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No habrá una verdadera transformación económica, social y política en Venezuela sin la participación sustantiva de las mujeres

En el marco de la 68ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 68), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la iniciativa Ideas por la Democracia, realizaron el evento Fortaleciendo la democracia y la participación política en año electoral.

En este panel de discusión se analizaron propuestas para garantizar la protección de las mujeres como pilares fundamentales para la democracia y la paz, y para promover su participación activa en la política, contribuyendo así a la construcción de sociedades más inclusivas.

Participaron como panelistas Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz; Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Deborah Van Berkel, de Ideas por la Democracia; y Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. La moderación estuvo a cargo de Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia de Cepaz.

Desarrollo y democracia

Para Deborah Van Berkel aunque en Venezuela estamos muy lejos de poder cumplir con las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el número 5 referido a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, esto no significa que nos conformemos con esta realidad. Por el contrario, hay una gran participación de la sociedad venezolana en la exigencia de sus derechos, para avanzar en un proceso de transformación de la realidad que vivimos, que está impactada por un conflicto de base política y que limita las posibilidades de que se avance en un camino de desarrollo.

Recordó Van Berkel que las mujeres han tenido que encabezar diversas luchas para que sus derechos sean reconocidos en la sociedad, especialmente aquellos referidos a la participación en la vida pública y política del país en igualdad de condiciones.

Por su parte, Beatriz Borges indicó que el trabajo de la sociedad civil es fundamental para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, lo que estamos viendo en Venezuela, pero también a nivel global y especialmente en Latinoamérica, es como cada vez más los gobiernos restringen el espacio cívico y limitan la capacidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas enfocadas en los derechos de las mujeres, de abogar por los cambios necesarios, de brindar servicios esenciales, y, en general, de representar las voces de las mujeres y las niñas que son las más vulnerables y marginadas de la sociedad.

Restricciones al espacio cívico

Esta afectación al espacio cívico, a la sociedad civil, y específicamente a las ONG que están enfocadas en los derechos de las mujeres, está directamente relacionada con la lucha contra la pobreza y la capacidad de fortalecer las instituciones y la financiación con una perspectiva de género. La escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones, y la falta de implementación de políticas que favorezcan esta participación, impide lograr la igualdad de género de la que habla el ODS 5.

Medidas legales como la aprobación de la denominada Ley Antisociedad (Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines) anulan la existencia de organizaciones civiles independientes. Además, existen otros patrones, que han sido documentados por Cepaz desde el año 2014, y que tienen un efecto inhibitorio profundo en la participación de las mujeres. Ejemplo de ello es el caso de Rocío San Miguel. «Yo creo que si algo debemos recordar en los espacios internacionales es cómo organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos, están siendo detenidos arbitrariamente por hacer su trabajo, por exigir derechos. Eso tiene un efecto no solo en ellos, sino en toda la sociedad, y afecta la lucha por la igualdad y por la erradicación de la pobreza».

Borges enfatizó que los esfuerzos tanto de la propia civil, como de los gobiernos democráticos, deben estar enfocados en que no se pierdan las capacidades de la sociedad civil en contextos autoritarios como el que vive Venezuela. Especialmente, las capacidades de un movimiento de mujeres que, a pesar de todas las circunstancias, es vibrante, activo y está haciendo aportes significativos a la discusión sobre los derechos humanos de las mujeres y la democracia en el país.

Igualdad sustantiva

Ciordia introdujo en la discusión el tema de las posibilidades de participación de las mujeres a través de los partidos políticos. Recordó al respecto que una de las conclusiones del informe de Voto Joven Juventudes. Una visión de la apertura de espacios políticos para formar nuevos liderazgos juveniles, presentado en el 2023, está referida a la doble discriminación que viven las mujeres políticas jóvenes a lo interno de los partidos.

Sobre este aspecto, Wanda Cedeño, recalcó que «en efecto parte de los retos que tenemos en Venezuela actualmente es la afectación diferenciada que viven las juventudes en el país. En Venezuela, producto de la estrategia electoral de abstención, muchos jóvenes quedaron rezagados de poder competir en espacios de representación política. Lo que trajo como consecuencia que actualmente dentro de nuestro liderazgo político una perspectiva juvenil y la presencia de jóvenes en general no sea posible. Al contrario, estos jóvenes han quedado relegados en su mayoría a cargos de representación que no les permiten acceder a espacios de toma de decisiones. Cuando transversalizamos esto con el hecho de ser joven y mujer es más alarmante la situación, principalmente porque las mujeres jóvenes son alejadas de un espacio de liderazgo, primero porque son asociadas a la falta de conocimiento y a la falta de experiencia de la juventud, y además son discriminadas por ser mujeres».

