En el marco del 54° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de conformidad con la resolución 51/29, la Misión de Determinación de los Hechos presentó el pasado 25 de septiembre, y ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe exhaustivo con las conclusiones en torno a la investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
La Misión de Determinación de los Hechos no dejó de manifestar en su informe su preocupación en cuanto a las dimensiones y el impacto desproporcionado de la crisis en derechos del país en las mujeres venezolanas, abordando aspectos como la participación política del liderazgo femenino, las violencias basadas en el género, incluyendo la violencia política por razones de género; el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres y la represión y criminalización contra organizaciones feministas o lideradas por mujeres.
Baja participación política femenina y vacíos legislativos
En materia de participación política de las mujeres, la Misión destacó la baja participación del liderazgo femenino y la deuda del Estado de crear un marco normativo que se traduzca en cuotas de participación igualitaria. La Misión mostró su preocupación por las normativas temporales y de carácter sublegal que regulan la paridad de género en periodo electorales, afirmando que las últimas elecciones regionales y municipales celebradas en el año 2021 significaron un retroceso en materia de paridad de género. Recordemos que en dichas elecciones se promulgó una normativa temporal para regular la paridad y alternabilidad en cuanto al género y resultó en solo un 9% de las gobernaciones lideradas por mujeres, y en solo el 19% de mujeres liderando las alcaldías del país.
Por su parte, la Misión de Determinación de los Hechos aprovechó la oportunidad para recordar el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en donde se destaca la falta de participación política de las mujeres asociadas a la mayor carga de cuidados, las altas tasas de pobrezas y los desafíos económicos y de movilidad.
Índices de violencia de género siguen siendo uno de los obstáculos más importantes para lograr la equidad de género
La Misión de Determinación de los Hechos se refirió en su informe a las violencias por motivos de género de las cuales son víctimas las mujeres en el país, y la falta de medidas por parte del Estado para garantizar una vida libre de violencia de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Especialmente lo que se refiere a opacidad en cuanto a la información oficial en las cifras de violencia a través de datos disgregados sobre la forma de violencia, el estado del proceso y las condenas o medidas de reparación adoptadas. A juicio de la Misión, esta situación dificulta la comprensión del problema y la formulación de políticas públicas efectivas. Aún más, los altos índices de violencia de género y feminicidios son uno de los obstáculos más importantes para lograr la equidad de género en el país.
El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de 2023 un total de 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración. Entre tanto, los familiares de las víctimas y las mujeres sobrevivientes víctimas de violencias deben enfrentarse a un sistema que las revictimiza bajo profundas fallas para obtener medidas de protección ante su denuncia, para acceder a la justicia o para obtener una reparación.
Las mujeres son víctimas diferenciadas de los patrones de persecución, criminalización y violencia política
La política de persecución y criminalización ejercida por el Estado afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La Misión de Determinación de los Hechos detalló en su informe este impacto, resaltando la forma en la que las mujeres, que son víctimas de los patrones de persecución y criminalización, sufren adicionalmente actos de violencias basadas en el género.
Así pues, la Misión reconoció que las mujeres son instrumentalizadas para atacar a hombres líderes políticos de oposición y en este sentido forzar un contexto que permita insertar a estos líderes en denuncias por violencias de género. Del mismo modo, las mujeres son utilizadas como forma de represalia o para forzar a que la persona perseguida se entregue. Al respecto, la Misión documentó 10 casos de familiares, especialmente mujeres, que fueron detenidas al no encontrar a la persona buscada.
Las mujeres también sufren violaciones graves a sus derechos humanos como víctimas directas de los patrones de persecución y criminalización ejercidos por el Estado. En el ámbito político, la Misión ha observado una dimensión de género en el ejercicio de la violencia política a través de agresiones que se manifiestan en torno al aspecto, inteligencia y capacidades de las mujeres. A juicio de la Misión, este contexto de violencia política impacta negativamente en la participación de las mujeres en la política.
