La represión en Venezuela, aunque no es un fenómeno nuevo, muestra en 2024 un preocupante incremento. Desde principios del año, en el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos observado una represión feroz, con la aplicación de tácticas de persecución por parte del gobierno dirigidas a silenciar a las voces críticas y acallar las manifestaciones y protestas que estallaron tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Tan solo en los primeros siete meses de este año Cepaz documentó 498 actos de persecución y criminalización. De los cuales, 251 se llevaron a cabo en el mes de julio. Estos casos registrados no representan la totalidad de las violaciones, sino que ejemplifican una tendencia alarmante. Como lo hemos señalado, la magnitud de la represión, la censura y el miedo generalizado en la población de denunciar los abusos, dificultó la documentación de la totalidad de los casos, enfocándonos principalmente en demostrar la existencia de una política de represión basada en la ejecución de determinados patrones de persecución y criminalización.

Después del proceso electoral la represión ha seguido intensificándose. Nicolás Maduro reconoció públicamente la detención de más de mil personas tras las protestas generadas por la falta de transparencia en las elecciones, y advirtió que las cifras podían aumentar.

Monitoreo del mes de julio

La población fue la categoría de sujetos víctimas de la mayor cantidad de actos de hostigamiento y criminalización durante el mes de julio. En este periodo, se documentaron 138 actos cuyo objetivo fue silenciar a la ciudadanía y disuadir su participación en las protestas post-electorales. También 61 personas vinculadas con la política fueron víctimas de la ejecución de determinados patrones de persecución y criminalización, siendo las detenciones arbitrarias el más utilizado. Le siguen como categorías de sujetos más perseguidos los trabajadores de la comunicación con 50 casos y las organizaciones no gubernamentales con dos.

Ciento cuarenta y ocho personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, mientras que 41 enfrentaron actos de hostigamiento y amenazas. Veintiún personas murieron a manos de los colectivos armados, las fuerzas de seguridad del Estado y actores desconocidos. Estas muertes violentas reflejan el alto precio de expresar descontento en un entorno donde el gobierno utiliza la fuerza para sofocar la voz de la oposición y cualquier disidencia.

Además, 15 páginas web fueron bloqueadas, una emisora de radio fue cerrada y tres establecimientos comerciales fueron clausurados durante el mes de julio. Se produjeron cinco allanamientos irregulares, ocho impedimentos de registrar un hecho noticioso, cinco obstaculizaciones de vías para impedir manifestaciones, tres emisiones de órdenes de aprehensión y una irregularidad en procesos judiciales.

En 207 de los casos los perpetradores fueron las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que en 12 casos participaron funcionarios del Estado y en 11 casos los perpetradores fueron personas adeptas al gobierno. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con 8 casos; las empresas proveedores de internet (7 casos); la Fiscalía General de la República (3 casos); el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (2 casos) y el poder judicial (1 caso) también integran la lista de perpetradores.

Estas acciones demuestran una política de hostigamiento continuo y una utilización del poder estatal para coartar las libertades civiles y políticas en Venezuela. Al restringir los espacios de libertad de expresión, asociación y protesta, el gobierno no solo silencia voces disidentes, sino que envía un mensaje claro de intimidación a través de castigos ejemplarizantes, al tiempo que se profundiza la crisis de derechos humanos que afecta al país.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Julio 2024