En la presentación de la actualización oral sobre la  situación de derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, reiteró los llamados hechos en anteriores oportunidades para que “los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”.

Aseguró Al-Nashif que le “preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”. Agregó que “los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse”.

Previamente, Al Nashif había lamentado la decisión del Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en el país en espera de revisión, e instruir la salida de los funcionarios de dicha oficina en un plazo de 72 horas, medidas «incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada” con el Gobierno.

Detenciones y desapariciones

La Alta Comisionada Adjunta mostró su preocupación por “los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”. Añadió que las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

También hizo un llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, porque, además de restringir aún más el espacio cívico, “podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”.

Señaló que la OACNUDH acogió con satisfacción la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad a raíz de estos acuerdos. Sin embargo, recordó que la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia venezolano.

En total, en 2023, la OACNUDH registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. “Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, añadió.

Desde enero de 2023, la OACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. “Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero”.

Desafíos estructurales

Finalmente, Nashif observó que “a pesar de los signos de crecimiento de los últimos dos años, el acceso a la salud, la alimentación y la educación sigue enfrentando desafíos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y a las comunidades indígenas y campesinas”.

Con información de Noticias ONU