La crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, marcada por el deterioro de la institucionalidad democrática, los abusos como parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad del Estado, el ejercicio de patrones de persecución y criminalización contra la disidencia política, la agudización constante de la emergencia humanitaria compleja y la pérdida de la calidad de vida de la población venezolana, entre otros fenómenos asociados a la crisis que atraviesa el país, no son neutrales al género.

Por ello, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos iniciado esfuerzos, empezando por las comunidades de mujeres con las que trabajamos, para orientar nuestras acciones a un tema central frente a la violación de derechos como lo es la justicia. La población venezolana merece encontrar justicia, verdad y reparación frente a las violaciones de derechos humanos sufridas. Sin embargo, queremos poner el foco en las mujeres, en donde entendemos que hay una prevalencia como víctimas secundarias y una afectación diferenciada como victimas primarias.

Así pues, con diversas entrevistas, grupos focales y trabajo directo con nuestras propias comunidades de mujeres a diferentes niveles, tanto en las comunidades de base como con víctimas que han acudido ante órganos nacionales e internacionales para buscar justicia, queremos hacer un primer diagnóstico de lo que ha sido sus perspectivas en la búsqueda de la justicia y como en Venezuela todavía no han contado con los mecanismos de justicia, verdad y reparación necesarios para dar una respuesta a las atrocidades que han tenido que vivir. El propósito de este primer diagnóstico es que estos temas sean discutidos en la agenda pública y en los distintos espacios de toma de decisiones.

Hoy en el país se están dando espacios de acuerdos, en donde es importante que la discusión en torno a los derechos humanos y la justicia no quede desplazada. Por lo que se abre una nueva posibilidad de poner en la agenda la necesidad de crear mecanismos de investigación independientes e imparciales para que estos hechos no queden impunes. Desde Cepaz apostamos a la construcción de una paz verdadera en Venezuela desde la justicia y desde la construcción de una memoria histórica. Necesitamos como venezolanos y venezolanas hacernos cargo de las heridas del pasado y del presente para que tengamos una verdadera paz en el país que sea sostenible y duradera.

A continuación, presentamos una muestra inicial de lo que han sido los procesos de conversaciones con mujeres víctimas directas y secundarias.^[1]

Mujeres víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Desde Cepaz pudimos conversar con mujeres víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales y conocer de propia mano la experiencia de haber perdido un hijo, esposo o sobrino, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo con las mujeres, las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en los cuales los miembros de este cuerpo de seguridad simulaban enfrentamientos con los hombres que se encontraban desarmados y en la mayoría de los casos no tenían antecedentes penales.

“Él les levantó las manos y les decía que no lo mataran que él era un chamo sano y que tenía a sus hijos y eso a ellos no les importó. En mi caso yo tuve ese solo hijo, yo no tuve más hijos así que imagínense lo que es mi vida sin mí muchacho de 26 años”

Las mujeres afirman que a raíz de la ejecución extrajudicial han tenido sentimientos de hostilidad, de vacío. Además reconocen que perdieron un apoyo importante en sus vidas y que han tenido dificultades para aceptar su pérdida. Especialmente cuando se trata de sus hijos fallecidos. Asimismo, la ejecución extrajudicial también ha perjudicado a los hijos de estos hombres asesinados, pues después del incidente han desarrollado trastornos físicos, cambios en la dinámica familiar y sentimientos de duelo.

“Mi hijo pequeño me pregunta, mamá ¿cuándo voy a ver a mi papá otra vez?”

Las mujeres víctimas entrevistadas expresaron que frente a la muerte de sus seres queridos en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no llevaron a cabo denuncias de los hechos por distintas razones. Como el desconocimiento de las leyes o de los procedimientos, la alta percepción de impunidad en el país, la corrupción del sistema de justicia venezolano e incluso por temor a las posibles represalias hacia sí mismas y hacia sus familias. Una de las entrevistadas sí llevó adelante su denuncia ante las autoridades y su experiencia refleja la corrupción y el retardo procesal de los organismos encargados de la administración de la justicia.

