Tras la invitación que le hiciera el gobierno de Nicolás Maduro a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la Sra. Alena Douhan arribó al país el 1 de febrero, y luego de mantener múltiples reuniones con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, representantes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, culminó su visita este 12 de febrero, no sin antes presentar, mediante conferencia de prensa, las observaciones preliminares de su visita a Venezuela, las cuales serán abordadas de forma exhaustiva ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 48° período de sesiones a celebrarse en septiembre de 2021.

¿En qué contexto se presenta la visita de la Relatora?

En medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y una crisis de múltiples dimensiones, el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a invitar y recibir a varios de los 44 mecanismos temáticos de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de que estos mecanismos han mostrado su disposición a visitar el país y que el gobierno de Maduro y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han suscrito un compromiso de cooperación, que entre otros incluye recibir a los titulares de los procedimientos especiales temáticos.

Para ello, el gobierno de Nicolás Maduro y la Alta Comisionada acordaron en el año 2019 adoptar un calendario en el que se recibirían en el país, en los próximos dos años, al menos a diez de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. Particularmente señalaba la Alta Comisionada al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas^[1].

En el año 2020, la Alta Comisionada nuevamente insiste en la visita de los titulares de los Procedimientos Especiales al país, y adelantaba avances con el gobierno para concretar la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria^[2], las cuales no se han dado y sobre lo cual insistimos en la necesidad de que estas visitas finalmente se concreten durante el año 2021.

A pesar de lo anterior, y habiendo transcurrido más de un año del compromiso adquirido, la visita de la Relatora Especial relativa a las sanciones unilaterales es la primera que finalmente se concreta, y entendiendo que la propagación de la COVID-19 pudo afectar el desarrollo de los compromisos, tampoco existe información oficial sobre otras posibles visitas de otros Procedimientos Especiales durante el trascurso del año.

Bajo este contexto, la invitación que le hiciera el gobierno de Nicolás Maduro a la Relatora pareciera no ser casualidad, y aunque desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reconocemos la importancia de esta visita y del rol de investigación, evaluación y verificación de las Naciones Unidas a través de sus Procedimientos Especiales, no es menos cierto que la visita de la Relatora llega en medio de un patrón de incumplimiento por parte del gobierno de las obligaciones internacionales, de las recomendaciones emanadas de los órganos de protección de los derechos humanos y una falta de voluntad de cooperar y cumplir con los acuerdos internacionales vigentes.

En tal sentido, que de la invitación a la Relatora Especial relativa a las medidas coercitivas unilaterales debemos destacar al menos dos aspectos:

En primer lugar, se realiza pretendiendo aparentar una voluntad de cooperación con las Naciones Unidas, que ya hemos demostrado en el pasado no es real. El gobierno de Nicolás Maduro no tiene la voluntad de cooperar ni cumplir con los acuerdos y recomendaciones. Por el contrario continúa un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los venezolanos. A pesar de esto, no solo reconocemos la importancia de la visita de la Relatora, sino que además resaltamos que esto representa una oportunidad para insistir en la visita de otras relatorías.

En segundo lugar, con la visita de la Relatora el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado sacar el mayor provecho intentando eludir responsabilidades, atribuyendo la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país a las sanciones impuestas por los distintos países, particularmente las de Estados Unidos. Tal es así que Venezuela, bajo este discurso, denunció a principios de 2020 a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por considerar que las sanciones impuestas configuran un “crimen de lesa humanidad”. Así lo afirmó el Canciller Jorge Arreaza en una conferencia de prensa en La Haya^[3].

Al respecto, es necesario destacar que la emergencia humanitaria compleja ha existido al menos desde el año 2014. Cuando comienza a intensificarse la crisis económica y social en el país. Mientras que las primeras sanciones a sectores financieros y económicos comenzaron en el año 2017. Por lo que de ninguna manera se puede justificar la crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa el país con las sanciones impuestas.

Además de que no es posible atribuir la causa de la crisis venezolana a las sanciones unilaterales, los Estados que han impuesto estas sanciones también han establecido excepciones, de las que el gobierno de Nicolás Maduro no se ha valido o no ha querido aprovechar y que, entre otras cosas, incluyen operaciones comerciales y humanitarias.

