En una carta entregada en la sede de Naciones Unidas el día lunes 11 de diciembre, en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana (OSC), solicitó al secretario general de la ONU «una diplomacia más efectiva, centrada en derechos, que reoriente la visión del trabajo de la Organización de Naciones Unidas hacia Venezuela».
A juicio de las organizaciones firmantes, «los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en nuestro país. La celebración de una elección presidencial en 2024, y procesos electorales que renovarán todos los cargos de elección popular en 2025, enmarcados en un acuerdo entre facciones políticas, generan la posibilidad de avanzar en la reinstitucionalización democrática y crear las condiciones necesarias para reconstruir la confianza, restaurar el estado de derecho, y así emprender la búsqueda de justicia y paz duraderas».
Recordó la comunicación que «la sociedad civil venezolana tiene una larga trayectoria de colaboración con las agencias de Naciones Unidas. Actualmente, interactuamos con la arquitectura humanitaria, la Oficina del Alto Comisionado y su equipo en el terreno, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, distintos Comités de Tratado y Procedimientos Especiales, y con el asesor de Paz y Democracia, para hacer efectiva la defensa y protección de los derechos de las y los venezolanas en el marco del Sistema Universal».
La carta ofrece consideraciones y propuestas que permitan generar una estrategia coordinada y efectiva de la ONU hacia Venezuela y también en el terreno. Reitera que «la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada sobre todo a velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas. Sus esfuerzos por asistir y proteger deben abocarse primero a la población, y debe alentar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».
Las organizaciones reiteran que el Estado venezolano suma más de tres mil recomendaciones, en su mayoría aún sin implementar, provenientes tanto de mecanismos de protección, como de comités de tratado, el examen periódico universal, entre otras instancias. «Las organizaciones independientes hemos demostrado y denunciado de forma reiterada la falta de voluntad del Estado por cumplir e implementar estas recomendaciones. A pesar de ello, en los foros intergubernamentales pareciera que se instala la opinión de que existe una mejora de la situación humanitaria, de derechos e institucional. Esta falsa narrativa invisibiliza el sufrimiento de los millones de venezolanas y venezolanos». Además de dificultar, según explica la misiva «el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hemos actuado como muro de contención en favor de una población con cada vez menos recursos y bajo riesgo de persecución».
En el escrito también se manifiesta la preocupación por actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar esta imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela. Como por ejemplo, «los nombramientos de representantes del Estado venezolano a una vicepresidencia en la Reunión de Estados Parte a la Convención contra la Tortura de 2023 y la relatoría de la Tercera Comisión de la Asamblea General».
«La política de ‘ambigüedad constructiva’ que se ha aplicado en el trabajo de ONU en Venezuela, basada en la necesidad preponderante de mantener relaciones amistosas con distintos entes gubernamentales, ha comprometido la credibilidad de la información publicada, la independencia con la que la Organización puede pronunciarse ante ciertas situaciones, e incluso el cumplimiento del mandato de algunos mecanismos», alertaron las organizaciones firmantes.
«La participación del Estado venezolano en instancias multilaterales, y la presencia de agencias de Naciones Unidas en el terreno, debería aumentar el escrutinio en materia de estándares internacionales de derechos humanos y cumplimiento de buena fe de las obligaciones, incluidas las recomendaciones, como medida de la verdadera cooperación del Estado y transformación de la situación de afectación de los derechos humanos».
Para las OSC venezolanas, una diplomacia efectiva, centrada en derechos, que pueda re-orientar el trabajo de la ONU en el país debe:
- Procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada.
- Priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno, y atender a la población migrante y refugiada venezolana.
- Monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el contexto electoral y pronunciarse oportunamente.
- Velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.
- Incorporar la importancia de la búsqueda de justicia en los pronunciamientos sobre la crisis venezolana.
«Las organizaciones de la sociedad civil venezolana seguiremos trabajando con los distintos mecanismos de las Naciones Unidas para contribuir a la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía. Aspiramos a que se consideren las propuestas que hemos ofrecido, como necesidades esenciales para un liderazgo diplomático que sea capaz de apoyar a las y los venezolanos en la construcción de soluciones duraderas y sostenibles, garantizando el respeto de los derechos humanos, justicia para las víctimas y la construcción de paz», concluye la carta.
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