Un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de agravamiento de la persecución política a la disidencia en Venezuela.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), junto a Acceso a la Justicia y Defiende Venezuela, participaron en la sesión Persecución Política en Venezuela, realizada durante el 173 periodo de sesiones de la CIDH en su sede, en Washington, D.C.

A la información presentada ante la CIDH también hicieron aportes el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Civilis Derechos Humanos y las organizaciones articuladas en la iniciativa de Diálogo Social.

Desde el año 2013 la CIDH ha sido informada de la política de persecución contra la disidencia en Venezuela. La situación ha sido documentada en los informes presentados tanto por la Comisión Interamericana, como por la Oficina del Alto Comisionado.

Al menos doce patrones de persecución política del Estado han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil desde 2015. Cepaz, específicamente, ha elaborado tres informes identificando estos patrones y documentando casos: Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución en contra de la disidencia política venezolana (2014); Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos) (2015) y Nuevos patrones y agudización de la persecución política (2017).

La prolongación de esta política en el tiempo ha traído graves consecuencias a los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas, incluyendo el derecho a participar en elecciones libres y democráticas, indicó Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, quien intervino en la audiencia junto a Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, y Génesis Dávila, directora de Defiende Venezuela.

Además, se ha creado un Estado paralelo para usar el poder de forma abusiva y arbitraria con el establecimiento de figuras como los “protectorados”, por ejemplo, que imponen su autoridad sobre los gobernadores electos; o la convocatoria a una “Asamblea Nacional Constituyente”, elegida de manera fraudulenta para desconocer al Poder Legislativo; así como un Poder Judicial que ha ordenado la violación de la inmunidad parlamentaria a la mayoría de los diputados opositores, recalcó Borges. Adicionalmente el Poder Ejecutivo está sustraído de una elección legítima que se someta a la soberanía popular.

El fin de esta política de persecución es impedir la alternabilidad democrática en el poder político, utilizando la fuerza coercitiva del Estado y prácticas de control social, lo cual es posible debido a la inexistencia de instituciones independientes y a la impunidad reinante, situación que Cepaz también ha denunciado en los informes Estocada a la Democracia en Venezuela (2017), que explicó las causas de la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela, y Deslave institucional (2018), que muestra el rol que juega la Asamblea Nacional Constituyente en el abuso de poder.

Las organizaciones participantes en la audiencia alertaron que en los últimos meses esta política de persecución se ha agravado contra la Asamblea Nacional. “Esto no es casual, la AN es el último vestigio de la institucionalidad democrática”, dijo Borges. Hoy día, la totalidad de los diputados de la oposición ha sido víctima de algún tipo de violación de sus derechos y más de la mitad no puede ejercer sus funciones plenamente.

“Además, la persecución ha ido escalando convirtiéndose en ataques cada vez más organizados y violentos contra diversos sectores de la sociedad venezolana, con mayor afincamiento en las comunidades populares para sofocar las protestas”, aseveró Borges.

Los informes mencionados anteriormente demuestran que la persecución ha traspasado los patrones de la intimidación, hasta llegar a la aplicación de forma sistemática a través de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como ha ocurrido contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales, gremiales y estudiantiles. También se ha hecho frecuente la práctica de la tortura y la muerte en custodia, como en los casos del concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo.

Las ejecuciones extrajudiciales en barrios populares de varios estados del país, a manos de la FAES y de otros comandos de fuerzas especiales de seguridad recientemente creados, han vuelto los ataques mucho más masivos. “Desde 2016, casi 18.000 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta ‘resistencia a la autoridad’. La Oficina de la Alta Comisionada indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”, agregó la defensora de derechos humanos.

Las situaciones denunciadas en la audiencia Persecución política en Venezuela han ocurrido a plena vista de la CIDH, así como de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que ha manifestado su preocupación por el sufrimiento de millones de venezolanos y venezolanas sometidos a la peor crisis económica, social y humanitaria jamás experimentada por un país en tiempos de paz.

