La situación actual de Venezuela obliga a una reflexión profunda y honesta sobre el rol que ha jugado, y que aún puede jugar, la comunidad internacional. Desde el Centro de Justicia y Paz consideramos indispensable situar este momento dentro de una trayectoria más amplia de advertencias, propuestas y oportunidades que no fueron atendidas a tiempo ni de forma eficaz.

Desde 2017, nuestra apuesta fue clara: la crisis venezolana no podía seguir siendo tratada como un asunto interno, ni abordarse con respuestas aisladas y desarticuladas. Desde Cepaz y en coalición con diversos actores de la sociedad civil venezolana, impulsamos de forma sostenida una lectura integral de la crisis, entendida como un fenómeno multidimensional que combina aspectos sociales, humanitarios, de derechos humanos, de seguridad regional y de estabilidad democrática. No pedimos solo atención internacional. Exigimos una respuesta temprana, coordinada e integrada, estratégica y con la participación de múltiples actores anclada en la paz y en los derechos humanos, entendiendo que la base del conflicto es de carácter político. 

En ese marco, activamos espacios de incidencia en el sistema interamericano, en Naciones Unidas y con la sociedad civil internacional, así como diálogos con actores vinculados a la seguridad regional. Documentamos violaciones, denunciamos patrones estructurales y propusimos rutas políticas concretas. En múltiples momentos advertimos que la inacción o la respuesta tardía tendría costos mayores, no solo para Venezuela, sino para toda la región.

Nuestro llamado fue insistente: un multilateralismo preventivo, capaz de proteger a la población y de evitar escenarios de mayor violencia o de intervención forzada. Exigimos una respuesta asertiva y coherente de los órganos y la comunidad internacional, que combinara simultáneamente acción humanitaria, protección de derechos humanos y recuperación de la democracia con articulación estratégica de la sociedad civil, que acompañara el restablecimiento del orden constitucional para permitir elecciones libres y transparentes. Ese fue el sentido de nuestros pronunciamientos y análisis difundidos durante esos años, en los que alertábamos que la falta de una acción integrada terminaría cerrando las opciones pacíficas.

Lamentablemente, la disposición para impulsar una respuesta multilateral ha estado condicionada por divisiones políticas internacionales. Recordemos que en 2020, en diálogo con la sociedad civil, se reconoció que el Consejo de Seguridad estaba “profundamente dividido” sobre Venezuela y sin “apetito” para avanzar mientras persistiera esa división. La consecuencia ha sido la acumulación de discusiones sin una acción sostenida y eficaz, mientras la población permanece expuesta sin protección.

Cepaz y organizaciones aliadas advertimos que, en contextos de emergencia compleja, la respuesta de la comunidad internacional y especialmente ONU debía estar guiada por sus responsabilidades en derechos humanos y por el principio de no hacer daño, evitando actuaciones y más concretamente, omisiones, que debiliten la confianza de la población y de las víctimas. Hoy, confirmamos que nuestras advertencias no fueron escuchadas.

Por otro lado, durante años, la sociedad civil venezolana ha mantenido un vínculo constante, sistemático y de buena fe con los mecanismos de Naciones Unidas en el terreno; en particular, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, y la Oficina del Coordinador Residente.

Esa relación combinó participación activa por parte de las organizaciones de derechos humanos, junto con críticas claras y reiteradas frente a las limitaciones observadas en el cumplimiento de sus mandatos, especialmente el mandato de protección. En ese marco, se recibieron respuestas institucionales que intentaban compartimentar artificialmente los mandatos, la llamada “política de la ambigüedad constructiva” separando la acción humanitaria de la protección de los derechos humanos. Ante ello, la respuesta de las organizaciones de derechos humanos fue contundente y reiterada: las respuestas desarticuladas no solo son ineficaces, sino que terminan vaciando de sentido la participación de Organización, pues una acción humanitaria que no se sustenta en el respeto a los derechos humanos y a principios democráticos básicos, no mejora las condiciones de vida de la población. En este sentido, se elevaron propuestas a las distintas instancias competentes, incluyendo la Secretaría General, para generar una respuesta coordinada y basada en principios. Tampoco estas fueron escuchadas. 

2024: la oportunidad política que el mundo dejó pasar

El año 2024 representó una coyuntura inédita. Tras años de trabajo sostenido de organizaciones nacionales e internacionales y actores políticos, se abrió una oportunidad concreta: el proceso electoral para los comicios presidenciales. No se trataba de una elección perfecta, pero sí de un punto de inflexión realista, capaz de encauzar una salida democrática con acompañamiento internacional. En ese sentido, se planteó con claridad que, incluso en un momento crítico, existían posibilidades para una transición democrática y que era tiempo de que la comunidad internacional apoyara una solución conducida por los propios venezolanos. 

Durante ese año, gracias a la activación y coordinación de la sociedad civil con los organismos internacionales, se logró la articulación de una arquitectura de observación y acompañamiento electoral, con la participación de las Naciones Unidas y otros actores internacionales, así como un trabajo técnico sólido desde el Centro Carter.