Aunque en el proceso electoral regional y municipal de 2021 la presencia de mujeres aumentó, este aumento fue de candidaturas a cargos menores. Lo que significa que las mujeres efectivamente no están presentes en espacios de decisión y de representación política, como por ejemplo gobernaciones o alcaldías. Al contrario, son relegadas a concejalías, lo que les permite a los partidos de alguna forma cumplir con las cuotas mínimas que pide el Consejo Nacional Electoral, pero que en la práctica no facilita tomar decisiones efectivas con una perspectiva de género.

Para Cedeño, de cara al proceso electoral de 2025, «tenemos la oportunidad como ciudadanos de cambiar esta realidad. Pero nos toca primero interpelar a los partidos políticos sobre la falta de presencia de jóvenes y de mujeres. Debemos comenzar a pedirlo, porque no solo es necesario renovar los liderazgos, sino también que comience a surgir la presencia de las mujeres para que efectivamente tengamos la posibilidad de avanzar hacia un liderazgo mucho más sensibilizado, representativo, con una perspectiva de género que nos permita lograr efectivamente la igualdad sustantiva».

No sin mujeres

A juicio de Van Berkel, la desigualdad se expresa no solo en términos jurídicos, sino también políticos y culturales. «Lamentablemente la mujer no es la primera en la línea de ejercicio de los derechos políticos. Eso permea culturalmente a nuestra sociedad».

La respuesta de algunos sectores a la exigencia de igualdad de género, es que la agenda de derechos de las mujeres es algo que se va a atender «cuando lleguen al poder, o cuando haya tiempo para que eso pueda ser atendido». Pero para la representante de la iniciativa Ideas por la Democracia, es fundamental entender que no hay cambio y transformación económica, social y política, si las mujeres no están en el centro de esos procesos. Y sin que sus visiones sean incorporadas directamente en la construcción de propuestas para la salida a los problemas que tiene el país. «Ese rol, ese aprendizaje en la práctica, es un capital que tenemos en Venezuela y que está al servicio de la construcción de una sociedad más democrática».

Para Ciordia, en Venezuela es evidente la masculinización del liderazgo, expresado en una figura piramidal en la que en la base se ven muchas mujeres votando. Pero, cuanto más se va subiendo en la estructura hacia los espacios de verdadero poder, hay cada vez menos mujeres. Lo que es incompatible con una verdadera democracia.

Acompañamiento internacional

La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia destacó que aunque los procesos electorales son un tema donde los venezolanos tenemos la voz principal, es importante también entender que para emprender un tránsito seguro a una democracia nueva necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional. «Una comunidad internacional que hoy está también representada en los mecanismos de protección», (como la Misión de determinación de los hechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Para que en Venezuela haya un proceso electoral libre y justo hay que respetar garantías que son básicas, incluyendo la decisión de una candidatura unitaria, producto de un proceso de selección en el que participó la ciudadanía. Esta candidatura femenina se impuso por una abrumadora e incuestionable mayoría. Es un liderazgo que, según Colina, logró conectar con la gente desde la honestidad.

Recalcó la experta electoral que las inhabilitaciones políticas por vía administrativa son ilegales e inconstitucionales y violatorias de derechos. Por ello, hay que exigir que el voto expresado por las personas venezolanas el año pasado se respete. «Si se permite que en este proceso electoral sea el gobierno el que escoja quienes son los candidatos, le estoy dando la línea para que ellos sigan en ese camino».

Al respecto, Ciordia recordó una cita de Francisco Cox Vial, experto de la Misión, quien señaló que «un elemento básico de la democracia es que yo no escoja quién es mi contrincante, sino que mis contrincantes elijan a quien los representa».

Mujeres, paz y seguridad

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujeres, paz y seguridad, señala no solo la importancia de la participación de las mujeres durante todas las etapas del conflicto, sino también, cómo el empoderamiento de las mujeres se ve afectado por la desigualdad de género. Para la directora de Cepaz, garantizar que las mujeres participen en estos espacios, y que se adopten medidas concretas que respondan a sus derechos, contribuye a la protección y al avance de la idea de la igualdad de género en un contexto tanto nacional como internacional.

Al respecto, los organismos internacionales que han evaluado la situación de Venezuela han emitido diversas recomendaciones, que son muy útiles para dar seguimiento a lo que el Estado está o no está cumpliendo en materia de derechos. Para Borges «la participación no solamente en el planteamiento de los problemas, sino en el seguimiento de las recomendaciones es vital en contextos electorales, pero en general, como una constante de la acción y la agenda de la sociedad civil y de los derechos de las mujeres en Venezuela». Estas recomendaciones le indican al gobierno sus responsabilidades, en términos de estándares de derechos, pone la vara en el cumplimiento de los mismos, y permite exigir una paz verdadera en el país.

