría de los venezolanos, tanto quienes se encuentran en Venezuela, como quienes seguirán huyendo a causa de la crisis multidimensional que vive el país. En este llamado, solicitamos a los Estados recordar la importancia de la necesidad de protección internacional de la mayoría de la población venezolana, y desarrollar políticas migratorias basadas en los derechos humanos.

Ratificamos nuestro compromiso indeclinable con el restablecimiento de una democracia estable en nuestro país. Un camino que requiere esfuerzos concertados, para que las libertades, la justicia y la paz sean posibles en Venezuela.