El pasado martes 18 de enero se realizó un debate ministerial abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acerca de cómo la violencia contra las mujeres amenaza su participación plena en los procesos de paz y seguridad. La discusión fue propiciada por Noruega, país que ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de enero.

La paz sin mujeres no es sostenible

En su intervención, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos, y su participación en los procesos de paz, es reducida. Sin embargo esta es necesaria para luchar contra las causas del conflicto y su impacto, incluyendo la violencia de género”.

“La aplicación de la Resolución 1325 sobre Mujeres, paz y seguridad, aumenta la protección de las mujeres defensoras y constructoras de paz. Sin embargo, en realidad solo el 1 por ciento del financiamiento en situaciones de conflicto llega a las organizaciones de mujeres. Tampoco hay un entorno propicio para la participación de la mujer”, agregó la Alta Comisionada.

Indicó Bachelet que su oficina ha verificado los asesinatos de 35 defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas en varios conflictos. “También hemos visto ataques a mujeres que trabajan en temas de salud reproductiva y corrupción, entre otros”.

La intimidación, la violencia y las represalias contra las mujeres que cooperan con la ONU es muy elevada, aseguró Bachelet. Incluso en países que están dentro del programa del Consejo de Seguridad. “Ello es muy negativo para la paz”.

Agregó la Alta Comisionada que la Resolución 1325 busca estrategias para la participación de la mujer en la vida pública. La protección de sus derechos es esencial. La comunidad internacional debe seguir dando a la mujer la posibilidad de participar, creando un espacio de relación entre el Consejo de Seguridad con las organizaciones de mujeres. Añadió que obtener datos desagregados de la participación de la mujer en los procesos de paz es esencial.

Para Bachelet “las decisiones en materia de paz que no reflejan las voces, realidades y derechos de las mujeres no son sostenibles. Debe haber una defensa clara y una inversión significativa en las mujeres defensoras de derechos humanos y constructoras de paz”.

“El trabajo de abordar la discriminación, la desigualdad, la negación del espacio cívico de las mujeres y la violencia de género también debe ser una prioridad”, concluyó Bachelet.

Romper el silencio

Por su parte, Zarqa Yaftali, directora ejecutiva de la Fundación de Investigación Legal de Mujeres y Niños, explicó que es un momento crítico para las mujeres en Afganistán. Indicó que hace un año solicitó que los avances de las mujeres en ese país fueran protegidos por la comunidad internacional. “El mundo no escuchó”, aseveró.

Yaftali se dirigió en esta oportunidad al Consejo de Seguridad como refugiada. Pues, como señaló, todos los avances logrados por las mujeres en Afganistán se perdieron. “He perdido mi país de la noche a la mañana”. Mujeres y niñas manifiestan en Kabul y en otros lugares para que se les devuelva el derecho al trabajo y a la educación. Sufren amenazas de los talibanes por hacerlo. Algunas han sido detenidas o desaparecidas. “No sabemos si están vivas o muertas”.

Paz negociada

“Afganistán es un ejemplo de lo que puede suceder cuando la comunidad internacional no cumple sus promesas”, advirtió. Ya es hora de que el Consejo de Seguridad rompa el silencio sobre el futuro de los 30 millones de afganos, de los cuales aproximadamente 15 millones son mujeres. Estableciendo claramente cuáles son sus expectativas en la protección de los derechos de la mujer por parte de los talibanes, incluyendo el acceso a la educación, el trabajo y la participación sin restricciones y el derecho a defender derechos sin represalias.  

Es necesario que se solicite en Afganistán un proceso de paz negociado con plena participación de la mujer en todas sus fases. “Por favor rompan su silencio”, solicitó Yaftali al Consejo de Seguridad.

Aumento de las represalias

Kavaya Asoka, representante del grupo de ONG sobre mujeres, paz y seguridad, una coalición de 18 organizaciones que lleva 20 años defendiendo el derecho de la mujer y su participación en la paz y la seguridad, dijo que el aumento de las represalias contra las personas que van a Consejo de Seguridad a dar información es alarmante. “Se cierra el espacio público, se erosionan los derechos humanos y hay un un entorno cada vez más misógino”.

“Más o menos un tercio de las mujeres que hemos apoyado para informar al Consejo de Seguridad han sido intimidadas o han sufrido represalias. El 67% de los casos fueron cometidos por actores estatales. Esa es solo la punta del iceberg”. Muchos casos no han sido denunciados por temor a represalias o por desconfianza de que serán investigados, indicó Asoka.

“Las mujeres defensoras necesitan financiamiento para necesidades urgentes como seguridad personal, reubicación, hacer sus casas y oficinas más seguras, pagar honorarios legales, entre otras. Si bien las medidas de protección pueden mantenerlas a salvo temporalmente, solo un apoyo político genuino a su trabajo puede garantizar su seguridad a largo plazo”, añadió.

Detener la intimidación

“El silencio es complicidad. No pueden permitirse la inacción si quieren cumplir con sus obligaciones en virtud de la agenda de mujeres paz y seguridad”. Asoka instó a los estados miembros del Consejo de Seguridad a detener la intimidación, ataques y represalias, poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas a todos los que cometan estos actos y a brindar el apoyo político “que puede mantener con vida a una defensora de derechos humanos”.

“Hace falta un entorno seguro para las defensoras, despenalizar su labor y aprobar leyes que protejan sus derechos. Les instamos a desafiar a aquellos que creen que no es el lugar de la mujer cuestionar la autoridad, alzar la voz contra el abuso, desafiar el poder y el patriarcado. Respondiendo que el lugar de la mujer es exactamente donde ella decide que debe estar, ya sea luchando por los derechos humanos, participando en un proceso de paz, protestando en las calles o sentándose en esta sala con ustedes”, finalizó Asoka.

Recomendaciones de los Estados 

En la ronda de participación de los Estados miembros se solicitó al Consejo de Seguridad a instar al Secretario General a garantizar la asignación de recursos específicos para responder a las amenazas contra las mujeres constructoras de paz. Los comités de sanciones deben utilizarse para hacer justicia a los autores de tales actos. Las Naciones Unidas debe defender a las mujeres informantes y condenar todos los ataques contra ellas.

También se solicitó dar un enfoque de tolerancia cero hacia las represalias, así como brindar especial atención a las mujeres que informan al Consejo de Seguridad, poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familiares. Otra de las recomendaciones fue la creación de un protocolo de protección y seguimiento de casos individuales.

Garantizar una respuesta adecuada

Por su parte la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega y Presidenta del Consejo en enero, Anniken Huitfeldt, recalcó que la participación de las mujeres debe convertirse en “la nueva normalidad”. Destacó que las mujeres constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos deben poder contar los recursos que necesitan. “Si sucede lo peor, debemos garantizar una respuesta adecuada”, expresó.  Huitfeldt, instó a trabajar para alcanzar el objetivo de garantizar la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz.