---

Durante el primer semestre del año 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos registrado al menos 434 actos de persecución y criminalización ejercidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes son considerados enemigos o disidentes.

En Venezuela ocurren más de dos casos de persecución o criminalización por día. Es decir que cada 10 horas una persona u organización de la sociedad civil es perseguida o criminalizada.

Política de Estado

Esta persecución y criminalización forma parte de una política de Estado encaminada al cierre progresivo del espacio cívico. La aplicación de patrones es sistemática contra quienes ejercen sus derechos civiles, políticos y sociales.

Las personas que denuncian, exigen derechos y garantías, aquellos que informan, reportan, o se expresan a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, y aquellos que en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país se han convertido en mitigadores del sufrimiento de la población venezolana, son las principales víctimas de la persecución y la criminalización.

Nicolás Maduro, en el ejercicio de una política que busca su perpetuación en el poder, ha asumido un control total sobre el aparato estatal. Ha silenciado a todos los actores que a criterio del gobierno son enemigos de su ideología política.

Patrones identificados

A partir del análisis de casos en los que identificamos individuos, pero también categorías colectivas de personas que no han podido ser cuantificadas o identificadas de manera particular, pudimos reconocer el ejercicio de prácticas que socavan derechos humanos y que por la forma sistemática y reiterada en la que se desarrollan podemos determinar como patrones. Entre ellos destacamos: los trabajadores de la prensa, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de carácter político, los líderes políticos y sus familiares, y la población en general.

Entre los patrones de persecución y criminalización identificados destacamos: la apertura de procedimientos judiciales, las amenazas, estigmatizaciones y hostigamientos, el allanamiento irregular a la propiedad privada, la aquiescencia de actos violentos, las detenciones arbitrarias, la obstaculización al registro de acontecimientos, el cierre de emisoras de radio, el bloqueo de páginas web,  los despidos injustificados, el uso de los poderes públicos y particularmente de la Asamblea Nacional para perseguir a los líderes políticos y para la creación de normas restrictivas que reprimen constantemente el espacio cívico, el control y discriminación hacia la población a través de una política de dependencia con el Estado y la creación de un entorno represivo que causa temor en la población para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.

Se agudiza la censura

Durante el año 2021 se ha agudizado la censura en Venezuela. El acceso a la información es cada día más limitado como consecuencia de al menos tres factores: el cierre de los espacios de información y expresión, la criminalización que ha sido ejercida contra la labor periodística y los efectos de la emergencia humanitaria compleja. Esta se traduce en continuas fallas en los servicios de luz e internet que han dejado a la población incomunicada. Pero aún más, los efectos de esta crisis han ocasionado que muchos medios no puedan continuar operando.

Así pues, en el primer semestre del año 2021 desde Cepaz registramos al menos 114 ataques contra la labor periodística. En este contexto de criminalización contra los trabajadores de la prensa registramos 64 actos de amenazas, hostigamiento y violencia en el que se incluyen casos en los que han obligado a borrar el material en los equipos o que se le ha impedido grabar, fotografiar o registrar un suceso. Dos casos en los que se ha impedido el libre tránsito para la trasmisión de una noticia. Dos allanamientos con incautación de equipos, 11 ataques a portales web, siete actos de criminalización basados en la cooperación financiera internacional. Adicionalmente dos cierres de programadas radiales y una clausura temporal a un medio de información. Tres emisoras han salido del aire por motivos políticos, un diario ha dejado de circular en su modalidad impresa. Cuatro emisoras de radio han sido afectadas por las fallas eléctricas, cinco procedimientos judiciales han sido abiertos y 12 trabajadores de la prensa han sido detenidos arbitrariamente.

Perseguidos por defender derechos

En Venezuela el entorno propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos se encuentra severamente restringido. Las libertades que componen el espacio cívico (asociación, reunión, manifestación, opinión, expresión y participación) son sistemáticamente socavadas.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil venezolana han sido continuamente criminalizadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Ejercen su labor en un entorno restrictivo de derechos, en medio de múltiples obstáculos legales, represión y campañas que desacreditan y estigmatizan a las organizaciones y a su equipo de trabajo. Especialmente aquellas que defienden derechos humanos y que actúan como agentes humanitarios.

Las sedes de las organizaciones han sido allanadas arbitrariamente. Sus miembros han sido detenidos y amenazados y han confiscado equipos, medicamentos y alimentos destinados a la población.

