El Darién es una región que comparte fronteras entre Colombia y Panamá, en la cual confluyen diversas situaciones que afectan a personas en movilidad, convirtiéndolas en víctimas de trata de personas y de tráfico ilícito, así como de actores trasnacionales.

Además, muchas mujeres, niñas y adolescentes son afectadas de manera diferenciada en este paso, ya que corren múltiples riesgos, tanto por el crimen organizado y la trata, como por el narcotráfico, la inseguridad y la violencia sexual unilateral o grupal que sufren al transitar por esta región.

Definiciones y obligaciones estatales

La migración consiste en la acción de dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él, de forma voluntaria. A diferencia de la migración, el tráfico ilícito de migrantes no es una situación voluntaria, y representa un riesgo para todas las personas, siendo un delito y una grave violación de derechos humanos. Según el artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, consiste en la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de orden material.

Por otra parte, la trata de personas es definida en el artículo 3 del Protocolo de Palermo como la captación, traslado, acogida o recepción de personas, mediante la utilización de un medio comisivo tal como la amenaza, con fines de explotación. De igual forma, la Convención Belem Do Para, en su artículo 2, señala que la trata es uno de los tipos de violencia contra la mujer por razones de género.

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por primera vez determinó la responsabilidad de Brasil en el caso de trata de personas de los trabajadores de la Hacienda Brasil verde, en el que señaló que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia, así como contar con un adecuado marco jurídico de protección, su aplicación efectiva y políticas de prevención y acción para la efectividad, ante las denuncias.

Aspectos generales de la situación del Darién

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá reportó que a través de este paso se han trasladado más de 71.000 personas migrantes, en su mayoría haitianas, senegalesas, cubanas y venezolanas, entre otras nacionalidades.

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) visibilizó el testimonio de una persona migrante que cruzó el peligroso Tapón del Darién, quien afirmó: “Si uno se relaja, corre peligro de muerte”. Este mismo organismo también reportó que las estadísticas de los Servicios Migratorios de Panamá documentaron casi 134.000 personas que cruzaron el Darién en 2021, de las cuales un 80% provenían de Haití.

Toda persona que pasa por allí está expuesta a ser víctima de trata y/o tráfico ilícito, así como a enfrentar diversos obstáculos y que pueden dejar secuelas y traumas, como Shahzad, una de las personas en tránsito, originarias de Pakistán, quien expresó que observó restos humanos a lo largo del camino.

Durante el 2022, la cifra total de personas que atravesaron esta peligrosa región se triplicó en comparación con el 2021. De 2.928 en los primeros dos meses de 2021, a 8.456 en el mismo lapso en 2022. En los primeros cinco meses de 2022 más de 32.000 migrantes cruzaron la ruta, mientras que en 2021 fueron 16.000 y 1 de cada 5 son niños, niñas y adolescentes.

Afectación diferenciada en mujeres, niñas y adolescentes

Las mujeres, niñas y adolescentes que asumen la travesía viven distintas situaciones, ya que atravesar este espacio se ha vuelto más arriesgado por la presencia de grupos criminales que controlan la región y que las someten a abusos sexuales. Al respecto la OIM ha afirmado que la probabilidad de sufrir violencia física y psicológica es muy alta.

Otras mujeres emprenden el viaje con embarazos que culminan en un contexto precario, sin la atención médica debida. Así, podemos mencionar la realidad de Esther, originaria de Pakistán, quien llegó extenuada, con los pies llenos de ampollas y tuvo que ser ayudada por otras personas para poder desplazarse.

Los estados deben cumplir son sus obligaciones

Ante la situación descrita anteriormente, los Estados colombiano y panameño tienen obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que cruzan este territorio.  En efecto, Colombia y Panamá ratificaron la Convención   Americana sobre Derechos Humanos (CADH), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), Convención de Belém Do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados, que exhortan a los Estados a cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente, así como a prevenir e investigar los casos de trata y tráfico de personas migrantes que se produzcan.

De acuerdo a los tratados internacionales mencionados anteriormente, principalmente se vulneran los derechos humanos, expresados en el art. 1 de la CADH, ya que no se garantiza el principio de no discriminación para las mujeres. En los casos de violencia sexual, física y psicológica, así como la trata y tráfico de personas, con enfoque en mujeres, niñas y adolescentes, se están vulnerando sus derechos humanos, específicamente el derecho a la vida (art. 1 de la CADH), integridad (art. 5), prohibición de esclavitud (art. 6), libertad personal (art. 7), a circular libremente (art. 22) y el derecho a vivir una vida libre de violencia, incluidos en diversos tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la CADH.

Acciones urgentes y políticas migratorias

Según las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales, los Estados deben crear acciones que promuevan el desmantelamiento de dichas redes, a través de la colaboración mutua y un mayor control migratorio en la entrada y salida del Darién, en el que se solicite la identificación de cada persona, se verifiquen sus antecedentes penales, si hay alguna denuncia por la  Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y demás alertas que se puedan realizar para la prevención de la trata de mujeres, niñas y adolescentes.

Los estados deben crear políticas migratorias de protección para la movilidad humana de las y los migrantes. También, tienen la responsabilidad de desmantelar las redes criminales de trata y tráfico que operan en el Darién, prestando especial atención en mujeres, niñas y adolescentes.

Además, resulta fundamental la investigación de las y los funcionarios que trabajan en los puntos de control migratorio, ya que puede existir un vínculo de cooperación entre ellos con los traficantes y tratantes de personas, existiendo así, complicidad.

Los Estados panameño y colombiano deben apostar a la creación de puntos informativos en la entrada y salida del Darién, en el cual el acceso a ello sea garantizado, para las personas que desean emprender la ruta, pero con las herramientas necesarias y esto evite la explotación forzada.

Las acciones deben ser contundentes, más allá de apostar por pasos temporales y herramientas para que abandonen el territorio rápidamente, pues el único delito que han cometido estas personas es soñar con la libertad, el goce y ejercicio de sus derechos, que en sus países no están siendo garantizados.

También, la protección y asistencia a las víctimas de violencia sexual o de género, de trata y tráfico es fundamental, así como abordar las necesidades de las personas con enfoque regional integral, incluyendo perspectiva de género e interseccional. Por último, es importante que cada medida tomada sobre movilidad humana sea basada en los estándares del sistema interamericano.