(Caracas, 14 de mayo 2018) Las organizaciones de sociedad civil y derechos humanos abajo firmantes nos dirigimos al país, para expresar nuestra preocupación, y alertar dentro y fuera de nuestras fronteras, que las elecciones a realizarse  en Venezuela el día 20 de mayo de 2018 no serán libres ni creíbles. El proceso que se llevará a cabo adolece de las condiciones necesarias que den garantías a este derecho fundamental. El Poder Electoral en Venezuela ha actuado, deliberadamente, de forma no independiente e imparcial, socavando así la credibilidad de los procesos electorales, permitiendo que otros entes (la Asamblea Nacional Constituyente) haya decidido la fecha de su realización. Esto ha originado que la ciudadanía cuestione su participación en contiendas electorales y se originen dudas razonables sobre los eventuales resultados.

1. Obstáculos para el derecho a la libre asociación política

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a partidos políticos que no participaron en la elección de alcaldes de diciembre de 2017, aprobando un decreto que los obligó a someterse a un proceso de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados. Esto no está contemplado en la legislación electoral vigente, ilegalizando así los partidos: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Además, no se ha permitido la legalización de organizaciones políticas del llamado “chavismo disidente”, como Marea Socialista (MS).

2. La fecha de las elecciones como acto de ventajismo

El CNE ha escogido discrecionalmente el momento de hacer los anuncios, la fecha de los próximos comicios y publicación de los cronogramas correspondientes para beneficiar al partido gobernante y dificultar la participación de otros actores políticos. Los comicios se desarrollan en tiempos y fechas arbitrarias, pues tradicionalmente las elecciones presidenciales en Venezuela se han realizado en diciembre. A su vez, el CNE ha eliminado actividades relacionadas al catastro, simulacro electoral, uso de la tinta indeleble, limitó la observación nacional y eliminó la internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas, la organización del Registro Electoral, la campaña electoral y el ensamblaje de material.

3. Violación de disposiciones legales y del “Acuerdo de Garantías Electorales”

El jueves 01.03 integrantes del partido PSUV y algunos partidos de oposición Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei firmaron un llamado “Acuerdo de Garantías Electorales”. El CNE reprogramó las presidenciales para el próximo 20 de mayo y convocó para la misma fecha los comicios de Consejos Legislativos Estadales y Concejos Municipales. Así,  modificó el cronograma electoral que ya había sido presentado, acordando nuevas condiciones y lapsos sin prestar atención a las disposiciones legales correspondientes. Afectó el lapso de postulaciones reduciéndolos para inscripción de candidatos no postulados por partidos;  electores no contaron con tiempo suficiente para enterarse cuándo y dónde validar en apoyo a la candidatura de un dirigente postulado por iniciativa propia o por un grupo de electores; dio un plazo de apenas seis días para consignar y validar firmas del 5% del Registro Electoral como requisito para inscribirse a postulados por iniciativa propia o grupo de electores,  una cifra diez veces mayor a la exigida en procesos de renovación de nóminas de partidos políticos.

4. Lapso insuficiente para inscribirse en el Registro Electoral.

Se estipularon apenas 20 días para los operativos de actualización e inscripción de nuevos electores en el Registro. Este lapso resultó insuficiente para que se inscribieran los casi dos millones de jóvenes con edad para sufragar no inscritos, o para que actualizaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores residenciados en el exterior del país, emigrados recientemente.

5. Campaña Electoral, Ventajismo De Estado

Antes de que fueran convocadas las elecciones, el gobierno ya estaba en campaña electoral. El 26 de enero Maduro promocionó el logo y tema oficial “Juntos podemos más”, además de ocupar importantes espacios en radio y televisión en las semanas siguientes. Por su parte, el  PSUV con la denominada “maquinaria roja”, ha realizado de manera sistemática acciones de coacción e intimidación del voto a través del chequeo de votantes en listas 1×10 y anuncios del uso del Carnet de la Patria –obligatorio para el acceso a las políticas asistenciales estatales- en las cercanías de centros de votación, para verificar quienes han votado. La coerción en el ejercicio del voto, a cambio de prebendas, ha sido reconocida por el propio Nicolás Maduro, quien el 30 de abril declaró: “Todo el que tenga carnet de la patria tiene que votar, eso es dando y dando. Estoy pensando en darle un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día, con el carnet de la patria”. Y añadió: “Por la democracia, por la libertad, dando y dando: recibo mi derecho social al trabajo, al estudio, a la pensión, pero yo le doy a la patria mi voto”.

