Este jueves 17 de marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización oral, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En su actualización destacó:
La necesidad de fortalecimiento del sistema judicial venezolano
La Alta Comisionada resaltó las nuevas oportunidades que brindan las recientes reformas del sistema de justicia y la restructuración de la policía nacional para la implementación de las recomendaciones en materia de derechos humanos.
Sobre el particular, destacó que las reformas policiales y judiciales constituyen una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial en Venezuela, por lo que aseveró que deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que estas se repitan.
A pesar de estos avances, la Alta Comisionada no dejó de hacer notar los desafíos al debido proceso que continúan observando, incluyendo el derecho a la libertad y al juicio sin demoras indebidas y el acceso a una defensa de propia elección.
Por último, reiteró que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad, deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas.[1]
Se mantiene el ejercicio de patrones de persecución y criminalización
Desde septiembre de 2021 la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas. La Alta Comisionada mostró su profunda preocupación por el enjuiciamiento del equipo de trabajo de la organización Fundaredes, especialmente de su director, Javier Tarazona, quien continúa detenido bajo delicadas condiciones de salud.
En este mismo orden, la Alta Comisionada afirmó que desde septiembre de 2021 su oficina logró documentar 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado en redes sociales y/o discursos públicos.
Al respecto, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentamos durante el año 2021 al menos 812 casos de persecución y criminalización ejercidos por agentes del gobierno de Nicolás Maduro contra activistas políticos y sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, trabajadores de la prensa, y la población en general. Asimismo, durante los primeros dos meses del año 2022 hemos registrado 71 actos de persecución y criminalización en Venezuela.[2]
La Alta Comisionada terminó de abordar este tema rescatando el derecho que tiene la población venezolana a contar con fuentes de información independientes, e instó a las autoridades a construir un entorno seguro e incluso para la población venezolana.
Falta de equilibrio de género en el proceso electoral del 21N
La Alta Comisionada destacó en su actualización la falta de equilibro de género en las pasadas elecciones regionales y municipales celebradas el 21 de noviembre de 2021. Observó que, aunque muchas mujeres participaron como candidatas pocas fueron elegidas para los puestos más altos. Así pues, la Alta Comisionada resaltó la importancia de garantizar la amplia participación pública de las mujeres sin excesivos impedimentos administrativos. Finalmente, concluyó haciendo un llamado a las autoridades para que garanticen la participación de las mujeres y fortalezcan la independencia de las instituciones electorales.
Al respecto, en una minuciosa revisión, que realizamos junto con la Red Electoral Ciudadana (REC), de las candidaturas y la adjudicación de los cargos en las pasadas elecciones regionales y municipales, hemos puesto en evidencia que las mujeres continúan siendo relegadas a ocupar cargos menores. Si bien del total de postulaciones el 46% fueron mujeres, para el cargo a las gobernaciones solo el 12% de las postulaciones fueron de mujeres, y en el caso de las alcaldías solo 18% de las candidaturas estuvo representada por mujeres. En la adjudicación de los cargos esta brecha aumentó, pues para las gobernaciones solo un 9% de mujeres fueron electas, y en el caso de las alcaldías las mujeres lograron una elección de sólo el 19%.[3]
El pasado proceso electoral, tal y como lo ha reafirmado la Alta Comisionada, deja en evidencia que las mujeres aún enfrentan múltiples barreras para acceder a los espacios políticos en Venezuela y que no están debidamente representadas o se encuentran ocupando mayoritariamente funciones menos influyentes que los hombres.
¿Qué dijeron los Estados en el diálogo interactivo?
En el inicio del diálogo interactivo, al cual se le dará continuidad el día de mañana 18 de marzo, una importante cantidad de delegaciones de Estados mostraron su conformidad y apoyo a la actualización oral presentada por la Alta Comisionada, Michelle Bachellet, entre ellos, y para mencionar algunas de las intervenciones, la Unión Europea mostró su preocupación por la erosión del estado de derecho en Venezuela y la impunidad persistente ante las violaciones a los derechos humanos.
Entre tanto, el representante de Ecuador condenó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela que ha causado una profunda crisis migratoria. Del mismo modo, la delegación de Francia resaltó su preocupación por la violencia sistemática que impera contra los líderes opositores, los periodistas y los y las defensoras de derechos humanos.
Asimismo, España aprovechó su intervención para solicitar a las autoridades detener el hostigamiento contra defensores, activistas políticos y periodistas. En esta misma línea, Argentina tomó la palabra para resaltar la necesidad de realizar investigaciones transparentes sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, llevar a los perpetradores a la justicia y reparar a las víctimas.
Reflexión final
Por último, esta nueva actualización de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deja en evidencia que las distintas iniciativas del gobierno de Nicolás Maduro, como las reformas legales en materia judicial o los acuerdos, memorándum y compromisos internacionales suscritos, no han sido suficientes para poner fin a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que persisten en Venezuela, por lo que es necesario continuar uniendo esfuerzos en la documentación y exigencia de derechos de la población, y por supuesto continuar abonando en el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento que los organismos internacionales mantienen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
[1] Para saber más sobre estas reformas consultar en: Nuevas reformas legislativas en Venezuela: ¿Son una garantía de justicia para las víctimas de violación a derechos humanos? Disponible en: https://cepaz.org/staging/articulos/nuevas-reformas-legislativas-en-venezuela-son-una-garantia-de-justicia-para-las-victimas-de-violacion-a-derechos-humanos/
[2] Ver el monitoreo mensual de Persecución y criminalización en Venezuela en: https://cepaz.org/staging/tema/persecucion-politica/
[3] Cepaz. Participación del liderazgo femenino en las elecciones regionales y municipales 2021. Disponible en: https://cepaz.org/wp-content/uploads/2021/12/Participacion-del-liderazgo-femenino-en-las-elecciones-regionales-y-municipales-2021_compressed.pdf