El contexto de persecución y criminalización se extiende en las plataformas de medios digitales asociadas al Gobierno, en donde las mujeres también son víctimas desproporcionadas. La Misión de Determinación de los Hechos se refirió en su informe a la difusión, a través de estos medios, de discursos y narrativas de odio por motivos de género contra las mujeres. Testimonios recibidos por la Misión de varias defensoras de los derechos humanos, dan cuenta de esta situación y del impacto que las lleva a la autocensura, a limitar su trabajo o a abandonar el país.
En otro orden, la Misión investigó 15 casos de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en lugares de detención. Del mismo modo, la Misión documentó en casos de detención el uso de insultos o amenazas basadas en el género como forma de trato humillante y degradante contra personas percibidas como opositoras, especialmente contra las mujeres, que son etiquetadas con insultos como “malas madres”, “zorras” o “prostitutas”.
El Monitoreo de persecución y criminalización de Cepaz ha documentado desde el año 2021 y hasta el primer semestre del año 2023 al menos 206 casos de persecución y criminalización ejercidos contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, lideresas políticas y ciudadanas, incluyendo familiares de personas perseguidas o criminalizadas.
El cierre del espacio cívico tiene un impacto desproporcionado en las organizaciones de mujeres
El espacio cívico en Venezuela está fuertemente reprimido, con lo cual personas defensoras de derechos humanos y otras integrantes de la sociedad civil enfrentan graves riesgos de vulneración a sus derechos. Sin embargo, las agrupaciones no gubernamentales con presencia de mujeres y liderazgos feministas son víctimas diferenciadas de este contexto, así lo ha dejado saber la Misión de Determinación de los Hechos en su último informe, agregando además la diferencia en la tolerancia por parte del Estado hacia las organizaciones de mujeres afines al Gobierno, las cuales son apoyadas y consideradas en instancias consultivas; respecto a las organizaciones independientes, que deben enfrentar la persecución y los ataques a las activistas.
En ese sentido, un estudio de Cepaz ha permitido determinar que los principales obstáculos que deben enfrentar las organizaciones de mujeres se relacionan con los impedimentos que las mismas instituciones les imponen a este tipo de organizaciones, el entorno de discriminación, dificultades en el acceso a recursos, desde financiamiento directo hasta recursos físicos. En definitiva, las agrupaciones feministas con frecuencia ejercen sus labores contra leyes e instituciones sesgadas por los estereotipos y roles de género.
Un nuevo informe sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de garantía de derechos de las mujeres venezolanas
El reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos se incorpora a los demás informes contundentes y a las recomendaciones de otros mecanismos del sistema universal de derechos humanos, que han referido el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado sobre la garantía de derechos de las mujeres venezolanas, con los cuales, es importante destacar, el Estado no ha cooperado, como ha sido el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y la Misión de Determinación de los Hechos.
Estos mecanismos han expresado su preocupación por la situación de las mujeres en cuanto a la posibilidad de participar en condiciones de igualdad en los asuntos políticos y públicos del país, los altos índices de violencias basadas en el género de las cuales son víctimas las mujeres, sin medidas de protección y sin datos oficiales, la falta de medidas para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud, la persistencia de los estereotipos y roles de género en la sociedad venezolana, los desafíos que enfrentan las mujeres en cuanto al acceso a la educación, empleo y salud, el contexto de persecución y criminalización contra las mujeres, los obstáculos que enfrentan las organizaciones feministas y las estigmatizaciones de las cuales son víctimas las mujeres que hacen vida en el espacio cívico, entre otros aspectos.
Estos informes dan cuenta de que el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de garantía de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. La falta de políticas públicas con perspectiva de género, las barreras de acceso a la justicia y la complacencia que ha mantenido el Estado en la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país y que impacta de manera diferenciada y desproporcionada en las mujeres, mantienen en la agenda internacional los asuntos de género que el Estado ha omitido incorporar en la agenda nacional, con informes contundentes, con recomendaciones y con compromisos que el Estado debe asumir.
