El pasado 18 de septiembre, El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, dieron a conocer la Agenda Urgente por los Derechos Humanos. Un documento que ofrece un diagnóstico y propuestas de acción específicas en cinco temas en situación de crisis que, ahora mismo, vulneran los derechos humanos de gran parte de la población venezolana y que requieren la aplicación urgente de medidas correctivas. Estas recomendaciones son el producto del consenso entre 296 organizaciones de sociedad civil de todo el país, con diferentes áreas de especialización, y 549 activistas.
Los temas abordados son: Participación Ciudadana y Procesos Electorales; Emergencia Humanitaria: Derecho a la Alimentación y a la Salud; Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia; Cultura de Paz y Diálogo Ciudadano y Libertad de Expresión, Asociación y Manifestaciones Pacíficas.
Beatriz Borges, directora de Cepaz, señaló que el cierre de este proceso de formación, discusión, articulación y consenso, que se materializa en una agenda pública por los derechos humanos, se da en un contexto muy difícil para Venezuela.
“La Agenda Urgente se ha desarrollado en un momento el deterioro vertiginoso que nos llevó a la pérdida de la democracia en Venezuela. Sin instituciones, sin la posibilidad de celebrar elecciones íntegras, con una emergencia humanitaria grave y compleja, con la pérdida de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, la usurpación de funciones de organismos electos por el voto popular como la Asamblea Nacional, con la imposibilidad de manifestar y expresar las opiniones libremente y con graves vulneraciones a los derechos de quienes disientan de las políticas del gobierno. En definitiva, una agenda de derechos humanos que se plantea en un país donde no hay las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos”.
Sin embargo, Borges indicó que “a pesar de la adversidad, la sociedad civil organizada, y los activistas comprometidos, encontraron un espacio de trabajo y articulación muy importante para la lucha, la cual es determinante ante un régimen opresor, en un entorno donde la paralización y la desmotivación de la ciudadanía se combate con propuestas y acciones con objetivos claros que requieren de la participación de todos”.
La presentación contó con la participación de representantes del cuerpo diplomático y diputados que han apoyado la iniciativa desde sus inicios y que ahora en su momento de presentación destacaron su importancia y el compromiso que adquieran para que estas propuestas sean tomadas en cuenta.
Por su parte, Juderkis Aguilar, Coordinadora de Educación de Provea, destacó que “la Agenda Urgente es trabajo por los derechos humanos, es articulación de la sociedad civil y es una ruta para la recuperación de nuestros derechos pero, sobre todo, la Agenda Urgente es un espacio de acción para recordar y defender la democracia en Venezuela”.
Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y también promotora de la iniciativa, recordó que la organización continuará su trabajo de formación de activistas en documentación, denuncia y tratamiento de casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y, en ese sentido, informó que “la Agenda Urgente en Derechos Humanos seguirá siendo un espacio abierto para quienes quieran hacer aportes, pensar y actuar por el país e involucrase en transformar la sociedad en que vivimos, hoy en una situación difícil pero que tiene grandes potencialidades para su recuperación”.
Algunas de las propuestas de acción por mesa de trabajo son:
Participación Ciudadana y Procesos Electorales
- Realizar continuos posicionamientos y comunicados.
- Rechazar permanente la Asamblea Nacional Constituyente.
- Exigir al CNE el compromiso democrático.
- Llevar a cabo acciones legales frente a ANC y violación permanente a la constitución.
- Apoyar otras iniciativas emitidas desde la sociedad civil en materia de participación ciudadana y procesos electorales.
- Llevar a cabo acciones ciudadanas de contraloría electoral.
Emergencia Humanitaria: Derecho a la Alimentación y a la Salud
- Documentar las violaciones del derecho a la alimentación, mediante acciones coordinadas entre organizaciones y con trabajo en todos los estados del país.
- Realizar denuncias públicas y ejercicio o adhesión a acciones judiciales en instancias locales, nacionales e internacionales.
- Participar en peticiones a organismos competentes en las que se demande la publicación regular y detallada del balance alimentario del país, de los boletines del sistema de vigilancia nutricional y de los procesos de fortificación de alimentos.
- Crear redes de solidaridad y colaboración entre grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para casos de ayuda en situaciones de urgencia.
- Desarrollar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil para ejercer acciones conjuntas de incidencia internacional.
- Ampliar las capacidades de organizaciones y grupos de la sociedad civil para involucrarse en la defensa del derecho a la alimentación como derecho humano, fortaleciendo especialmente sus posibilidades de realizar la mayor cantidad de capacitaciones dirigidas a la población, enfocadas en la defensa contra la discriminación y las represalias por el ejercicio de sus derechos.
Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia
- Llevar a cabo una reforma legislativa que modifique y sustituya las normas atributivas de Potestades Discrecionales y los Conceptos Jurídicos Indeterminados, por normas que contemplen potestades regladas.
- Establecer una normativa legal que garantice la transparencia administrativa.
- Profesionalizar la Administración Pública y el Poder Judicial, mediante la sustitución del personal no capacitado para el ejercicio de los cargos. Dando cumplimiento estricto a las normas jurídicas relativas a las carreras administrativas y judicial.
- Realizar campañas educativas masivas para concientizar a la población sobre la importancia del cumplimiento de las normas y la separación de poderes.
- Hacer efectiva la Responsabilidad Personal de los funcionarios públicos por los excesos, arbitrariedades y/o ilegalidades cometidas en el desempeño de sus funciones.
- Reparar a las víctimas de violaciones de DDHH.
Cultura de Paz y Diálogo Ciudadano
- Abordar la problemática de la violencia, realizando un diagnóstico sobre las diversas modalidades de violencia.
- Promover la cultura de paz a través de la generación de confianza, colaboración, comprensión y apoyo mutuos.
- Recuperar el predominio de la sociedad civil sobre lo militar.
- Restablecer la independencia de los poderes, que permita el ejercicio de contrapesos y cooperación, cuando sea requerido, entre instancias públicas nacionales, estadales y municipales.
- Frente a la Censura y Autocensura de los medios de comunicación: diseñar páginas web, blogs, micros, videos, campañas y webinars. Interposición de recursos administrativos ante: CONATEL, cuerpos colegiados.
- Ante los atropellos y violaciones de los DDHH: documentar y denunciar ante la Fiscalía. Agotar las vías internas y posteriormente recurrir a los mecanismos de protección internacionales.
Libertad de Expresión Asociación y Manifestaciones Pacíficas
- Formación y asesoría legal: esta acción persigue capacitar a miembros de organizaciones sociales, así como comunidades y grupos de la sociedad civil, en temas de libertad de expresión.
- Incidencia internacional: incluye mantener intercambio de información constante con organismos internacionales de derechos humanos que incluyen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de la Organización de Estados Americanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, la Relatoría de Libertad de Pensamiento y de Expresión de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- Documentar los casos de violaciones a la libertad de expresión.
- Realizar campañas de visibilización sobre protección de periodistas.
- Llevar a cabo acciones judiciales para revertir la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos.
- Llevar a cabo acciones judiciales contra las restricciones jurisprudenciales y legales al derecho a la manifestación pública.
