La situación actual de Venezuela obliga a una reflexión profunda y honesta sobre el rol que ha jugado, y que aún puede jugar, la comunidad internacional. Desde el Centro de Justicia y Paz consideramos indispensable situar este momento dentro de una trayectoria más amplia de advertencias, propuestas y oportunidades que no fueron atendidas a tiempo ni de forma eficaz.
Desde 2017, nuestra apuesta fue clara: la crisis venezolana no podía seguir siendo tratada como un asunto interno, ni abordarse con respuestas aisladas y desarticuladas. Desde Cepaz y en coalición con diversos actores de la sociedad civil venezolana, impulsamos de forma sostenida una lectura integral de la crisis, entendida como un fenómeno multidimensional que combina aspectos sociales, humanitarios, de derechos humanos, de seguridad regional y de estabilidad democrática. No pedimos solo atención internacional. Exigimos una respuesta temprana, coordinada e integrada, estratégica y con la participación de múltiples actores anclada en la paz y en los derechos humanos, entendiendo que la base del conflicto es de carácter político.
En ese marco, activamos espacios de incidencia en el sistema interamericano, en Naciones Unidas y con la sociedad civil internacional, así como diálogos con actores vinculados a la seguridad regional. Documentamos violaciones, denunciamos patrones estructurales y propusimos rutas políticas concretas. En múltiples momentos advertimos que la inacción o la respuesta tardía tendría costos mayores, no solo para Venezuela, sino para toda la región.
Nuestro llamado fue insistente: un multilateralismo preventivo, capaz de proteger a la población y de evitar escenarios de mayor violencia o de intervención forzada. Exigimos una respuesta asertiva y coherente de los órganos y la comunidad internacional, que combinara simultáneamente acción humanitaria, protección de derechos humanos y recuperación de la democracia con articulación estratégica de la sociedad civil, que acompañara el restablecimiento del orden constitucional para permitir elecciones libres y transparentes. Ese fue el sentido de nuestros pronunciamientos y análisis difundidos durante esos años, en los que alertábamos que la falta de una acción integrada terminaría cerrando las opciones pacíficas.
Lamentablemente, la disposición para impulsar una respuesta multilateral ha estado condicionada por divisiones políticas internacionales. Recordemos que en 2020, en diálogo con la sociedad civil, se reconoció que el Consejo de Seguridad estaba “profundamente dividido” sobre Venezuela y sin “apetito” para avanzar mientras persistiera esa división. La consecuencia ha sido la acumulación de discusiones sin una acción sostenida y eficaz, mientras la población permanece expuesta sin protección.
Cepaz y organizaciones aliadas advertimos que, en contextos de emergencia compleja, la respuesta de la comunidad internacional y especialmente ONU debía estar guiada por sus responsabilidades en derechos humanos y por el principio de no hacer daño, evitando actuaciones y más concretamente, omisiones, que debiliten la confianza de la población y de las víctimas. Hoy, confirmamos que nuestras advertencias no fueron escuchadas.
Por otro lado, durante años, la sociedad civil venezolana ha mantenido un vínculo constante, sistemático y de buena fe con los mecanismos de Naciones Unidas en el terreno; en particular, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, y la Oficina del Coordinador Residente.
Esa relación combinó participación activa por parte de las organizaciones de derechos humanos, junto con críticas claras y reiteradas frente a las limitaciones observadas en el cumplimiento de sus mandatos, especialmente el mandato de protección. En ese marco, se recibieron respuestas institucionales que intentaban compartimentar artificialmente los mandatos, la llamada “política de la ambigüedad constructiva” separando la acción humanitaria de la protección de los derechos humanos. Ante ello, la respuesta de las organizaciones de derechos humanos fue contundente y reiterada: las respuestas desarticuladas no solo son ineficaces, sino que terminan vaciando de sentido la participación de Organización, pues una acción humanitaria que no se sustenta en el respeto a los derechos humanos y a principios democráticos básicos, no mejora las condiciones de vida de la población. En este sentido, se elevaron propuestas a las distintas instancias competentes, incluyendo la Secretaría General, para generar una respuesta coordinada y basada en principios. Tampoco estas fueron escuchadas.
2024: la oportunidad política que el mundo dejó pasar
El año 2024 representó una coyuntura inédita. Tras años de trabajo sostenido de organizaciones nacionales e internacionales y actores políticos, se abrió una oportunidad concreta: el proceso electoral para los comicios presidenciales. No se trataba de una elección perfecta, pero sí de un punto de inflexión realista, capaz de encauzar una salida democrática con acompañamiento internacional. En ese sentido, se planteó con claridad que, incluso en un momento crítico, existían posibilidades para una transición democrática y que era tiempo de que la comunidad internacional apoyara una solución conducida por los propios venezolanos.
