Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este comunicado unen su voz en defensa de los derechos políticos de los venezolanos que creen en el voto como herramienta ciudadana y como instrumento para la solución de los conflictos que nos aquejan como nación.

Desde 2016, la voz y las acciones de la sociedad civil organizada han documentado, denunciado y difundido ante instancias nacionales e internacionales, las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos en lo que consideramos la conformación de acciones sistemáticas del Estado venezolano dirigidas al debilitamiento del voto como expresión ciudadana en democracia, cuya más reciente acción estuvo signada en todas las fases ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral, en las denominadas “Elecciones 2018”.

Tanto la administración electoral como la de justicia en Venezuela, en franco desconocimiento de los derechos constitucionales, han servido a los intereses del Poder Ejecutivo. Así, el CNE no respondió a ocho solicitudes enviadas desde la sociedad civil durante el pasado proceso del 20 de mayo, actuación similar a la practicada el caso de la gobernación del estado Bolívar en 2017.

En lo atinente a los órganos jurisdiccionales, la falta de respuesta oportuna quedó demostrada por la medida “provisional” de suspensión de efectos contra los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados de Amazonas y Alto Apure.

La misma suerte corre actualmente el recurso de impugnación interpuesto el pasado 12 de junio por el Observatorio Electoral Venezolano, Provea y Acceso a la Justicia, el cual no ha tenido respuesta por parte del TSJ, evidenciando el patrón de las instituciones que dejan de lado las solicitudes ciudadanas.

Es un hecho notorio y comunicacional que la Junta Nacional Electoral ha sometido a consideración del Consejo Nacional Electoral el cronograma de ejecución de las elecciones de concejos municipales con fecha probable de realización en la primera quincena del mes de diciembre.

Ante este escenario exhortamos a la administración de justicia a cumplir con lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, proveyendo sobre la admisión o no del recurso señalado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, demandamos del liderazgo político opositor unidad en criterios y acciones que allanen el camino para que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como un instrumento valioso para lograr el cambio político en Venezuela.

Desde la sociedad civil se ratifica nuestra mayor disposición y compromiso para retomar la ruta electoral, con la confianza necesaria en que las decisiones producto de los eventos electorales sean el reflejo de la voluntad de los venezolanos.

En aras de reiterar lo que han sido nuestros llamados para la celebración de elecciones democráticas, desde la sociedad civil proponemos los siguientes puntos para la acción:

1) Autoridades electorales con actuación imparcial, ajustada a lo que dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco legal vigente.

2) Realización de operativos especiales de inscripción y actualización de electores en el Registro Electoral en todas las parroquias del país, así como en las representaciones internacionales de Venezuela.

3) Levantamiento de las inhabilitaciones políticas a líderes de la oposición.

4) Reconocimiento y legalización de los partidos políticos legitimados en 2017. Así como el otorgamiento de las denominaciones provisionales a las organizaciones políticas que lo soliciten.

5) Preservación de las garantías y auditorías electorales del voto automatizado que se ofrecieron hasta el proceso electoral de 2015.

6) Erradicación del uso de fondos públicos en las campañas electorales y más precisamente, las herramientas de soborno y coacción al elector en las que se han convertido las políticas de subsidio directo del Gobierno Nacional.

7) Fomento de la participación ciudadana en el Servicio Electoral a través de campañas informativas y capacitación con suficiente tiempo y alcance para el desempeño de este deber constitucional.

En Caracas, a los 13 días del mes de julio de 2018