La crisis multidimensional que atraviesa Venezuela y que implica violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos de la población ha sido parte de la agenda de seguimiento e investigación por parte de las Naciones Unidas.
Desde al menos el año 2018 por mandato del Consejo de Derechos Humanos se dio inicio al monitoreo continuo que ha mantenido la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUDH, sobre la crisis de derechos humanos en el país. El seguimiento del ACNUDH durante la gestión de Michelle Bachelet, ha sido de gran importancia. Durante su gestión se formularon recomendaciones al Estado venezolano, se logró instalar con carácter temporal una oficina en el país, se aprobó un marco de cooperación y asistencia técnica con compromisos específicos que el Estado venezolano debía cumplir, y a través de sus informes escritos y actualizaciones orales se reconoció, visibilizó y se condenó la crisis en derechos que persiste en el país.
Por su parte, desde el año 2019 con la creación de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se han dado a conocer exhaustivas investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014 en el país. La creación de la Misión ha permitido tres años de profundas investigaciones con las cuales la Misión ha podido identificar patrones y víctimas de violaciones a los derechos humanos a través de actos atroces que ha catalogado como crímenes de lesa humanidad y que dan lugar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad individual, incluyendo las cadenas de mando. Entre tanto, ha hecho énfasis en la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia venezolano para investigar y sancionar a los culpables de estos delitos.
Expectativas a futuro
El último trimestre del año se presenta con tres importantes momentos en el orden internacional de los derechos humanos. En primer lugar, el nombramiento del nuevo Alto Comisionado, el señor Volker Türk, tras el fin de la gestión de Michelle Bachelet; en segundo lugar, la decisión de renovación o no del mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, y en tercer lugar, el fin del mandato de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la posibilidad de ser reelecta para continuar ocupando una silla en el consejo.
- Venezuela continúe en la agenda del ACNUDH
Debido a que la crisis y la violación sistemáticas de derechos humanos continua en el país, esperamos que Venezuela siga siendo una prioridad para el nuevo Alto Comisionado y que en su gestión pueda mantener el equilibrio adecuado entre la búsqueda de cooperación estatal y el monitoreo adecuado de las violaciones que siguen ocurriendo en el país y de la implementación de las recomendaciones. Asimismo, aspiramos que el nuevo Alto Comisionado pueda alcanzar aquellas acciones que quedaron pendientes, como el establecimiento de una oficina permanente en Venezuela, con mayor independencia y efectividad; así como trabajar coordinadamente con otros mecanismos de las Naciones Unidas para abordar los asuntos del país.
- La Misión de Determinación de los Hechos sea renovada
Las razones que motivaron la creación de la Misión para Venezuela se mantienen, por ello insistimos en la necesidad de la renovación de su mandato. Así, en un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población bajo total impunidad, la Misión se convierte en un agente fundamental para la reivindicación de los derechos de las víctimas. Su renovación, significaría la posibilidad de continuar documentado estas violaciones y actos atroces favoreciendo a que se establezcan las responsabilidades de los perpetradores, incluyendo las del Estado y también las de los individuos. Aún más, las pruebas obtenidas de las investigaciones que realiza la Misión pueden ser muy valiosas para el proceso que cursa ante la Corte Penal Internacional.
- Se mantenga la vigencia de dos mecanismos: seguimiento e investigación
Es necesario mantener la vigencia de los dos mecanismos que cursan sobre Venezuela, el seguimiento y monitoreo que hace ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y el trabajo de investigación que realiza la Misión, ya que en su conjunto son fundamentales y se complementan.
Los esfuerzos de la Misión son distintos y se complementan con el trabajo que hace ACNUDH. Mientras el mandato de la Alta Comisionada se ha basado en informar sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y a la vez cooperar técnicamente y en el terreno con el Estado, el mandato de la Misión ha sido investigar y documentar las violaciones de derechos humanos con el objetivo de garantizar que los responsables rindan cuentas y las víctimas encuentren justicia. Es decir, que solo la vigencia de ambos mecanismos complementándose en simultáneo abre camino a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
En definitiva, bajo el contexto de crisis que atraviesa Venezuela la vigencia de ambos mecanismos es fundamental, sobre todo de cara a los venideros procesos electorales del año 2024 y 2025, en donde como ya hemos visto en el pasado la represión aumenta y estos mecanismos desempeñan un rol crucial en la alerta temprana, monitoreando, documentando e investigando las irregularidades y violaciones a derechos en este contexto.
- Venezuela se mantenga bajo la mirada del Consejo de Derechos Humanos.
Este año vence el mandato de Brasil y Venezuela como miembros del Consejo de Derechos Humanos, por lo que corresponde designar a los dos Estados del bloque regional de América Latina y del Caribe que los sustituirán. Sin embargo, en el caso de Venezuela, por no tener dos periodos consecutivos en sus funciones, puede postularse para la reelección del mandato para el periodo 2023-2025, tal y como fue anunciado por sus representantes hace algunos meses.
Ahora bien, aunque un organismo cuya naturaleza es de prevención, monitoreo y protección de los derechos humanos a nivel universal, debe ser ocupado por Estados con sólidos antecedentes en materia de derechos humanos, cuyas acciones se encuentren comprometidas con los derechos humanos, cumpliendo los estándares y criterios de protección y cooperación; las dinámicas políticas y diplomáticas propia de estos espacios permiten que países que no cumplen con estos estándares, como es el caso de Venezuela, logren obtener suficientes votos para mantenerse como miembros en el Consejo.
Siento esto así, lo coherente sería que las votaciones del mes de octubre para elegir a los próximos miembros del Consejo se realicen conforme a determinados estándares y principios, y que por tanto Venezuela no sea reelecta como miembro del Consejo, esta decisión se convertiría en un mensaje claro, no solo sobre quiénes deben ser los llamados a sentarse en el espacio multilateral más importante para atender a los derechos humanos, sino también para dar una respuesta de condena sobre las violaciones sistemáticas de los derechos que ocurren en el país.
Ahora bien, si por el contrario de la votación Venezuela resultara reelecta para ocupar una silla en el Consejo, es importante resaltar que lejos de una victoria que pueda quererle imprimirle el Estado a esta situación, esto se puede convertir en una oportunidad para que Venezuela continúe bajo la mirada del Consejo, y que ocupando un puesto en este organismo pueda darse un escrutinio mucho más cercano sobre la situación de derechos humanos en el país, aunado a la acción en conjunto del seguimiento del Alto Comisionado y una posible renovación de la Misión de Determinación de los Hechos.
