El pasado mes de septiembre, y a propósito de la celebración del 54° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentó su cuarto informe sobre Venezuela, y con ello una nueva alerta sobre las restricciones al espacio cívico y democrático en el país, acompañado de graves violaciones a los derechos humanos.
Mecanismos de represión identificados por la Misión de Determinación de los Hechos
La Misión de Determinación de los hechos advirtió sobre la forma sofisticada que ha tomado el aparato opresivo del Estado, a través del uso de tácticas de “línea dura” y tácticas de “línea blanda” para atacar a personas y organizaciones percibidas como enemigas. A juicio de la Misión, el uso de estas tácticas depende de los niveles de intensidad, naturaleza y relevancia que las acciones de disidencia tengan para el Estado, sin embargo, ambas se encuentran vigentes, son frecuentemente utilizadas y se complementan una con otra.
Bajo esta forma de represión sofisticada, la Misión identificó la ejecución de determinados patrones, entre ellos, la privación arbitraria de la vida, la desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la violencia de género. Asimismo, la Misión identificó otras formas de represión contra personas consideradas enemigas al partido oficialista. Específicamente la Misión se refirió a ataques físicos o amenazas, campañas de difamación y estigmatización, criminalización, inhabilitaciones políticas, censura y restricciones arbitrarias a los medios de comunicación, restricciones a la creación y el funcionamiento de la sociedad civil y los partidos políticos.
¿Cómo impactan los mecanismos de represión en el cierre del espacio cívico?
Los patrones de represión documentados por la Misión de Determinación de los Hechos impactan directamente en el cierre del espacio cívico nacional. La Misión detalló que estos patrones inciden en el acceso a la información de la población, en la defensa de los derechos humanos y en el pluralismo democrático, elementos fundamentales de un espacio cívico amplio y seguro.
- La autocensura como medida de protección.
La Misión destacó los riesgos de ejercer la labor periodística en Venezuela. Las amenazas, las sanciones administrativas, las detenciones arbitrarias, la criminalización selectiva, la estigmatización e intimidación por parte de las autoridades contra las y los periodistas; son algunos de los patrones identificados por la Misión, que originan un temor en el desempeño de las actividades de este sector y que los lleva a acudir a la autocensura como mecanismo de protección.
Este contexto, aunado a otros factores vinculados con la emergencia humanitaria compleja, aclara la Misión de Determinación de los Hechos, ha generado en Venezuela un “desierto informativo”, y en consecuencia la escasez de información confiable, independiente y completa, que afecta al periodismo pero que también impacta en la posibilidad de la población de mantenerse informado y de participar activamente en los asuntos públicos del país.
- Defender derechos humanos tiene un riesgo en Venezuela.
La Misión de Determinación de los Hechos identificó actos de difamación, estigmatización, detenciones arbitrarias, criminalización, hostigamientos y amenazas como patrones ejercidos por el Estado para transmitir un mensaje contundente e intimidador a quienes pretendan denunciar violaciones o hacer llamados públicos y reclamos en favor de la garantía de derechos. Estos mecanismos de represión causan un efecto inhibidor no solo en las personas defensoras de derechos humanos y activistas, sino también en otras personas que quieran denunciar una injusticia o violación.
Acompañado del contexto de criminalización que obstaculiza la labor de la sociedad civil venezolana, la Misión también identificó restricciones normativas y administrativas que impiden el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el país, que van desde su registro hasta la posibilidad de obtener recursos para su funcionamiento.
- Sin pluralismo no hay espacio cívico seguro.
La Misión de Determinación de los Hechos alertó sobre las intervenciones judiciales y administrativas de las organizaciones con fines políticos como patrones que obstaculizan gravemente el funcionamiento interno de estas organizaciones. A juicio de la Misión, este contexto impacta profundamente en los procesos democráticos y en el pluralismo electoral, esto se traduce en el debilitamiento de la autonomía de las organizaciones con fines políticos en el país, en la imposibilidad de tomar decisiones de forma independiente, en la capacidad de los individuos de presentarse como candidatos a cargos políticos y por tanto compromete la capacidad de la ciudadanía de elegir entre representantes diversos.
Más de 1700 casos de persecución y criminalización desde el año 2021
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a través de nuestro monitoreo, hemos registrado en los últimos 3 años la perpetración de más de 1700 casos de persecución y criminalización a través de acciones sistemáticas, planificadas y sofisticadas expresadas en al menos 24 patrones.
Esta política de persecución y criminalización tiene un impacto tajante en la garantía de los derechos que componen un espacio cívico amplio y seguro, como lo son el derecho de asociación, reunión, manifestación, opinión y participación. Derechos que se manifiestan en los elementos que han sido suficientemente desarrollados por la Misión de Determinación de los Hechos, en el acceso libre, seguro y plural de la información, en un entorno propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos, y en un espacio de pluralismo democrático que permita un debate amplio de ideas, elecciones libres, auténticas y transparentes y la garantía de alternancia en el poder.
Así pues, en un contexto de persecución y criminalización como el que atraviesa Venezuela, bajo un sistema de impunidad y control institucional que le permite al Estado el uso de tácticas para mantener el mecanismo opresor más fuerte y sofisticado, perduran y se agudizan las restricciones al espacio cívico nacional, el cual se encuentra bajo un estado de control, vigilancia y miedo sobre los actores que no encuentran un entorno libre y seguro para desarrollarse.
Finalmente, estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que van cercando progresivamente el espacio cívico nacional forman parte del sistema de represión que el Estado ha empleado desde al menos una década en el país y que requiere de mecanismos como la Misión de Determinación de los Hechos y otros mecanismos de las Naciones Unidas, no solo para visibilizar y denunciar la situación, sino para que sus recomendaciones se conviertan en acciones y obligaciones que debe asumir el Estado en pro de garantizar un espacio cívico abierto y seguro para todos los actores.