Mujeres sobrevivientes de cáncer, víctimas del sistema de salud venezolano

En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y que afecta profundamente la asistencia médica prestada por los servicios de salud públicos, las mujeres con cáncer se enfrentan a una extrema vulnerabilidad debido a la precariedad de las condiciones de atención y a la falta de recursos económicos para acceder a otras alternativas.

Las mujeres venezolanas con diagnóstico de cáncer se enfrentan a profundas dificultades para acceder a procedimientos médicos gratuitos para el diagnóstico y tratamiento, así como para intervenciones quirúrgicas. En el caso de los procedimientos en instituciones privadas, tienen dificultades económicas para realizarse exámenes diagnósticos, preoperatorios, para conseguir y financiar los medicamentos de la quimioterapia, las intervenciones quirúrgicas y las radioterapias.

“Eso era como traumático en ese correr a buscar de una farmacia a la otra, instituciones que te la pudieran brindar y los costos elevados por supuesto y fueron varias dificultades”

De acuerdo con el diagnóstico realizado por Cepaz, las sobrevivientes de cáncer consideraron que los responsables de las dificultades para acceder a los tratamientos médicos son los entes encargados de la administración de la salud pública. Específicamente los ministros de Salud.

Frente a esta situación, aunque las mujeres sobrevivientes aspiran a que mejoren las condiciones de atención a la salud en el país, tienen una nula expectativa de que se haga justicia. Tal es así que no realizaron denuncias sobre la falta de acceso a un sistema de salud público de calidad para atender su enfermedad. Las mujeres víctimas temen recibir represalias por denunciar. Como exponerse a los malos tratos del personal médico, o que obstaculicen el acceso a los tratamientos que necesitan.  Asimismo, expusieron algunas situaciones de corrupción en las instituciones, ya que deben recurrir a sobornos para que les administren los tratamientos y también expusieron casos de médicos cirujanos que llevan a cabo intervenciones quirúrgicas sin las condiciones óptimas, con el objetivo de lucrarse económicamente.

Cabe recordar que en octubre del año 2020 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 mujeres con cáncer de mamas en Venezuela y llamó al Estado a adoptar medidas para proteger el derecho a la vida y a la salud de las beneficiarias. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas medidas, muchas de esas mujeres perdieron la vida por no lograr a tiempo un diagnóstico, exámenes y tratamientos médicos adecuados.

Mujeres políticas víctimas de persecución

Los hechos compartidos por las víctimas que pudieron ser entrevistadas por Cepaz dan cuenta que las agresiones cometidas en contra de las mujeres no se limitan al ámbito familiar o de pareja. Su sistematicidad es tal que ha llegado a permear todos los espacios donde éstas se desenvuelven, incluyendo aquellos de índole político. Asimismo, las mujeres pueden ser víctimas diferenciadas por participar activamente en la política o, sin participar, pueden recibir la represalia por el hecho de ser familiar de un personero político.

Algunas de las mujeres políticas son víctimas directas de persecución, como lo fue el caso de Sandra Flores, quien fue privada de libertad de manera arbitraria, sin orden de detención. Mismo caso el de Dignora Hernández, quien relató que diariamente hay una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aparcada a las afueras de su casa. Lo cual representa una amenaza directa a su integridad y libertad personal y a la de su núcleo familiar.

En otras situaciones, las mujeres víctimas secundarias dejan de serlo para convertirse en víctimas directas en  la medida que la privación de libertad o ejecución extrajudicial de sus padres, esposos o hijos les impone afrontar por sí solas la responsabilidad de salir adelante con su familia, moral y económicamente. Así como de demandar justicia, en un sistema en donde los fiscales y demás funcionarios las revictimizan constantemente, burlándose de su dolor. Así lo expreso Elvira Llovera, madre de un estudiante asesinado durante las protestas. Llovera afirmó que los fiscales llamaron a su hijo “guarimbero” y que él había sido el culpable de su muerte. Mismo caso el de Meudy Osío, quien perdió a su esposo en manos de fuerzas de seguridad del Estado. Osío tuvo que huir de Venezuela debido al miedo por las constantes amenazas, allanamientos a su vivienda y oficina y confiscaciones arbitrarias.

