Foto cortesía de Crisis en Venezuela

El pasado 7 de noviembre se realizó un X Space en el que los expertos Alí Daniels y Simón Gómez, las víctimas Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete, y el periodista Luis Carlos Díaz, analizaron la primera parte de la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso de Venezuela, en la que se abordó el recurso presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autoriza la reanudación de la investigación.

Antecedentes de la audiencia

Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló que esta audiencia de apelación tuvo su origen en una solicitud enviada por el Estado venezolano al Fiscal de la Corte Penal Internacional, para aplicar lo establecido en el artículo 18.1 del Estatuto de Roma. Este artículo indica que cada vez que se remite un caso a la CPI, el Fiscal «notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate». El Estado venezolano alegó que no hace falta la investigación de la CPI porque la misma fue asumida internamente.

Sin embargo, el Fiscal de la CPI indicó que no es cierto que esta investigación se esté llevando a cabo en el sistema de justicia venezolano. Por ello, y con la finalidad de ralentizar el proceso, el Estado venezolano introdujo varias solicitudes, siendo la última de ellas la apelación que llevó a la realización de esta audiencia los días 7 y 8 de noviembre ante la Sala de Apelaciones, para escuchar a las partes. Esta es una audiencia inédita, en la que las partes pudieron hacer sus alegatos ante los jueces. Además, destacó Daniels, la presencia de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas fue algo muy positivo, porque es la primera vez que las opiniones y observaciones de las víctimas son expresadas públicamente.

Los argumentos anodinos del Estado venezolano

En esta audiencia se tocaron tres puntos principales: primero, si la Fiscalía le informó correctamente o no al Gobierno venezolano de los casos que se debían investigar; segundo, si estaba bien que la Fiscalía no hiciera la traducción de todos los documentos que entregó el Gobierno, el cual a juicio de Daniels es un argumento «completamente anodino y sin ningún sustento»; y por último, si estaba bien que la sala no hubiese considerado documentos que no fueran registros originales provenientes de la policía o registros judiciales.

Aclaró el periodista Luis Carlos Díaz que estas audiencias no forman parte de un proceso de juicio de la CPI contra funcionarios venezolanos. «Aquí no se va a determinar si Venezuela o los funcionarios son culpables o no». Se trata de una apelación hecha por el Estado venezolano en la que tanto la Fiscalía, como la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas y los abogados del Estado venezolano están exponiendo sus argumentos ante los jueces.

Cuando hablamos de la presencia de las víctimas, es importante entender que no es que haya víctimas de estos crímenes «hablando desde un micrófono y contando su historia», sino que la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas está presente, manifestado lo que víctimas, familiares y defensores de derechos humanos han dicho en reiteradas oportunidades: que dentro de Venezuela no han conseguido justicia, recalcó Díaz.

Añadió el comunicador social que dentro de los argumentos que ha empleado la Fiscalía de la CPI están incluso los informes elaborados por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, y toda aquella información que ha recabado la Fiscalía y que permite demostrar que Venezuela no ha querido, ni ha podido, juzgar los crímenes de lesa humanidad dentro del país. Para Díaz pareciera que el Estado, dentro de su estrategia dilatoria, está apelando más a cuestiones de forma que de fondo, al esgrimir razonamientos sobre los tipos de documentos o las traducciones de los mismos, y no sobre si se cometieron o no los crímenes alegados tanto por la Fiscalía como por las víctimas.

Situación inédita

Por su parte, el experto Simón Gómez Guaimara aseveró que esta primera parte de la audiencia ha sido de enorme valor, no solo para la situación de Venezuela, sino también para la justicia internacional en su conjunto. «Es una situación inédita, porque es la primera vez que, en el contexto de la figura de la inhibición que está establecida en el artículo 18 del Estatuto de Roma, se convoca a una audiencia pública y porque pareciera además que la Corte está previniendo de alguna manera que los Estados tiendan a abusar del uso de esta figura, que es un derecho que tienen, para solicitar a la Fiscalía que se inhiba y sean los propios Estados quienes sigan adelante las investigaciones y los enjuiciamientos. Si creo que es un ejercicio muy valioso porque contribuye a la transparencia». Agregó que la audiencia ha permitido que sean expuestos al público los alegatos y las razones de que tienen las partes involucradas.

Añadió Gómez que espera que este tipo de mecanismos se normalicen en situaciones futuras que sean analizadas por la CPI, para que se pueda hacer una relativa fiscalización cuando las intenciones del Estado no sean de tan buena fe, «como ha sido en el caso de Venezuela, que se ha pretendido manipular para dilatar el proceso».

«También contribuye significativamente a reivindicar la imagen de la Corte y ayuda a comprender su papel como una institución independiente e imparcial». Y más al enfrentar a un Estado como el de Venezuela, que tiende a acudir a estas instancias con argumentos poco creíbles y sin fundamento.