Durante ese año, gracias a la activación y coordinación de la sociedad civil con los organismos internacionales, se logró la articulación de una arquitectura de observación y acompañamiento electoral, con la participación de las Naciones Unidas y otros actores internacionales, así como un trabajo técnico sólido desde el Centro Carter.
Varias organizaciones de la sociedad civil planteamos rutas claras para acompañar y participar de ese proceso. En ese contexto, insistimos públicamente en que Naciones Unidas no podía limitarse a observar, sino que debía asumir un rol activo como garante político de un proceso de transición democrática, tal como lo hemos desarrollado en nuestros análisis sobre el rol estratégico del sistema multilateral.
El Panel de Expertos de Naciones Unidas que observó el proceso electoral publicó su informe preliminar pocos días después de los comicios, señalando que las elecciones no habían cumplido con las garantías mínimas para ser consideradas democráticas. Ese acto, lejos de constituir una injerencia, fue la respuesta más coherente que pudo ofrecer el mecanismo, y fue recibida como tal por la sociedad civil venezolana. Pero la publicación del informe generó repudio por parte de Venezuela y de otros actores del sistema internacional, quedando reflejados en los debates posteriores en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para el momento en que tuvo lugar dicho debate, el 5 de septiembre de 2024, la situación en el terreno se había deteriorado de manera acelerada. Ya no se trataba de escenarios de alerta temprana ni de prevención. La represión postelectoral, que sumó al menos 1.848 detenciones políticas, decenas de muertes y de desapariciones forzadas, había generado un riesgo grave, inmediato y sostenido para la población civil, configurando una crisis abierta de protección.
Nuevamente, la respuesta de múltiples actores fue aquella de 2020: el Consejo está dividido, no hay apetito político para abordar el caso y el costo de abrir debates incómodos es demasiado alto y poco productivo. Incluso propuestas concretas para la acción del Consejo elaboradas, desde la sociedad civil no avanzaron, arguyendo los mismos motivos, pese a haber recibido acogida técnica positiva.
En el período postelectoral, la sociedad civil venezolana activó mecanismos de alerta e incidencia internacional frente al rápido deterioro de la situación de derechos humanos y la usurpación de la voluntad popular. En ese contexto, se produjeron pronunciamientos públicos y una comunicación conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Naciones Unidas, en respuesta a la represión postelectoral y a los riesgos graves e inmediatos para la población civil.
Se sostuvieron también reuniones y gestiones de incidencia con Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como con países de la región, el Parlamento Europeo y la Organización de los Estados Americanos, que celebró sesiones específicas sobre la situación en Venezuela. Estas acciones buscaron advertir sobre la gravedad de la represión, el fraude electoral, la ausencia de garantías de protección y la necesidad de una respuesta internacional coherente y basada en derechos humanos, en un momento en el que el riesgo para la población era ya inminente y sostenido.
La oportunidad se cerró. El tiempo pasó. El costo de no haber actuado políticamente en 2024 es parte directa de la crisis que enfrentamos hoy.
2026: lecciones incómodas y el deber de acompañar una transición democrática real
Hoy es inevitable hacer una reflexión incómoda, pero necesaria: la comunidad internacional no actuó diligente ni efectivamente, tanto en lo político como en lo preventivo. Y cuando actuó, lo hizo de manera fragmentada, condicionada por vetos, bloqueos de actores y por la ausencia de una posición regional cohesionada, guiada por consignas ideológicas más que por principios democráticos.
Iniciativas como el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y otros canales multilaterales mostraron voluntad, pero no lograron generar una acción sostenida y eficaz. Esta falta de respuesta temprana y coordinada cerró las salidas pacíficas y nos condujo a un escenario en el que la acción internacional ocurre de forma unilateral, a través del uso de la fuerza, con altos riesgos para la población civil.
Venezuela llega a este punto con una ciudadanía agotada, empobrecida y sin instancias reales de protección frente a escenarios de conflicto, interno o externo, y aún esperando una transición democrática auténtica.
En ese contexto, resulta inevitable referirse a la sesión más reciente del Consejo de Seguridad, celebrada el lunes 5 de enero, y plantear una pregunta que sigue abierta: ¿será este el momento en que Venezuela sea finalmente incorporada de manera sostenida en la agenda del Consejo? Durante años advertimos que la crisis venezolana no era solo una tragedia nacional, sino un riesgo para la estabilidad regional y una amenaza a la seguridad internacional que debía ser atendida de forma preventiva y colectiva. Sin embargo, el debate volvió a reflejar las divisiones políticas de siempre. Lo que cambió no fue el diagnóstico sobre Venezuela, sino la voluntad para abordar el tema, activada esta vez no en función de la protección de la población venezolana, sino para condenar una acción unilateral de fuerza. Si bien ese análisis entra plenamente dentro del mandato del Consejo, también lo habría sido, y lo sigue siendo, adoptar decisiones orientadas a la protección efectiva de la población civil, conforme al marco de la prevención y especialmente de la Responsabilidad de Proteger. Aún estamos a tiempo de que esa dimensión sea incorporada de manera seria al debate, si Venezuela deja de ser tratada como un tema episódico y pasa a ocupar un lugar permanente en la agenda del Consejo, con la protección de las personas y la estabilidad regional como ejes centrales.
