Más de quince organizaciones de sociedad civil de todo el país acudieron a la convocatoria realizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), en el marco de la iniciativa denominada “Agenda Urgente en Derechos Humanos”.

El objetivo del evento fue el de la definición de una agenda definitiva de aplicación urgente en materia de libertad de expresión, asociación y manifestaciones pacíficas a ser entregada a las instituciones correspondientes en los próximos días.

El evento contó con la participación inicial de Juderkis Aguilar y Carlos Guerra, representantes de PROVEA y Cepaz, respectivamente, quienes destacaron la importancia de promover espacios donde se vinculen a las organizaciones de Derechos Humanos del interior del país para el diseño de iniciativas de aplicación nacional.

Joyffer Briceño, abogado del equipo de exigibilidad de Provea, realizó una relatoría en donde presentó documentos de consulta en materia de libertad de expresión y manifestaciones pacíficas. Entre el conjunto de puntos destacaron las siguientes problemáticas:

• Criminalización de la protesta como la libre expresión (vídeos y opinión).
• Criminalización de la protesta por parte de los Agentes del Estado.
• Represión desproporcional de las manifestaciones pacíficas.
• Violación al derecho de la manifestación pacífica.

Oswaldo Cali, abogado de la ONG Espacio Público, se enfocó en las vulnerabilidades y violaciones del derecho de libertad de expresión a las que está expuesto el ciudadano. Mencionó el cierre de emisoras radiales y el bloqueo de páginas web, mediante los cuales el Estado busca cercar cada vez más al ciudadano.

“Los medios públicos deben tener cierta diversidad, mientras que los medios privados pueden tener la línea editorial que deseen. En Venezuela no vemos este fenómeno. El Internet es la única ventana que nos queda en materia de expresión y ya se han empezado a criminalizar los espacios de opinión en la red”.

Por su parte, Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, investigación y Difusión de Provea, advirtió “vivimos en una Dictadura del Siglo XXI, donde las garantías están restringidas y hay un conjunto de amenazas que la gente debe seguir documentando, hacer campañas de visibilización y organizarse para ejercer su derecho”.

Dentro de las acciones de aplicación urgente que se adoptaron por consenso a través de la realización de mesas de trabajo destacan:

• Visibilización y documentación de las violaciones a los Derechos Humanos.
• Formación de una coalición de organizaciones de sociedad civil para convocar, monitorear y documentar movilizaciones en pro de la defensa de la Constitución y la Democracia, así como la elaboración de informes conjuntos.
• Promoción de campañas por la liberación de las personas detenidas en el ejercicio del derecho a la manifestación.
• Establecimiento de un canal de comunicación fluida y permanente con las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
• Exigencia al Estado venezolano de que permita la visita de los relatores de la ONU al país.
• Acompañamiento a las víctimas a través de asesoría legal y formación permanente.