Desdén del Estado venezolano

Gómez destacó que será la Sala de Apelaciones, como un órgano independiente e imparcial, quien va a dirimir estos argumentos y a establecer la verdad. Esta etapa preliminar resulta de gran valor para las víctimas y la sociedad en general, «pues se ha exhibido una vez más el claro desdén del Estado venezolano para combatir la impunidad por los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país». Venezuela se ha presentado con unos argumentos excesivamente formales que han pretendido desvirtuar la naturaleza del procedimiento.

Precisó Gómez que «Venezuela estuvo en contacto permanente durante el examen preliminar con la Fiscalía, entonces hoy resulta bastante sorpresivo que el Estado pretenda sostener que Venezuela fue timada y fue tomada digamos como parte de un juego, para de algún modo, montarla en una investigación que Venezuela venía ya adelantando».

La voz de las víctimas

José Pernalete y Elvira Llovera, de la Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic), y padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017, señalaron que durante todos estos años han tenido que enfrentar a un sistema de justicia diseñado para violar derechos humanos. «Nuestros seres queridos fueron asesinados por manifestar, o por el simple hecho de percibirse como opositores al Estado venezolano. Nosotros de víctimas indirectas de estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad nos convertimos en víctimas directas de un Estado que nos está negando justicia, obstaculizando los debidos procesos para proteger a los victimarios, y creando una falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales. Mintiendo descaradamente sobre nuestros casos, revictimizándonos, criminalizándonos, y no reconociendo el ataque al que fueron sometidos nuestros seres queridos y toda la sociedad civil en el año 2017″, indicó Elvira Llovera. Agregó que el Estado venezolano tampoco establece responsabilidad, ni de los autores materiales, ni de los autores intelectuales. «Nos sentimos vulnerados, agotados, que juegan con nosotros».

Luis Carlos Díaz recordó que durante el primer día de audiencia la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, Paolina Massidda, dijo que «la posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos».

Para Luis Pernalete las víctimas se sienten identificadas con esta frase, pues Massidda «expresó el clamor de lo que estamos viviendo actualmente las víctimas en Venezuela. No hay intención ni disposición de darnos justicia, y eso se ve reflejado en la avalancha de más de 8.900 solicitudes enviadas a la Corte Penal Internacional que respaldan al fiscal Karim Khan para que continuaran las investigaciones».

Desde Alfavic «hemos sido testigos y víctimas de patrones de actuación por parte del sistema de justicia venezolano durante todos estos años, que le son útiles para mantener la impunidad y negarnos justicia genuina». Elvira Llovera de Pernalete agregó que han enfrentado la ausencia de independencia de los poderes públicos, retardos procesales, cambios numerosos y constantes de fiscales con el propósito de jugar a cansarlos y comenzar de nuevo el proceso, investigaciones insuficientes por parte del Ministerio Público, pruebas deficientes e inadecuadas, lo que ocasiona que a los victimarios los absuelvan. «Nos tratan de criminalizar a nosotros y a nuestros hijos, culpándolos de sus muertes y haciéndonos creer que debemos retirarnos porque nuestros hijos son criminales, terroristas, delincuentes, así nos lo hacen saber (…) hemos sido testigos de todo un aparataje (…) diseñado para mantener la impunidad y acallar a la disidencia, para callar a aquel que se atreva a protestar».

El show del Estado venezolano

Daniels destacó que cualquier abogado sabe que cuando en un juicio la contraparte empieza con descalificaciones es precisamente porque no tiene más argumentos. El abogado de Venezuela señaló que la Fiscalía era un caos y dijo que la conducta de  esta instancia era poco profesional. El codirector de Acceso a la Justicia contrastó esta actuación con la posición fría, técnica, fundamentalmente jurídica y sin ningún tipo de descalificación de parte de los representantes de la Fiscalía. «El toque humano lo dio justamente Paolina Massidda cuando habló en nombre, no solamente de las víctimas, sino de quienes son muchas veces olvidados: los familiares y los amigos de las víctimas». Mientas que para Gómez el excesivo formalismo del Estado en la audiencia refleja la intención de armar un show y de hacer uso del tiempo disponible.

«Las personas venezolanas apuestan a que tengamos justicia en el país», por lo que para Gómez no tiene sentido que durante dos horas de la primera parte de esta audiencia se haya hablado de un asunto de traducción de documentos, «cuando realmente el verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigar, buscar y sancionar a los responsables, debe llevar los elementos de prueba y debe presentarle a la Corte la constancia de las actas procesales».

Justicia en vida

Elvira Llovera de Pernalete concluyó recalcando que el Estado venezolano espera seguir dilatando el proceso y jugando con las victimas, «pero nosotras las víctimas confiamos en la justicia internacional y le pedimos a la Corte Penal Internacional que el proceso sea expedito, porque queremos ver justicia en vida».