En una rueda de prensa realizada este 20 de septiembre, los integrantes de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Patricia Tappatá Valdez, hicieron énfasis en que los graves delitos y violaciones de los derechos humanos contra la disidencia en Venezuela se siguen cometiendo, sin que haya esfuerzos reales por investigarlos o sancionarlos.
El Estado venezolano emplea los servicios de inteligencia, civiles y militares, como una maquinaria de represión puesta en marcha por el presidente Nicolás Maduro y por autoridades de alto nivel. Torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, que constituyen algunos de los crímenes de lesa humanidad que reportó la Misión en este nuevo informe, son cometidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En el informe se reitera además la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia que propicia la impunidad.
A juicio de la Misión, esto forma parte de un plan dirigido desde los niveles más altos del gobierno, con una estructura bien coordinada y eficaz «para la ejecución de un plan». El informe detalla además las funciones ejercidas por diversas personas en las cadenas de mando de los servicios de inteligencia. «Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», indicó Valiñas.
Arco minero del Orinoco
Adicionalmente fue presentado un informe con hallazgos detallados sobre la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. En el mismo la Misión analizó los crímenes cometidos contra las poblaciones locales por parte de actores estatales y no estatales. Entre ellos «privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género». Esta región «es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», aseguró Tappatá Valdez.
Llamado a la comunidad internacional
Para estos informes la Misión realizó 246 entrevistas confidenciales con víctimas, familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. También se hizo una revisión de expedientes judiciales y documentos relacionados, así como visitas a zonas cercanas a las fronteras, debido a que el Estado venezolano no ha permitido el ingreso de los integrantes de la Misión a Venezuela. En sus informes se han documentado 122 casos de víctimas sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
«Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos», aseveró Valiñas, quien hizo un llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de derechos humanos en el país.