Las mujeres víctimas de persecución por motivos políticos transformaron su dolor en un mecanismo de denuncia para visibilizar las violaciones perpetradas en sus casos y exigir justicia. Y, aunque no encuentran todavía la posibilidad de lograr justicia y reparación dentro de Venezuela, algunas aprovechan su estancia fuera del país para denunciar las violaciones de derechos humanos en instancias internacionales, visibilizar sus casos, conocer las historias de otras mujeres, ser parte de su proceso de empoderamiento y construir memoria histórica.

Un programa de justicia transicional sensible al género

Son múltiples los casos en donde las mujeres venezolanas también son víctimas de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Frente a esto, se encuentran a la espera de un sistema de justicia que responda a las atrocidades que han tenido que vivir. Todo este contexto tiene un impacto diferenciado para ellas en cualquiera de los ámbitos desde donde se mire la crisis en derechos que atraviesa Venezuela. Ya sea como víctimas secundarias ante las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales, como víctimas de un sistema de salud público en constante deterioro, como víctimas de la persecución en el ejercicio del activismo político, o desde cualquiera de los otros espacios.

En tal sentido, esta situación requiere que en un proceso de justicia transicional se parta por reconocer a las mujeres como víctimas de las violaciones a los derechos humanos en las distintas modalidades, ya sean directas o secundarias. Abordando la manera diferenciada en la que las mujeres son víctimas de las violaciones a sus derechos humanos, sus causas y sus consecuencias. Otorgándoles también un espacio de participación y de voz para contar su historia, construir memoria y evitar que lo ocurrido quede en el olvido.

Ahora bien, las mujeres deben desempeñar un papel central en el diseño y la implementación de las medidas de justicia transicional, participando en las distintas etapas del proceso de transición. No solo como víctimas en la construcción de una narrativa histórica, sino como lideresas en los espacios de decisión en donde puedan poner en agenda las necesidades particulares de las mujeres en este proceso.

Finalmente, y partiendo de la forma diferenciada en la que las mujeres enfrentan la crisis en derechos que atraviesa Venezuela y por tanto también se convierten en víctimas diferenciadas, es imprescindible implementar un componente de justicia con operadores judiciales preparados para investigar y sancionar bajo una perspectiva de género, e igualmente un sistema de reparación sensible al género.

Experiencia de mujeres en el proceso de transición

La participación de las mujeres en los procesos de reconstrucción de una paz verdadera a través de la justicia no es nuevo, aunque si ha necesitado una constante lucha de reconocimiento de las propias mujeres como víctimas y como lideresas del proceso en aquellos países en donde ha sido alcanzado.

Un ejemplo de ello es el caso de las madres que perdieron a sus hijos durante la última dictadura argentina, en donde grupos criminales comandados por el Estado secuestraron y desaparecieron a estudiantes, obreros, luchadores sociales y a las hijas e hijos de las mujeres que daban a luz durante su detención. Las madres comenzaron a reunirse y manifestarse para exigir justicia, verdad y reparación. Aunque hoy todavía hay madres y abuelas en búsqueda de sus hijos y nietos desaparecidos, su lucha durante el proceso de transición hacia la democracia y la lucha que aún mantienen, ha logrado en primer lugar el reconocimiento nacional e internacional de estas mujeres como víctimas secundarias. Además de la formulación de un método de identificación genético y el acompañamiento del Estado en la búsqueda de sus hijos. Así como la sanción de leyes de amparo a la niñez, el juicio y sanción de los responsables del plan sistemático de apropiación a los menores, reparaciones económicas y reparaciones simbólicas como la creación de un día conmemorativo “Día nacional del derecho a la identidad”, entre otros.

Otro ejemplo es el caso de Sierra Leona, donde luego de haber sufrido un conflicto armado interno en donde las mujeres fueron víctimas directas y desproporcionadas de la violencia y discriminación, se inició un proceso de reconciliación con distintas iniciativas de justicia. Una de ellas fue la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona en donde se desarrollaron audiencias especiales de mujeres y enjuiciamientos por delitos sexuales y de género cometidos durante el conflicto.

^[1] Por razones de seguridad hemos preservado los nombres de las víctimas entrevistadas para la elaboración del presente diagnóstico.