Nosotros, representantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención arbitraria del parlamentario Juan Carlos Requesens Martínez.
El presidente de la República, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno han acusado públicamente al diputado Requesens de estar vinculado con el supuesto atentado contra el Jefe del Estado, el 4 de agosto de 2018 durante la celebración de los 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas.
El pasado miércoles 8 de agosto, el diputado fue detenido en la residencia de sus padres, en Terrazas del Club Hípico, por una comisión de 14 funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a retenerlo sin una orden judicial y de forma violenta.
Este procedimiento está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución.
Un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia, en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión. Desde el momento de su detención, el diputado Requesens ha permanecido incomunicado; ni sus familiares ni abogados de su confianza lo han podido asistir, con lo cual se configura una grave violación del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la carta magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
Con el débil argumento de que Requesens habría cometido «delitos de naturaleza permanente», el Tribunal Supremo de Justicia prescindió del antejuicio de mérito que equipara los delitos de ese tipo a la comisión de una delito en flagrancia como si se tratara de un tipo penal, para justificar la detención previa a una investigación de la Fiscalía y sin orden judicial.
En un procedimiento sumario, también violación del debido proceso, el TSJ convalidó la detención arbitraria de Requesens y remitió el caso a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria, a efectos de que fuese juzgado en tribunales ordinarios a pesar de tratarse presuntamente de un delito de naturaleza política, por lo que debería llevarse el proceso ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras el diputado Requesens permanecía incomunicado, el gobierno nacional, a través del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó un video que muestra al parlamentario admitiendo que facilito un contacto a uno de los supuestos involucrados, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República.
El ordenamiento jurídico penal es claro y no tácito al afirmar en el numeral 5 del articulo 49 de la Constitución, que ninguna persona natural podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.
La arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario mediante el cual se allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido, fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión de Requesens. Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicios de delito de tortura, los cuales respondiendo a líneas de conducta en patrones similares por motivos políticos durante los últimos años, pueden ser juzgados como un crimen internacional de lesa humanidad, cuyas responsabilidades recaen individualmente a cada una de las personas que hayan participado.
La persecución penal contra el parlamentario se produce en el contexto de una sistemática criminalización de cualquier manifestación de oposición al régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro. El Ministerio Público y el Poder Judicial, absolutamente controlados por el Poder Ejecutivo, han participado activamente en el forjamiento del Derecho para llevar a prisión a dirigentes de la oposición y, en general, a cualquier ciudadano que exprese ideas u opiniones contrarias al gobierno.
Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su deber de contener los abusos de poder; por el contrario, ha cohonestado los atropellos cometidos por cuerpos de seguridad, fiscales, jueces e integrantes de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
Los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos que suscribimos este comunicado publico exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens y que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario.
También exigimos el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía.
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