Un informe de Clima 21, Odevida y Mulier, señala que se ha documentado que las mujeres están siendo víctimas de esclavitud moderna, prostitución forzada y trabajo en condiciones degradantes de alta inseguridad en el Arco Minero del Orinoco.

El mismo informe describe cómo las zonas bajo explotación minera han sido ocupadas por grupos armados irregulares que ejercen un extractivismo sin control e imponen su poder mediante la violencia y la coerción. Por su parte el informe Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que un tema recurrente es la demanda en las minas de mujeres jóvenes, con edades entre los 12 y los 35 años, para la explotación sexual.

Además, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, recibió información que en las zonas mineras, si un miembro del “sindicato” quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, esta no puede negarse ni denunciar una violación, so pena de ser golpeada o asesinada.

La violación de los derechos de las mujeres en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela es un tema crítico que merece atención urgente. El Arco Minero es una zona rica en recursos minerales que ha sido objeto de una intensa actividad de extracción de minerales sin control, lo que ha llevado a graves violaciones de los derechos humanos y al deterioro del medio ambiente. Las mujeres en las minas son especialmente vulnerables a la violencia sexual y de género, incluyendo la violación, el acoso sexual y la explotación sexual.

Además, la extracción de minerales sin control contamina el aire, el agua y el suelo, lo que tiene efectos negativos sobre la salud de las personas. Estos efectos pueden ser especialmente graves para las mujeres, que a menudo tienen roles importantes en la agricultura y la pesca para la alimentación de los mineros.

Además, la actividad minera en el Arco Minero a menudo implica la explotación laboral y la falta de protección para los derechos de los trabajadores, incluyendo las mujeres. Las mujeres que trabajan en la industria minera enfrentan la discriminación, la violencia y además son sometidas a formas contemporáneas de esclavitud.

Otro desafío importante es la falta de protección para las mujeres víctimas de violencia sexual y de género en el Arco Minero. En la zona impera el control impuesto por grupos armados irregulares y las mujeres tienen escasas posibilidades de tener acceso a la justicia y a la protección del Estado contra la violencia de las que son víctimas.

En este territorio también se viene produciendo una escalada de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y contra las poblaciones indígenas, que son despojadas de sus territorios. «Entre los años 2013 y 2021, se han registrado, en Venezuela, un total de 80 casos de defensores y defensoras de derechos ambientales afectados por la violencia y la represión. De ese total, 32 defensores o líderes indígenas fueron asesinados por sicarios, grupos armados o efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», señala el informe de Clima 21, Odevida y Mulier.

La respuesta por parte del Estado venezolano ha sido escasa, en algunos casos solamente se ha limitado a aumentar la presencia militar en las zonas mineras, «lo que ha generado nuevas violaciones a los derechos de las poblaciones indígenas, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, persecuciones contra líderes indígenas y hostigamiento contra la población».

La inacción del Estado venezolano ha facilitado el agravamiento de la situación en el Arco Minero del Orinoco. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar los enormes daños ambientales que esta actividad minera sin control ha producido y se aborden sin dilación la violencia y la explotación de personas en la región.