En el marco de la celebración del 46° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha presentado, a través de su presidenta, la Sra. Marta Valiñas, la actualización oral sobre los avances de su investigación en relación a los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Esta misión se creó el 27 de septiembre de 2019, por medio de la Resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con el fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los responsables.
El 16 de septiembre de 2020 la misión presentó un informe exhaustivo en donde concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido crímenes de lesa humanidad, en el que incluyó el delito de persecución. La misión reafirmó la necesidad de que los perpetradores rindan cuentas, para lo cual hizo un llamado al Estado venezolano a realizar investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos y los delitos descritos en el informe; a la comunidad internacional a que inicien, bajo el principio de jurisdicción universal, las acciones legales contra los responsables de las violaciones y delitos cometidos en Venezuela y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración.
El 6 de octubre de 2020, a través de la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, extendió el mandato de la misión hasta septiembre de 2022, quedando comprometida a presentar actualizaciones orales y escritas en los próximos periodos de sesiones (46°, 48°, 49° y 51°)
Ahora, este miércoles 10 de marzo, durante la presentación de la actualización oral por parte de la misión, sus miembros han destacado su preocupación por la agudización de la persecución política en Venezuela contra toda persona percibida como enemigo interno u opositores al gobierno. Asimismo, resaltó la falta de cooperación con el organismo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La misión alertó en su actualización sobre el uso de la Asamblea Nacional oficialista como un instrumento de persecución, resaltando como a pocos días de haber asumido el poder, a través de unas elecciones parlamentarias que la misión ha considerado carente de autenticidad, el parlamento ha conformado una “Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el período 2016-2021”.
Por otra parte, señaló la agudización de la censura, alertando sobre la represión contra las venezolanas y los venezolanos que se manifiestan contra la situación política y exigen la restitución de sus derechos económicos y sociales. Particularmente, la misión destacó como, en este contexto de protestas, desde la última actualización de septiembre de 2020 hasta la fecha ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias, en la que además se encuentran involucrados periodistas y la prensa libre independiente, quienes también son víctimas de otros patrones de criminalización que buscan silenciar la realidad política y social que atraviesa el país.
Asimismo, la misión ha sido contundente en cuanto a la persecución y criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil, mostrando su preocupación por lo que parece ser una tendencia creciente a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y derechos humanos. Resaltó además el endurecimiento de los requisitos para el registro, para recibir financiamiento proveniente de la cooperación internacional, y para el funcionamiento de estas organizaciones.
Por último, la misión destacó la falta de cooperación por parte del gobierno de Nicolás Maduro con dicho organismo, haciendo un llamado a la necesidad de establecer los hechos y reconocer los errores que se han cometido.
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hacemos un llamado de alerta ante esta grave situación de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos, y exigimos el fin de la persecución y criminalización a quienes, desde distintos espacios se manifiestan, expresan y ejercen su labor legítima.
En apenas dos meses del año 2021, hemos documentado a través de nuestro monitoreo al menos 127 hechos que constituyen actos de persecución y criminalización en Venezuela. Durante el mes de enero ocurrieron al menos 79 actos de persecución o criminalización y durante el mes de febrero ocurrieron al menos 48 actos de persecución o criminalización contra personas y organizaciones a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos, entre ellos dirigentes políticos, diputados, trabajadores del poder legislativo, trabajadores de la prensa y medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Alertamos que esto ocurre como parte de un ataque, en la implementación de una política de persecución y criminalización por parte del Estado, que si bien afecta de forma diferenciada y en distintos contextos a cada sujeto, se encuentra enmarcada en patrones comunes que son aplicados de forma masiva, continuada y sistemática y que desde Cepaz hemos venido documentando desde el año 2014.
