En un comunicado suscrito por más de 130 organizaciones miembros y aliados de la Coalición Anticorrupción y 57 activistas, de 15 estados del país, se solicitó a las delegaciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la Plataforma Unitaria de Venezuela, la inmediata ejecución de las acciones necesarias para la activación urgente del “Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela”, pendiente desde la firma del “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo de Venezuela”, en Ciudad de México el 26 de noviembre de 2022.

El comunicado señala que “tras más de siete meses de firmado todavía el Acuerdo no se ha implementado y el Fondo no se ha creado”. Este Fondo tiene como finalidad atender las necesidades más urgentes de la población venezolana en situación de vulnerabilidad según las áreas que fueron definidas en el Segundo Acuerdo: “reforzar el sistema público de salud, estabilizar el sistema eléctrico, ampliar el Programa Mundial de Alimentos, mejorar la infraestructura educativa pública y atender situaciones de desastre provocadas por lluvias”.

Según el Acuerdo, el Fondo estaría conformado por 3.000 millones de dólares que se transferirían en los próximos años. Aunque el monto pactado no es suficiente para atender todas las necesidades, “sí supondría un alivio para la precariedad de las condiciones de vida de sectores vulnerables de la población”, señala el comunicado.

Los pasos sugeridos para disponer de esos recursos son los siguientes:

• El BCV otorgará de manera excepcional un préstamo a la República para constituir el Fondo, dedicado a la atención de las necesidades humanitarias de los venezolanos.
• La Asamblea Nacional aprobará un crédito adicional de gasto público para la creación del Fondo, con base en el préstamo excepcional otorgado por el BCV.
• La junta administradora ad-hoc del BCV deberá contar con la acreditación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)¹, para representar al BCV frente al Banco de la Reserva Federal².
• La OFAC otorgará la correspondiente autorización.
• Las partes del Acuerdo firman el contrato con la ONU, previa autorización de la Asamblea Nacional, para crear el Fondo con activos del BCV en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y definir los términos de la gestión, transparencia y rendición de cuentas que corresponden por ser recursos públicos venezolanos.
• La junta administradora ordenará la transferencia desde las cuentas en el Banco de la Reserva Federal a la cuenta operativa para el funcionamiento del Fondo.
• Creación de la Comisión de Seguimiento y Verificación integrada por representantes de las partes prevista en el Acuerdo.

Las organizaciones y activistas firmantes de comunicado “insistimos en que el Fondo Social se rija desde su creación por las buenas prácticas internacionales de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que requiere la ejecución de fondos públicos, bajo la responsabilidad de cualquier órgano público o privado, nacional o internacional”.

“Asimismo, se requiere la creación de un sistema de recepción y procesamiento de denuncias, así como de respuesta a peticiones de información que cumpla con los estándares establecidos por la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos de la Licencia General nº 31B y de la sección 25, apartado B, numeral 3, de la Ley de la Reserva Federal”.

En el comunicado se hace “un llamado para que se avance con celeridad en estos pasos que no conllevan mayor complejidad si existe la voluntad política de ambas partes. Es perentorio que se logren acuerdos políticos que generen respuestas institucionales, no solo para que se cree efectivamente el Fondo de Protección Social, sino para que realmente se utilice para mitigar la situación de los sectores más vulnerables, siempre en el marco de los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia operativa, transparencia y rendición de cuentas”.

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