Así pues, en el primer semestre del año 2021 desde Cepaz registramos al menos 31 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Específicamente 10 detenciones arbitrarias, un allanamiento a la sede de una organización, 8 actos de amenaza, estigmatización u hostigamiento, siete actos de criminalización a la cooperación financiera internacional. Además de dos bloqueos a portales web vinculadas con las organizaciones de la sociedad civil y un mural con denuncias y exigencias borrado.

Además dos normas restrictivas fueron promulgadas. La Providencia Administrativa 001, que fue posteriormente sustituida por la Providencia Administrativa 002. Esta de ningún modo suspendió el cerco del espacio cívico en Venezuela. Lejos de presentarse como una solución es una continuación de la problemática, pero con algunos matices que intentan darle una apariencia de legalidad que no tiene. Toda vez que los sujetos obligados siguen sometidos a una habilitación para el ejercicio del derecho a la asociación.

Persecución a líderes políticos

Los líderes políticos, e incluso sus familiares, también han sido víctimas frecuentes de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Esto se evidencia desde la imposibilidad de ejercer los cargos políticos a los que han sido electos, en la persecución contra los miembros de la Asamblea Nacional y en el desmantelamiento de la institución en el periodo 2015-2020. Así como la imposibilidad de ejercer derechos políticos, de participar en los asuntos del país a través de inhabilitación de  personas y la intervención de organizaciones políticas. Asimismo una sistemática práctica de represión y persecución contra los miembros de las organizaciones políticas, los líderes políticos y sus familiares. Durante el primer semestre del año 2021 registramos al menos 268 actos de persecución contra la dirigencia política vinculada a la oposición.

En el contexto de la persecución política identificamos el despido injustificado de los trabajadores de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. También la imposición de medidas cautelares de prohibición de salida del país contra 43 diputados, 12 detenciones arbitrarias, 66 actos de amenazas, hostigamiento o violencia, 28 inhabilitaciones para el ejercicio de cargos políticos de distintos dirigentes y dos actos de solicitud de extradición de personeros políticos en el exilio. Además 100 personas vinculadas con la gestión legislativa de la oposición entre el 2016 y el 2020 fueron citadas y acusadas de ocasionar daños contra la República.

Hubo dos actos de traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y defensores. En uno de los casos se logró identificar a 15 detenidos. En el contexto electoral la inhabilitación de un partido político.

Persecución a la ciudadanía

El gobierno de Nicolás Maduro ha creado un entorno de dependencia en la población. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no solo ha sido propiciada por el gobierno, sino que además ha sido utilizada para que a cambio del respaldo político la población pueda ser beneficiaria de planes alimentarios y económicos insuficientes para paliar los efectos de la crisis.

Durante el primer semestre del año 2021 registramos 21 ataques contra la población. Lo cual se traduce en múltiples víctimas que no es posible cuantificar toda vez que afectan a toda una población.

En estos ataques identificamos siete detenciones arbitrarias, tres actos de control o discriminación, ocho actos de amenaza, dos allanamientos arbitrarios de viviendas y el desarrollo de un juicio provisto de irregularidades.

Persecución y criminalización como crímenes de lesa humanidad

Los actos de persecución fundada en motivos políticos pueden constituir un crimen de lesa humanidad. Estos pueden ser investigados por la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cuando son cometidos como parte de una ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 7.1(h) del Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI informó en diciembre del 2020 que existe fundamento razonable para creer que en Venezuela se cometió el crimen de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos desde al menos abril de 2017. Estos actos serían investigados más profundamente por la Fiscalía en caso de abrir una investigación formal.

Conclusiones y exigencias

Los resultados que se presentan no tienen carácter absoluto pues el monitoreo constituye un subregistro. Además existe una fuerte censura y represión que ocasiona que no se tenga acceso a toda la información o que la víctima tema denunciar. Y por último existen categorías de personas que no son posibles cuantificar o totalizar.

En su mayoría los actos de persecución y criminalización son pluriofensivos. Esto significa que existe un patrón identificado como principal, pero que en dicho acto pueden ser múltiples los actos de criminalización y persecución cometidos y los derechos vulnerados.

Con base a los resultados del presente monitoreo, desde Cepaz exigimos:

1. Poner fin a la aplicación de patrones de criminalización, persecución, represión y control ejercidos contra organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, trabajadores de la salud, personas vinculadas con la política y sus familiares, y la población en general.
2. Restituir y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales de la población. Así como garantizar un espacio cívico seguro y democrático para el desenvolvimiento de los distintos actores.
3. Dar cumplimiento a las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. En especial, en las causas relativas a la persecución, criminalización e intolerancia por motivos políticos en Venezuela.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela – Primer semestre 2021