El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) y demás organizaciones firmantes del presente comunicado manifiestan su profunda preocupación sobre la ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el estado Carabobo, cuya consecuencia es el aumento progresivo y sostenido del índice de mortalidad vinculada a homicidios afectando principalmente a los jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 30 años de edad. Con ocasión del trabajo de documentación que al respecto ha venido realizando Cadef, desde el 1ero de agosto hasta el 1ero de noviembre del año en curso, se han registrado un total de 123 muertes violentas en 92 días representando un promedio de 1 a 2 jóvenes asesinados por día en el estado Carabobo, de las 123 víctimas registradas, se observa el que el mayor índice de jóvenes víctimas de la violencia se encuentra entre un rango desde los 22 hasta los 24 años de edad. Adicionalmente del 100% de víctimas registradas, el 98,32 (121 víctimas) eran de sexo masculino y el 1,62% (2 víctimas) de sexo femenino, sin contar las muertes violentas que se encuentran fuera de este rango de observación.
Frente a esta grave situación el Estado ha mostrado disposición política pero no real, eficaz y eficiente, esto se puede demostrar en la presente línea cronológica:En fecha 17 de enero de 2017 el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en cadena presidencial 1 seis líneas de acción que conforman el plan Carabobo 2021 en materia de seguridad ciudadana, con la creación de estrategias de prevención con planes deportivos, culturales, etc. El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Instalación de cuadrantes de paz, Sistema de inteligencia de protección popular, Operación liberación del pueblo, (OLP) posteriormente con el carácter de “Humanizadas” y creación de casas de justicia. Como resultado se ha convertido en un plan de seguridad fracasado al igual que los más de 27 planes de seguridad ciudadana implementados en los últimos 17 años, sin lograr disminuir la cifra de muertes violentas en el país.
El 24 de marzo de 2017, en el marco de la misión a toda vida Venezuela, como política pública en materia de seguridad ciudadana impulsada por el Estado venezolano, fue anunciado el reforzamiento de planes de seguridad en Carabobo únicamente durante un fin de semana, dicho anuncio realizado por el general de brigada Santiago Sandoval Bastardo basó en la activación de “Un total de 650 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Policía de Carabobo y policías municipales, en los municipios Valencia, Libertador y Los Guayos, del estado Carabobo, para reforzar el resguardo ciudadano en estos sectores durante el fin de semana. ”2 Dos meses después, en mayo de 2017 el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol anunció que “(…) a petición del presidente de la Republica Nicolás Maduro se evaluara la aplicación del Plan Zamora en la entidad carabobeña (…)” 3 en ocasión de los hechos ocurridos en la 41 brigada blindada del estado Carabobo, manteniendo vigilancia en cuatro municipios de la entidad carabobeña, (Los Guayos, Valencia, Naguanagua y Carlos Arvelo).
Derivado de la aplicación de este plan de seguridad, ocurrieron múltiples violaciones de derechos humanos con las detenciones arbitrarias de líderes políticos y gremiales de la disidencia venezolana que fueron presentados ante jurisdicción militar, para imputarle los delitos de instigación a la rebelión, ultraje y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Se deja entre ver con esta acción que más que garantizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes el derecho a la seguridad ciudadana se trató de un plan cuyos objetivos estuvieron vinculados a aspectos político-partidistas cuya finalidad ha sido mantener el uso de la institucionalidad para la persecución política y en contra de la mayoría de los jóvenes que ejercen el legítimo derecho a la protesta.
Ahora bien, pese a la identificación de 45 bandas delictuales y la solicitud de órdenes de aprehensión hechas por el MPPRIJP 4 a la fecha se desconocen avances y resultados. El auge criminal sigue en constante crecimiento en los 14 municipios de Carabobo. Es preciso destacar que la seguridad ciudadana es un Derecho Humano y por tal motivo es una obligación a cargo del Estado garantizarlo, siendo este responsable de respetar y satisfacer los Derechos Humanos a través de sus diferentes instituciones con el objetivo de brindar un nivel de vida adecuada a los ciudadanos.
Por su parte, Estado ha demostrado la falta de articulación de estrategias, planes y políticas públicas que garanticen el bienestar social, así como la integridad física de los ciudadanos y no ha logrado en el pasar de los años adecuar sus políticas para garantizar la seguridad ciudadana lo que deriva como como consecuencia la afectación de forma interdependiente a los derechos en ella inmersos (vida, libertad, integridad, igualdad ante la ley, justicia) Desde el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y demás organizaciones que suscriben, como defensores y venezolanos que padecen al igual que cualquier otro el profundo problema de inseguridad que apremia en nuestra nación, demandamos a las autoridades gubernamentales a abocarse en la resolución de este problema.
Los jóvenes estamos agotados de la cultura de muerte en la cual se han sumido nuestras vidas en los últimos años en Venezuela, por lo que, si bien exigimos la solución de este grave problema, no por esta razón la sociedad venezolana se debe convertir en una sociedad de verdugos. Para alcanzar la paz que necesitamos no basta con operativos con grandes cifras fatales, ya que estas han probado en el pasado que si estos enormes y costosos operativos de seguridad no vienen acompañados de un plan el cual este destinado a recuperar los valores ciudadanos que se perdieron en nuestras comunidades, permaneceremos en el problema.
Alcanzar la paz en la sociedad no es una utopía, exigimos al gobierno venezolano conciencia, y avocamiento a cumplir sus funciones de garantizar las condiciones para una vida digna de todos los jóvenes venezolanos.
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1 http://vtv.gob.ve/conozca-las-seis-lineas-de-accion-del-plan-carabobo-2021-en-materia-de-seguridad-ciudadana/
2 http://www.avn.info.ve/contenido/650-uniformados-reforzar%C3%A1n-seguridad-valencia-libertador-y-guayos-este-fin-semana
3 http://minci.gob.ve/2017/05/organismos-seguridad-evaluan-aplicar-plan-zamora-estado-carabobo/
4 http://www.el-nacional.com/noticias/protestas/reverol-identificamos-bandas-criminales-carabobo_180766
Suscriben:
Acceso a la Justicia
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
Caricuao Propone
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos
Centro de Apoyo a la Integración Social, Económica y Política
Centro para la Paz y los DDHH – UCV
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Comisión DDHH Anzoátegui
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados del Estado Táchira
COMITE PAZ Y VIDA POR LOS DERECHOS HUMANOS
FEDEVE
FunDanna
Monitor Social A.C.
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Stop VIH
Talleres Infantiles Proyectados a la Comunidad
Un Mundo Sin Mordaza
Adriana Flores Márquez
Luz Deisy Ascencio
Mauricio Gutiérrez
Carlos David Carrasco
María Gabriela Mata Carnevali
Tibisay Betancourt
Mariangel Navas Centeno
Humberto Torres
Roxana Roselli
Juan Carlos Mogollón González
Fatima DaSilva
Gabriela Buada Blondell
Dip AN Sandra Flores
Jesús Elorza
José Arce
Daniella Rodríguez
Alexis Zavala
Johan Rondón
Rubén Quintero