Reafirmamos además, un criterio esencial: la reinstitucionalización de Venezuela no puede hacerse “con atajos ni veredas” que impliquen mayores violaciones de derechos humanos. Esto significa que deben darse pasos concretos en los que la justicia que tanto necesita el país para sanar y avanzar no se reduzca a un desenlace inmediato o simbólico, sino que se construya con:
- verdad y documentación sostenida,
- protección a víctimas y testigos,
- garantías de no repetición, y
- rutas combinadas nacionales e internacionales que hagan viable la rendición de cuentas y la reparación.
La buena noticia es que no es necesario empezar de cero. Durante años, gracias al esfuerzo sostenido de cientos de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ha sido posible no solo documentar de manera sistemática las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, e identificar patrones de responsabilidad y posibles perpetradores, sino también trazar una ruta clara para la reinstitucionalización del país basada en los derechos humanos.
En ese proceso, los informes producidos por los mecanismos internacionales de protección e investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en particular los de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, constituyen documentos fundamentales. Sus hallazgos y recomendaciones1, debidamente sistematizados y documentados por organizaciones de la sociedad civil, deben orientar y sustentar cada una de las decisiones y acciones que, a partir de este momento, se adopten en Venezuela, y deben ser una de las varas clave para medir la coherencia, la cooperación y el cumplimiento de quienes hoy dirigen las acciones políticas del país, si se aspira a una transición democrática con verdad y justicia que garantice una paz sostenible.
Reorientar el multilateralismo: gente, derechos y democracia en el centro
El debate de hoy no puede ser exclusivamente el de la legalidad internacional de hechos consumados. Debe incorporar también un análisis sobre las falencias de ese mismo sistema internacional en ofrecer respuestas y protección a las y los venezolanos y las consecuencias que trajo en pérdidas de vidas, sufrimiento y prolongación del conflicto, así como su complejización con redes criminales internacionales.
El multilateralismo todavía puede jugar un rol esencial: acompañar al pueblo venezolano en una transición democrática, garantista de los derechos humanos, que evite que el país, lejos de avanzar hacia la democracia, se hunda más profundamente en el autoritarismo, ahora tutelado por actores extranjeros.
Esto exige esfuerzos multilaterales serios, orientados, finalmente, no por la apetencia política del momento, sino por estándares internacionales. Acompañar una transición no es dominar ni imponer: es crear condiciones, reglas y garantías para que la voluntad popular se exprese y se respete.
Hay una prioridad inmediata: proteger a la población y prevenir nuevos ciclos de violencia
En vista que Venezuela sigue atravesando esa crisis multidimensional en la que aun convergen ruptura de la institucionalidad democrática y la emergencia humanitaria compleja, con impactos directos sobre derechos, vidas y dignidad, cualquier escalada o vacío de garantías aumenta el riesgo de represalias, persecución y violencia, con consecuencias humanas irreparables.
En ese sentido, Cepaz exhorta que se hagan exigibles a los actores involucrados 3 acciones medibles que demostrarían la real voluntad de reconstruir el país:
- Cese inmediato de cualquier represalia contra la población civil, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y liderazgos sociales.
- Liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas.
- Garantías mínimas de protección, incluyendo el despliegue de protocolos de asistencia humanitaria acompañados de mecanismos de monitoreo y verificación independientes y especializados.
Para ello: (i) Naciones Unidas debe actuar con coherencia, diligencia y enfoque basado en derechos, bajo el principio de no hacer daño, con coordinación efectiva y participación amplia; (ii) los actores regionales e internacionales deben sostener una posición coordinada y protectora, evitando que la división política siga dejando a la población indefensa; y (iii) los Estados con capacidad de influencia, incluido Estados Unidos, deben contribuir a crear condiciones, reglas y garantías para que la voluntad popular se exprese y se respete, sin perder principios ni estándares de derechos humanos.
La comunidad internacional tiene una última oportunidad para jugar un rol constructivo que sea sostenido. Pero el tiempo para hacerlo bien, con coherencia, con responsabilidad y con la gente en el centro, es ahora.
1https://www.justiciayverdad.org/incumplidas-otro-ano-de-mora-en-el-cumplimiento-de-recomendaciones-de-naciones-unidas/, https://www.justiciayverdad.org/informe-sin-cumplimiento-de-recomendaciones-no-puede-haber-justicia/, https://www.justiciayverdad.org/informe-sobre-el-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-acnudh-venezuela/.
