Organizaciones de la sociedad civil venezolana documentaron el fallecimiento de al menos 11 personas en el contexto de las protestas en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La cifra fue informada por Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, en una rueda de prensa realizada el 30 de julio.
Cinco de estas víctimas fallecieron en Caracas, dos en el estado Zulia, dos en Yaracuy, una en Aragua y otra en Táchira. «Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones y solicitamos una investigación al respecto», indicó Romero. Dos de las personas fallecidas eran menores de edad (15 y 16 años). Alertó Romero que estas cifras solamente se refieren a los hechos del 29 de julio.
Para las 3:00 PM del martes 29 de julio se habían verificado además 177 detenciones, la mayoría de ellas en el Distrito Capital (38); seguido del estado Barinas (27) y Zulia (19). Sin embargo, aclararon las organizaciones que se han producido detenciones en todo el territorio nacional. Contabilizar la cantidad de heridos ha sido muy complejo, debido a que han ocurrido protestas en todo el país. «Estamos enfrentando una crisis de derechos humanos» y frente a ella, muchas organizaciones están brindando asistencia a quienes lo requieran, recalcó Romero.
210 protestas espontáneas
Por su parte Lexys Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz, señaló que solo el día 29 de julio se pudieron geolocalizar 210 protestas espontáneas en todo el país. En respuesta, se ha producido «una actuación represiva por parte del Estado venezolano».
Añadió Rondón que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y «colectivos armados vinculados al Estado, están generando esa ola represiva». Solicitó respetar el derecho a manifestar de manera pacífica. Recordó que toda persona que participó en el proceso electoral tiene el derecho de pedir transparencia en los resultados. Hizo un llamado a la calma y a la sindéresis a todos los cuerpos de seguridad y a las instituciones del Estado. Aseveró que su responsabilidad es proteger a todas las personas que están en la calle expresando su descontento. Reiteró que las organizaciones de derechos humanos defienden a todas las personas, sin parcialidad política alguna. Concluyó con un llamado a respetar el debido proceso, el acceso a la justicia y la dignidad de las personas y a conocer el paradero y condiciones de reclusión de las más de 700 personas que, según el Ministerio Público, han sido detenidas.
Jornada oscurecida por la represión
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, aseveró que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre el proceso electoral en Venezuela. El pueblo venezolano se expresó pacífica y democráticamente el domingo 28 de julio, pero la jornada «fue oscurecida por la represión». Hizo un llamado a los organismos internacionales de protección a pronunciarse y a solicitar a las autoridades electorales venezolanas que sean verificadas las actas de votación. «La paz del país y de la región así lo requieren». Solicitó al secretario general de Naciones Unidas hacer público el informe del Panel de Expertos que estuvo presente en Venezuela durante el proceso electoral.
Respetar el derecho a la protesta
Durante la rueda de prensa, Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, expresó solidaridad con las víctimas. Recordó que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y en pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela. «Una vez más este derecho está siendo enfrentado con represión, persecución y muerte».
Según Tineo, la población venezolana reaccionó ante el anunció del CNE y salió espontáneamente a exigir transparencia ante la opacidad del árbitro electoral. «No se puede ser indolente ante el reclamo del pueblo». También hizo un llamado a la población a ejercer su derecho a la manifestación de manera pacífica. Concluyó señalando que la paz se podrá recuperar cuando se tenga transparencia en los resultados del proceso electoral.
Para finalizar, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, destacó que el uso de las armas para el control de las manifestaciones pacíficas está prohibido expresamente por la Constitución. Así como también involucrar a civiles armados en la represión de estas expresiones públicas de la ciudadanía. «Estas normas deben ser respetadas». Aseguró que cumplir una orden superior no es excusa cuando se cometen acciones de este tipo, que pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
Dirigió unas palabras a las personas manifestantes, recordando que los daños contra propiedades públicas o privadas, o la violencia, no son consideradas expresiones de manifestación pacíficas. «No se combaten los abusos con violencia», concluyó.
