Los integrantes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela expresaron en un comunicado su profunda preocupación por la situación de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, detenida el pasado 9 de febrero.

«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», indicó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Investigaciones con pleno respeto a los derechos humanos

Por su parte Francisco Cox, miembro de la Misión, recalcó que «el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos». Aseveró que no desconocen el derecho del Estado a investigar, pero estas investigaciones deben hacerse «con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales».

«De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes», remarcó Patricia Tappatá, también integrante de la Misión.

Patrones documentados en otros casos

«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», subrayó Valiñas. Para la experta, «es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos».

Luego de la publicación de este comunicado, la presidenta de la Misión fue entrevistada por Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo. Valiñas indicó que en el caso de Rocío San Miguel han detectado «varios de los patrones que ya habíamos identificado en otros casos anteriores, en los cuales una persona es detenida, y como en el caso de San Miguel, no se le permite contactar a sus familiares ni a sus abogados privados».

«Según la información de su equipo legal, sus abogados sí buscaron información en la sede del Sebin durante el fin de semana para saber si estaba ahí detenida». Sin embargo, les negaron cualquier tipo de información sobre el paradero de San Miguel, lo que a juicio de Valiñas es muy preocupante. «Son horas cruciales del inicio de la detención de una persona, en que necesita estar protegida y tener acceso a todos sus derechos del debido proceso, que incluyen el acceso a un abogado de su elección. Se necesita saber dónde está detenida y cuál es su estado de salud».

Detención de personas familiares

Otro motivo de preocupación para la Misión es el patrón de detención de personas familiares, o personas cercanas a quien está siendo acusada. Para Valiñas, esto tiene un impacto muy grande en la persona que se quiere intimidar.  

También alertó sobre el uso de la legislación contra el terrorismo en estos casos, que ha sido ya advertido por otros relatores especiales de Naciones Unidas. «No está acorde con los estándares internacionales el uso de este tipo de legislación para estos casos», dijo.

Sobre la desaparición forzada

Recordó Valiñas que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada dispone que una desaparición se considera forzada cuando una persona está privada de libertad y hay una negación de información o reconocimiento de dicha privación de libertad, o se desconoce el paradero de la persona detenida.

«Hemos documentado ya de forma bastante amplia y exhaustiva sobre varios casos en los que vemos algunos de los elementos que encontramos en el caso de Rocío San Miguel».  Estos elementos incluyen el hecho de que las personas son detenidas durante un periodo mínimo de dos días o más, sin que se les permita tener acceso a su equipo legal de elección.

«También hemos documentado en casos anteriores que las órdenes de captura tienen fechas superiores a lo que las personas que fueron detenidas reportan. Esto no sabemos si es el caso aquí, pero ha sido un instrumento utilizado para dar la apariencia de que la persona es detenida y presentada al juez dentro del lapso legal», destacó Valiñas.

Sin pruebas suficientes

Además, la Misión ha investigado otros casos similares en los cuales las pruebas presentadas por el Ministerio Público no han sido suficientes para fundamentar las imputaciones. «Esto es lo que hemos visto en varios casos de personas defensoras de derechos humanos, que hacen un trabajo de documentación de las actuaciones de las autoridades, y que son detenidas con base en una prueba insuficiente y están siendo acusadas de crímenes bastante graves», como traición a la patria, conspiración, y terrorismo.

Para la presidenta de la Misión otro elemento es la violencia ejercida contra las detenidas por su condición de ser mujer. «Hemos identificado algunos elementos específicamente relacionados con mujeres detenidas, que son un factor de preocupación. Es por eso que es tan importante que tengan acceso a su equipo legal, que se puedan monitorear las condiciones en las cuales están detenidas, su estado de salud, su bienestar».

También ha documentado la Misión que durante algunos allanamientos a los domicilios de las personas detenidas por este tipo de delitos se han cometido graves faltas en la actuación de las autoridades. «Hemos hasta documentado casos en que se plantaron pruebas falsas».

El espacio cívico venezolano se cierra cada vez más

A juicio de Valiñas este tipo de detenciones buscan impedir que la sociedad civil haga análisis, control, documentación y denuncia de aquellas actuaciones por parte de las autoridades que puedan constituir violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. «Son la forma más grave y más eficaz de silenciar a aquellas personas que están monitoreando las actuaciones de las autoridades. Seguimos documentando estos hechos».