La investigación de Venezuela sigue avanzando en la Corte Penal Internacional. Se trata de la primera investigación de las Américas ante la Corte y la primera en la historia que ha sido remitida por los Estados Parte del Estatuto de Roma. Si bien en los últimos tiempos la investigación en la CPI y las de la Misión Independiente de Investigación de la ONU han jugado en Venezuela un papel disuasivo que ha podido tener un impacto en la posible disminución de los crímenes cometidos por el Estado, esto no ha significado el desmantelamiento real de las estructuras represivas en el país, ya que las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo.
En un esfuerzo por promover la discusión y arrojar luz sobre las graves violaciones de derechos humanos que han tenido y siguen teniendo lugar en Venezuela, en medio del desafío de la próxima entrada al bienio electoral en el país, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, organizaron un evento paralelo a la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, que permitiera seguir creando conciencia sobre estos temas.
La Coalición Justicia y Verdad Venezuela, con el apoyo y trabajo de las organizaciones Acceso de la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis Derechos Humanos, Foro Penal, Provea, Aministia Internacional y Due Process of Law Foundation, se reunieron en el marco de la Asamblea de los Estados miembros de la Corte penal Internacional que tuvo lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, para para discutir los avances y retos de la investigación de Venezuela por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
El evento, que tuvo por nombre “La situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional: Avances y desafíos de la primera investigación en las Américas” fue realizado el 8 de diciembre en presencia de miembros de organizaciones internacionales, representantes de misiones diplomáticas y defensores de diferentes partes del mundo. Su panel estuvo conformado por Michelle Reyes de Human Right Watch, Katherine Valencia de DPLF, Beatriz Broges de Cepaz, Gonzalo Himiob de Foro Penal, Marino Alvarado de Provea, Meudy Osío de la Fundación Fernando Albán, y contó con la moderación de Faisal Yamil.
Enfoque multidimensional
Los temas debatidos revelaron la complejidad de la situación venezolana y la importancia de mantener un enfoque multidimensional. Desde la complementariedad en la investigación, hasta la participación de la sociedad civil y las víctimas. Con cada aspecto se tejió una narrativa que resaltaba la urgencia de la justicia y la responsabilidad internacional y la necesidad de mantener un monitoreo crítico y activo en la instalación de la Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas y las labores de asistencia técnica que se ofrecen a las instituciones venezolanas.
En concreto, la agenda de discusión buscó navegar sobre el análisis de las nuevas políticas de cooperación y complementariedad dual de la Fiscalía de la Corte en su labor de apoyar a los Estados en el desarrollo de investigaciones y juicios nacionales, a los fines de conectar con las implicaciones que tiene ello en el caso venezolano, de cara a la implementación de los Memorandos de Entendimiento que ha suscrito el Gobierno con el Fiscal Karim Khan.
Las expertas de Human Right Watch y DPLF advirtieron que esta estrategia puede estar comprometida en la medida que la asistencia técnica se estaría prestando al mismo gobierno que está siendo investigado, al tiempo que siguen existiendo dificultades de transparencia y acceso a la información sobre las comunicaciones, compromisos y acuerdos entre la Fiscalía y el Gobierno por parte de las víctimas y la sociedad civil. Asimismo, nos encontramos en una situación de falta de claridad sobre referencias comparativas que permitan evaluar la real cooperación del Estado y el progreso de la pretendida asistencia técnica. Una confidencialidad exacerbada, puede poner en riesgo una verdadera justicia y un desenlace efectivo de la investigación.
En ese orden de ideas, fue destacado que Venezuela, inmersa en un contexto electoral tenso, ha experimentado un aumento de la violencia política y la represión gubernamental. Para la experta de Cepaz, las elecciones presidenciales de 2024 plantean desafíos significativos en un entorno donde las graves violaciones de derechos humanos persisten a pesar de los esfuerzos de la CPI y los avances de la investigación del Fiscal.
Aprovechar los hallazgos de la Misión
Los argumentos expuestos demostraron que en Venezuela la comisión de hechos que podrían calificar como crímenes de lesa humanidad no ha cesado, sino además se espera un incremento de los mismos, y por tanto las iniciativas de apoyo con la administración de justicia nacional y el fortalecimiento legislativo e institucional, pero sobre todo las investigaciones que está desarrollando la Corte, deben ser coherentes con las circunstancias y reconocer y caracterizar adecuadamente la grandes problemáticas de los órganos del Estado. Foro Penal abonó a esta idea, y alertó sobre la persistencia de las estructuras represivas en el Estado e incluso su sofisticación. Aunado a la posibilidad de la operatividad de esta violencia política en un clima de absoluta impunidad que gozan los distintos posibles perpetradores, entre ellos, los colectivos armados que operan bajo la complacencia y complicidad del Gobierno, como señaló el representante de Provea.
Se insistió que en Venezuela siguen sin realizarse investigaciones rápidas, exhaustivas, transparentes e imparciales y por tal motivo, el aprovechamiento y la cooperación con otros mecanismos investigativos internacionales como la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos, es crucial y su mandato para documentar mayores y nuevas violaciones durante los distintos periodos electores de los siguientes dos años es completamente necesario, tanto para las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la propia Fiscalía de la CPI.
Solo los mecanismos internacionales como la Misión y la CPI, al día de hoy, representan una esperanza de justicia real para las víctimas. Así, lo destacó, Meudy Osio, viuda del concejal Fernando Albán, quien fue detenido arbitrariamente en 2018 y murió en custodia del Estado.
Llamado a la acción
El evento concluyó dejando en claro que la situación en Venezuela requiere no solo atención, sino acciones significativas y colaborativas. Se reflexionó sobre la responsabilidad compartida de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos y la importancia de mantener un enfoque a largo plazo.
En última instancia, este evento no solo fue una plataforma informativa, sino un llamado a la acción. Resaltó la necesidad de una atención continua y las medidas efectivas para abordar las complejidades y desafíos del desarrollo de la primera investigación de las Américas ante la CPI en el medio de elecciones, patrones de persecución, el recrudecimiento de la emergencia humanitaria compleja y un aproximamiento de ambigüedad constructiva de parte de las Naciones Unidas y la comunidad internacional frente a la situación venezolana, que ha apostado a la normalización y el olvido de la crisis.