En tal sentido que, la crisis que hoy atraviesa el país tiene un origen interno y fundamentalmente político, tras años de deterioro y desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho y como consecuencia de las malas decisiones económicas y una política de Estado que, bajo el empobrecimiento de la población, la escasez de medicinas y alimentos y una deteriorada prestación de servicios públicos, ha convertido los venezolanos en una población vulnerable. Contexto que ha sido  utilizado para crear una dependencia perfecta para el ejercicio del control y así perpetuarse en el poder.

Desde Cepaz reconocemos que la aplicación de sanciones son consecuencia de las decisiones de diferentes Estados frente una situación de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que han ocurrido contra la población venezolana. Sin embargo, en el caso venezolano las sanciones impuestas no han logrado los cambios esperados. Por el contrario, cada día se agudiza la crisis en un entorno de múltiples violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. Aún más, las sanciones sectoriales, aunque no son la causa de la emergencia humanitaria que atraviesa el país, si han tenido consecuencias en menor medida en la reducción de oferta de bienes y servicios.

Conclusiones preliminares de la visita de la Relatora

La Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos ha presentado este 12 de febrero sus conclusiones preliminares, sobre las cuales destacamos:

• Ha reconocido la existencia de una emergencia humanitaria en Venezuela, sin embargo, no se refirió a las causas directas de esta crisis, centrando sus conclusiones preliminares únicamente en el impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela, sin analizar a profundidad el origen y contexto bajo el cual se ha desarrollado esta crisis.
• Ha reconocido que las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países no cumplen con los estándares internacionales y han exacerbado la crisis aguda que atraviesa el país, sin embargo, no ha tildado estas sanciones como el origen de la emergencia humanitaria compleja.
• Ha mostrado su preocupación por la existencia de patrones de persecución y vigilancia contra las Organizaciones de la Sociedad Civil y particularmente sobre aquellas de carácter humanitario.
• Ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a implementar un acuerdo de cooperación que fortalezca la presencia de la Alta Comisionada en el país y que se faciliten las visitas de otros de los Procedimientos Especiales.
• La Relatora ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro y las agencias de la ONU a negociar acuerdos que garanticen la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales independientes.

¿Qué se espera luego de esta visita?

Luego de 12 días de visita en Venezuela de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, se espera que durante el 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a celebrarse en septiembre de 2021, la Relatora presente un informe exhaustivo sobre los hechos que ha podido verificar de propia mano. Y que en el mismo se documente una realidad que mantiene a los venezolanos en condiciones de vida alarmantes, y que lejos de ser una consecuencia de las sanciones impuestas por países democráticos, se trata de la actuación del propio Estado que socaba continuamente los derechos de la población venezolana.

Al respecto, desde Cepaz mostramos nuestra preocupación por el lenguaje poco contundente utilizado por la Relatora en sus conclusiones preliminares y las limitaciones en su discurso, que únicamente se enfocó en el impacto de las sanciones unilaterales contra Venezuela, que si bien reconocemos afectan a la población, es necesario, en el próximo informe, se alerte y aborde la situación también desde el verdadero origen de la emergencia humanitaria compleja y las sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.

Con esta visita, también esperamos que los Estados revisen constantemente la afectación que las sanciones pudieran estar ocasionando a la población y los objetivos que se han logrado alcanzar a través de las mismas. En tal sentido, que es importante que estas medidas sancionatorias se encuentren focalizadas directamente en la persona sancionada y no irrumpa la esfera de los derechos colectivos de la población.

Por último, esta visita debe servir para debatir y comprender a nivel internacional las causas reales de la crisis que atraviesa Venezuela, derrumbando el discurso que atañe esta situación a “bloqueos” o “injerencias” externas.  Por su parte, es necesario hacer un llamado a la cooperación real y transparente del gobierno de Nicolás Maduro con los organismos internacionales de derechos humanos, y esto implica que la invitación que se le hiciera a la Relatora en su momento se extienda a los demás procedimientos de las Naciones Unidas, para que constaten de propia mano y desde cada grupo de trabajo, la situación real que atraviesa el país, sus causas y las exigencias posibles al Estado venezolano para la reivindicación del disfrute de los derechos humanos de la población.

[1] https://undocs.org/es/A/HRC/42/L.4/Rev.1

[2]https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/A_HRC_44_20_UnofficialVersion_SP.pdf

[3] https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-cpi-la-haya-sanciones-ilegales-eeuu-20200213-0012.html