Un histórico acuerdo de paz firmado en 1991 en Ciudad de México puso fin a más de una década de guerra entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La inestabilidad política caracterizó a esta nación centroamericana durante los siglos 19 y 20. Una sucesión de pugnas caudillistas y gobiernos militares generaron profundas desigualdades socioeconómicas. No hubo un gobierno plenamente democrático antes de la firma de este acuerdo de paz, en el cual Pedro Nikken tuvo un papel fundamental.

El acuerdo contempló reformas constitucionales profundas sobre diversos temas. Entre ellos la tenencia de la tierra, los sistemas judicial, militar y electoral, y los derechos humanos. Además, se creó una Comisión de la Verdad para investigar los hechos más graves de violencia, que comenzaron en 1980 y dejaron más de 75 mil muertos.

Contexto

Durante varias décadas en El Salvador no existió la separación de poderes. La ciudadanía no participaba en asuntos públicos y su capacidad de organizarse estaba limitada deliberadamente por el autoritarismo imperante, que restringía las libertades civiles y políticas. El país nunca experimentó un régimen de gobierno realmente democrático, con pleno ejercicio de derechos para la población.

Se reprimía toda forma de organización civil, incluyendo a la iglesia, asociaciones de campesinos, sindicatos y asociaciones estudiantiles. Los mecanismos de persecución política eran aplicados para infundir terror, amedrentar, desmovilizar y desmantelar a la oposición.

En los años 70, mientras aumentan las tensiones y se hacía notoria una creciente desigualdad social, surgen varios grupos guerrilleros armados. Entre ellos, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (una escisión del Partido Comunista), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estos grupos establecen fuertes vínculos con sectores obreros, campesinos y estudiantiles, utilizando además como fuentes de financiamiento para sus actividades el secuestro y la extorsión.

En 1972 se convoca a elecciones presidenciales. Tras conocerse los resultados, la oposición, que se presentó al proceso comicial bajo la coalición civil Unión Nacional Opositora, denuncia fraude, mientras el Consejo Central de Elecciones anuncia la victoria del partido oficial, que tenía como candidato al Coronel Arturo Molina.

Aumentan las tensiones sociales y se produce una ola de protestas. Las organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas incrementan sus exigencias y los grupos guerrilleros se hacen más fuertes.

Unas nuevas elecciones presidenciales pautadas para 1977 reflejan un proceso controlado por el partido de gobierno. Tras un nuevo fraude, el General Carlos Romero se juramenta como presidente. La vía violenta se vuelve cada vez más atractiva para algunos sectores sociales y políticos de oposición. La represión aumenta en la nación centroamericana. Se suceden asesinatos de líderes sociales, desapariciones y detenciones de sindicalistas, activistas y estudiantes.

Ese mismo año se promulga una Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. Su aplicación genera más de 460 personas asesinadas y 130 desaparecidas. Los enfrentamientos entre la izquierda armada y los cuerpos de seguridad del Estado se hacen más frecuentes.

Un golpe de Estado militar, producido en 1979, expulsa a Romero del poder. Se instala una Junta Revolucionaria de Gobierno. En 1980 es creado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

La violencia se incrementa, y el 24 de marzo de 1980 es asesinado en San Salvador Monseñor Arnulfo Romero, quien exigía el cese de la represión por parte de las sucesivas juntas militares. Un día antes de su muerte había hecho un llamado enérgico al ejército de su país a cesar los asesinatos de campesinos.

La tercera Junta Militar estuvo liderada por Napoleón Duarte (1980-1992). Su composición era mayoritariamente civil. Se iniciaron reformas agrarias y continuó la represión de Estado y la violencia guerrillera.  El gobierno toma el control de los medios, reprime las protestas, persigue de manera sistemática a la oposición política y a organizaciones de la sociedad civil.

El 27 de noviembre de 1980 son asesinados seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, una fuerza opositora conformada por sectores democráticos y revolucionarios. El 2 de diciembre del mismo año son asesinadas cuatro misioneras católicas norteamericanas, quienes habían sido señaladas por brindar ayuda humanitaria en zonas remotas de El Salvador.

El FMLN llama a la insurrección nacional, e invita a la población a sumarse a los Comités de Defensa Popular. Los ataques guerrilleros se suceden y la respuesta del Estado incluye toques de queda, operativos militares, patrullaje en todo el país y aumenta el control ejercido sobre la población. En 1981 se desata una ofensiva armada a gran escala e inicia formalmente la guerra civil en el país.

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador informa que desde 1979 se habían producido 32.000 asesinatos de civiles por escuadrones de la muerte vinculados al Estado. Los constantes ataques de las fuerzas del Estado debilitan al FMLN que pasa a la clandestinidad y luego propone conversaciones de paz para buscar una solución al conflicto.

En 1982 se elige una Asamblea Nacional Constituyente y se designa un gobierno provisional, presidido por Álvaro Magaña Borja. En 1983 se aprueba una nueva constitución y se llama a elecciones presidenciales que gana Napoleón Duarte, quien hace un llamado a la guerrilla a dialogar desde las Naciones Unidas. El proceso no avanza y siguen los enfrentamientos

Los Acuerdos de Esquipulas, firmados entre 1986 y 1987 fueron claves para crear los mecanismos adecuados en la búsqueda de una salida pacífica y negociada al conflicto salvadoreño. Para 1989 se convoca a elecciones presidenciales y gana Alfredo Cristiani, en un proceso en el que participan por primera vez partidos de centroizquierda. El FLMN realiza en noviembre nuevos ataques en distintas ciudades.

En 1991 el gobierno y FLMN acuerdan una serie de reformas y en 1992 se firman los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Las Naciones Unidas, con las figuras de Javier Pérez de Cuéllar y Pedro Nikken, juegan un papel importante en la mediación y en la implementación del acuerdo. La guerra civil había durado 12 años, dejando un lamentable saldo de 75.000 muertos.

Mediación y acuerdos políticos para terminar la guerra y erradicar sus causas

La negociación fue clave para el éxito del proceso de paz en El Salvador. La movilización sostenida de sectores populares y de los trabajadores presionó al Estado para alcanzar acuerdos con la guerrilla. Cuando el proceso de negociación se estancaba, la movilización insurgente presionaba. El arzobispo Arturo Rivera Damas y Monseñor Arnulfo Romero hicieron llamados vehementes a hacer uso del diálogo y al entendimiento.

El proceso de negociaciones buscaba un acuerdo de paz que se dirigiera no sólo a terminar la guerra, sino a erradicar sus causas, como indicó Pedro Nikken, quien entonces se desempeñaba como experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Nikken elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador que fue presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que criticaba de manera decidida las deficiencias de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte del gobierno.

Este proceso de negociación en El Salvador es reconocido en el mundo como uno de los más exitosos. Se establecieron mecanismos para investigar las graves violaciones de derechos humanos y determinar los responsables.

Sobre El Salvador, Pedro Nikken señaló que un proceso de paz exitoso solo es posible cuando la negociación se hace de buena fe entre las partes y se cuenta con los mecanismos que garanticen la ejecución fiel de los acuerdos alcanzados.