6.- Desequilibrio informativo

El desequilibrio informativo, la desinformación, la censura y la autocensura se agudizan en contextos electorales. En el último año las restricciones fueron mucho mayores con consecuencias a largo plazo. En 2017 fueron cerrados más de 50 medios de comunicación a nivel nacional, la mayoría en el interior del país, donde las posibilidades de los ciudadanos para estar informados se redujeron dramáticamente o desaparecieron en al menos un tipo de medio tradicional, a saber: radio, impreso o televisión. Seis periódicos dejaron de circular indefinidamente entre ellos diarios, que tras convertirse en semanarios, terminaron por desaparecer en físico para pasar definitivamente a la web.

Los medios públicos se caracterizan por un contenido parcializado de constante propaganda a favor del partido de gobierno. De la misma forma, el abuso de las transmisiones conjuntas, mejor conocidas como cadenas, son usadas para promocionar al partido gobernante, en las que cualquier acto público, independientemente de su relevancia, termina por convertirse en propaganda partidista.

La reducción del ecosistema de medios implica menos espacios, no solo para estar informados del acontecer cotidiano, sino para la potencial promoción de candidatos, candidatas y propuestas. Se restringe severamente la discusión pública, amplia, abierta y con tiempos razonables de cara a un proceso electoral, para que las personas puedan opinar, contrastar, comparar, discutir, cuestionar y decidir. Nos existe la pluralidad informativa necesaria para hacer posible un proceso realmente democrático.

7. Confianza en el sistema automatizado de votación

La confianza en el sistema automatizado de votación sufrió un duro golpe luego de la denuncia hecha por la empresa Smartmatic, en 2017 a propósito de la inconstitucional elección de ANC. Aseguró que el CNE habría agregado “al menos un millón de votos” al total de participación registrado, y por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados oficiales.

Existen suficientes evidencias para señalar que el acto del 20 de Mayo es un evento marcado por violaciones a las leyes vigentes. Los derechos políticos de los venezolanos, como electore/as y como elegibles, han sido drásticamente limitados por las reglas del juego impuestas por el árbitro electoral.

Los actores opositores compiten contra la estructura del Estado. El CNE no regula el período de precampaña, estableciendo normas para luego no aplicar ninguna sanción o limitación al gobierno por el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos.

El voto en Venezuela ha perdido legitimidad porque el sistema electoral es hoy percibido como poco transparente y administrado por instituciones que no son imparciales. La consecuencia negativa más grave, de llevarse a cabo este proceso, será la erosión de la capacidad institucional del voto como mecanismo democrático para resolver diferencias y reflejar la opinión mayoritaria sobre cuáles deberían ser los rumbos del país.

En tal sentido, las organizaciones firmantes del presente comunicado exigimos la suspensión del proceso electoral convocado para el 20 de mayo de 2018, reprogramándolas para finales de año, publicando de un Cronograma Electoral completo y definitivo con al menos 6 meses de anticipación.

Las condiciones electorales que la sociedad reclama son las contempladas en la constitución y la legislación electoral vigente.

Organizaciones que adhieren el presente comunicado:

1) Acceso a la Justicia
2) Aquí Cabemos Todos
3) Asociación Civil Mujeres en Línea
4) Aula Abierta
5) Camino Democrático
6) Centro de Animación Juvenil de Valera
7) Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana
8) Centro de Justicia y Paz ( CEPAZ )
9) Centro de Formación para La Democracia (CFD Venezuela)
10) Centro para la Paz y los DDHH UCV
11) Civilis Derechos Humanos
12) Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
13) Coalición Clima 21
14) Convite AC
15) Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida
16) Comisión de Derechos Humanos de la Federación de colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
17) Comité de Derechos Humanos de La Guajira
18) Defiende Venezuela
19) Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
20) Espacio Público
21) EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
22) Federación Interamericana de Abogados Capitulo Venezuela Seccional Anzoátegui
23) Frente para la Defensa de la constitución y de la democracia del estado monagas (DeCoDe Monagas)
24) Fundación Espacio Abierto
25) Humano Derecho Radio Estación
26) Laboratorio de Paz
27) Movimiento Ciudadano Dale Letra
28) Movimiento Juventud con Esperanza
29) Movimiento de Transformación Social
30) Movimiento Vinotinto
31) Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
32) Observatorio de DDHH de la Universidad de Los Andes
33) O.N.G. Quinto Mandamiento de Derechos Humanos
34) Organización StopVIH
35) Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
36) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
37) Red Andina de DDHH
38) Redes Ayuda
39) RedOrgBaruta
40) Revista SIC del Centro Gumilla
41) Sociedad Hominis Iura (SOHI)
42) Una Ventana a la Libertad
43) Un Mundo Sin Mordaza