Violencia política

Sobre la violencia política de género, Cedeño recalcó que es otra barrera que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Competir en una carrera política para poder definir el candidato o candidata que vaya a presentarse en determinado proceso conlleva riesgos que muchas mujeres prefieren evitar. Porque son riesgos que generan un grado de vulnerabilidad a ser víctimas de violencia física y psicológica.

Según un estudio en línea de la Asociación Cauce, el 60% de las mujeres encuestadas reconocía haber sufrido de violencia política en algún momento. Esta es, para Cedeño, una problemática que debe ser analizada con especial atención, pues nos habla de las razones por las cuales no vemos a mujeres en espacios de representación política, pero sí en espacios de liderazgo de organizaciones no gubernamentales y ejerciendo liderazgo comunitario.

«Vemos con mucha preocupación como en los partidos políticos no existen realmente mecanismos dentro de sus propios estatutos para incluir a las mujeres. Tenemos que volvernos cada vez más conscientes de una situación en la que hay una falta constante de mujeres en espacios de representación política», insistió.

Otro punto importante es la instrumentalización de la figura femenina durante los procesos electorales. En opinión de Colina, el oficialismo ha sido muy hábil en este proceso de aparentar que las mujeres son tomadas en cuenta para garantizar su permanencia en el poder, pero sin implementar una verdadera perspectiva de género. «Muy por el contrario, desde el gobierno se ha exacerbado el discurso de odio y la estigmatización contra la figura femenina». Como lo estamos viendo en la narrativa que se usa para descalificar la figura de María Corina Machado como candidata.

Tareas pendientes

Para Van Berkel, una de las primeras tareas pendientes es generar todas las oportunidades, espacios y acciones para visibilizar y documentar aquellas situaciones donde los derechos de la mujeres estén vulnerados y llevar esta documentación a todas las instancias de defensa y exigibilidad de derechos, pero también ante la propia sociedad venezolana. «Estamos en un contexto regresivo en términos de oportunidades y de posibilidades de ejercer derechos. Por eso es necesario construir referentes e iniciativas que permitan alcanzar un cambio en estas tendencias en contra de los derechos de la mujer».

Borges subrayó que las mujeres tienen un importante rol en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país. Su voluntad de presentar sus testimonios, de argumentar los casos y de representar a las víctimas, son cruciales en los procesos de rendición de cuentas para lograr una justicia inclusiva y representativa de todas las víctimas. «Las mujeres podemos generar una movilización sobre el tema de justicia internacional y ayudar a elevar las voces de las víctimas en estos espacios».

Para Colina, los años 2024 y 2025 nos ofrecen un reto y tres dimensiones para abordar la deuda con la paridad y la participación de mujeres en la política. «El reto tiene que ver con la resignificación de la política. Tenemos que resignificar la política en un contexto en donde lo político se está criminalizando».

Las tres dimensiones mencionadas por Colina son, en primer lugar, el establecimiento de la paridad en la ley. «Una deuda pendiente que tiene que ser analizada, discutida y evaluada y en donde muchas organizaciones que están trabajando el tema de participación femenina tienen propuestas». La segunda dimensión tiene que ver con la exigencia por parte de las mujeres, en el seno de los partidos políticos, de que se discutan estos temas y se tomen acciones concretas al respecto. Y finalmente, la tercera dimensión está referida a una toma de conciencia de la sociedad. «Entender que nos toca a la ciudadanía impulsar cambios y avanzar en el camino donde se reconozca la participación de las mujeres y donde exijamos además que el 50% de la población tenga una voz, porque nos corresponde desde nuestra acción y nuestra capacidad».

Cedeño se refirió al Registro Electoral como otra tarea pendiente. Superar las graves limitaciones para que las personas jóvenes, y quienes están en el exterior, puedan inscribirse o actualizar sus datos para votar es otra barrera que impide, no solo la participación de las mujeres, sino en general, de toda la población. «No estamos hablando de una incidencia o una irregularidad mínima. Estamos hablando de dejar a millones de venezolanos sin la posibilidad de participar».

Ideas por la democracia

Ideas por la Democracia es una iniciativa para la reflexión y la acción sobre las libertades, la justicia, el desarrollo, los derechos humanos y la paz. En momentos críticos y de gran incertidumbre, un conjunto de ciudadanos, ciudadanas, actores del mundo académico y cultural, miembros de organizaciones cívicas, comprometidos y unidos por el ideal de la democracia, nos abrimos a un espacio para el encuentro de ideas por estos temas cruciales como contribución a la construcción de una ruta para alcanzar un sistema político que garantice y respete los derechos humanos.