El llamado final hecho por las organizaciones de la sociedad civil a los sistemas de protección, tanto el sistema interamericano como el universal, fue a cumplir su mandato histórico de activar todos los mecanismos creados para responder de manera eficaz a la protección de los derechos humanos de todas las personas venezolanas, más aún cuando el gobierno que los viola ya no tiene legitimidad y tiene bajo su control el Estado y el poder político.

Reiteraron que cualquier solución a la severa crisis que atraviesa Venezuela pasa por la restitución de los derechos políticos en su sentido más amplio. En particular, garantizar el derecho a la participación en elecciones libres y justas, como una vía expedita para restituir la democracia y el Estado de derecho en el país.

Por su parte Laura Louza de Acceso a la Justicia, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). en vez de ser un órgano garante de la Constitución de los derechos humanos es un órgano represor. Las prácticas de persecución del TSJ se han incrementado de manera importante a partir de las elecciones parlamentarias de 2015.

“Hemos contabilizado 105 sentencias contra el Parlamento y contra 67 funcionarios de oposición y disidentes: 18 alcaldes, 1 gobernador, 5 concejales, 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN), 3 funcionarios de la Fiscalía, incluyendo la Fiscal, y 27 diputados de la AN”, agregó Louza.

En 2018 se llegó a anular por sentencia al más importante partido de oposición: la Mesa de la Unidad Democrática. El resultado de esto ha sido la construcción de una oposición a la medida. De 67 partidos que había para diciembre de 2015 cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, quedan hoy en día solamente 18, 12 pro gobierno o del gobierno y 6 de oposición. Esto demuestra que la persecución de la disidencia es parte una política sistemática e intencional del máximo tribunal y por ello en Venezuela no se puede hablar de un sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del poder y además represor.

Por su parte Génesis Dávila, de Defiende Venezuela, señaló que la injerencia del Poder Ejecutivo en las demás ramas del poder se ve reflejada específicamente en los actos de agresión contra la Asamblea Nacional. En las elecciones de 2015 la bancada opositora obtuvo una mayoría calificada con 112 escaños de los 167 disponibles y desde el día de inicio de sesiones la persecución y hostigamiento y agresiones contra los diputados iniciaron.

El Ejecutivo instrumentalizó tanto al Poder Judicial como a los órganos de seguridad del Estado para que comenzaran con las agresiones contra los diputados. Seis días después del inicio de sesiones se produjo una sentencia de la Sala Electoral del TSJ para la remoción de 3 diputados electos del estado Amazonas para bloquear la mayoría calificada que había obtenido la bancada opositora. En adelante, comienza a desarrollarse el patrón de ataques sistemáticos a la oposición no solamente para aniquilar a la Asamblea sino para retomar el poder dentro de ella.

A 26 diputados se les ha allanado ilegalmente la inmunidad parlamentaria, como paso previo para detenerlos arbitrariamente. Los diputados han sido puestos en una situación en la cual tienen que huir del país y refugiarse en sedes diplomáticas en Venezuela, o son privados de la condición para ejercer su participación política, o encarcelados. Actualmente sigue privado de su libertad arbitrariamente el diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens. Fue liberado con medidas cautelares el primer vicepresidente Edgar Zambrano. Los ataques en contra de los diputados de la AN no son aislados ni individualizados. Son ataques generalizados y sistemáticos en contra de toda la bancada de la oposición y los parlamentarios están en situación de riesgo. Se hizo entrega a la CIDH de una solicitud de medida cautelar para este grupo de diputados.

Por su parte, Provea indicó que el chavismo crítico es víctima de las estrategias que el régimen de facto aplica contra sus opositores: campañas de criminalización, desprestigio, reformas jurídicas que limitan sus derechos, acoso, persecución, violaciones a su integridad física y detenciones arbitrarias. En el contexto generalizado de persecución descrito no solamente se ha perseguido, detenido y encarcelado a personas de oposición, sino a quienes política e ideológicamente se identifican como chavistas.

Para concluir Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, solicitó a la CIDH medidas institucionales para cooperar con la Fiscalía de la CPI y lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes cometen, o han cometido, crímenes de lesa humanidad en Venezuela.