La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha publicado su informe más reciente, concluyendo de manera contundente que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han perpetrado graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de diez años. La Misión afirmó que la GNB ha cometido y contribuido directamente a privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante el control de protestas como en acciones selectivas de persecución política.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, enfatizó que la persistencia de estos abusos se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad. «Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década.» El informe detalla cómo la doctrina venezolana de «seguridad nacional» ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna. Esta ejecución de acciones ilícitas se ha visto facilitada por una cadena de mando altamente centralizada, que carece de mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas.
Uso de armas letales
El informe constata que, durante los picos de protesta en 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo indebido de armas letales. La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia Nacional dispararon armas de fuego de manera indiscriminada, apuntando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas, e incluso se recibió información sobre la práctica de modificar proyectiles para causar mayor daño. Además del uso de la fuerza, se documentaron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, y graves actos de tortura y malos tratos, incluyendo violencia sexual y de género dentro de las propias instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria.
Valiñas subrayó la naturaleza sistemática de estos abusos: “Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado, incluyendo agresiones y violaciones, no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas.” La Misión constató que la GNB fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, desempeñando un papel clave en la captura y criminalización de opositores, como en la “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024.
Finalmente, el informe identifica un patrón de impunidad estructural sostenido por fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano. Estas fallas incluyen la incapacidad o falta de voluntad para investigar las violaciones, la manipulación de evidencia y la concentración de sanciones únicamente en personal de bajo rango. La Misión concluye que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, así como altos mandos militares y políticos, podrían ser penalmente responsables en virtud del Estatuto de Roma.