Varias organizaciones de la sociedad civil planteamos rutas claras para acompañar y participar de ese proceso. En ese contexto, insistimos públicamente en que Naciones Unidas no podía limitarse a observar, sino que debía asumir un rol activo como garante político de un proceso de transición democrática, tal como lo hemos desarrollado en nuestros análisis sobre el rol estratégico del sistema multilateral. 

El Panel de Expertos de Naciones Unidas que observó el proceso electoral publicó su informe preliminar pocos días después de los comicios, señalando que las elecciones no habían cumplido con las garantías mínimas para ser consideradas democráticas. Ese acto, lejos de constituir una injerencia, fue la respuesta más coherente que pudo ofrecer el mecanismo, y fue recibida como tal por la sociedad civil venezolana. Pero la publicación del informe generó repudio por parte de Venezuela y de otros actores del sistema internacional, quedando reflejados en los debates posteriores en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Para el momento en que tuvo lugar dicho debate, el 5 de septiembre de 2024, la situación en el terreno se había deteriorado de manera acelerada. Ya no se trataba de escenarios de alerta temprana ni de prevención. La represión postelectoral, que sumó al menos 1.848 detenciones políticas, decenas de muertes y de desapariciones forzadas,  había generado un riesgo grave, inmediato y sostenido para la población civil, configurando una crisis abierta de protección.

Nuevamente, la respuesta de múltiples actores fue aquella de 2020: el Consejo está dividido, no hay apetito político para abordar el caso y el costo de abrir debates incómodos es demasiado alto y poco productivo. Incluso propuestas concretas para la acción del Consejo elaboradas, desde la sociedad civil no avanzaron, arguyendo los mismos motivos, pese a haber recibido acogida técnica positiva.

En el período postelectoral, la sociedad civil venezolana activó mecanismos de alerta e incidencia internacional frente al rápido deterioro de la situación de derechos humanos y la usurpación de la voluntad popular. En ese contexto, se produjeron pronunciamientos públicos y una comunicación conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Naciones Unidas, en respuesta a la represión postelectoral y a los riesgos graves e inmediatos para la población civil.

Se sostuvieron también reuniones y gestiones de incidencia con Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como con países de la región, el Parlamento Europeo y la Organización de los Estados Americanos, que celebró sesiones específicas sobre la situación en Venezuela. Estas acciones buscaron advertir sobre la gravedad de la represión, el fraude electoral, la ausencia de garantías de protección y la necesidad de una respuesta internacional coherente y basada en derechos humanos, en un momento en el que el riesgo para la población era ya inminente y sostenido.

La oportunidad se cerró. El tiempo pasó. El costo de no haber actuado políticamente en 2024 es parte directa de la crisis que enfrentamos hoy.

2026: lecciones incómodas y el deber de acompañar una transición democrática real

Hoy es inevitable hacer una reflexión incómoda, pero necesaria: la comunidad internacional no actuó diligente ni efectivamente, tanto en lo político como en lo preventivo. Y cuando actuó, lo hizo de manera fragmentada, condicionada por vetos, bloqueos de actores y por la ausencia de una posición regional cohesionada, guiada por consignas ideológicas más que por principios democráticos.

Iniciativas como el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y otros canales multilaterales mostraron voluntad, pero no lograron generar una acción sostenida y eficaz. Esta falta de respuesta temprana y coordinada cerró las salidas pacíficas y nos condujo a un escenario en el que la acción internacional ocurre de forma unilateral, a través del uso de la fuerza, con altos riesgos para la población civil.

Venezuela llega a este punto con una ciudadanía agotada, empobrecida y sin instancias reales de protección frente a escenarios de conflicto, interno o externo, y aún esperando una transición democrática auténtica.

En ese contexto, resulta inevitable referirse a la sesión más reciente del Consejo de Seguridad, celebrada el lunes 5 de enero, y plantear una pregunta que sigue abierta: ¿será este el momento en que Venezuela sea finalmente incorporada de manera sostenida en la agenda del Consejo? Durante años advertimos que la crisis venezolana no era solo una tragedia nacional, sino un riesgo para la estabilidad regional y una amenaza a la seguridad internacional que debía ser atendida de forma preventiva y colectiva. Sin embargo, el debate volvió a reflejar las divisiones políticas de siempre. Lo que cambió no fue el diagnóstico sobre Venezuela, sino la voluntad para abordar el tema, activada esta vez no en función de la protección de la población venezolana, sino para condenar una acción unilateral de fuerza. Si bien ese análisis entra plenamente dentro del mandato del Consejo, también lo habría sido, y lo sigue siendo, adoptar decisiones orientadas a la protección efectiva de la población civil, conforme al marco de la prevención y especialmente de la Responsabilidad de Proteger. Aún estamos a tiempo de que esa dimensión sea incorporada de manera seria al debate, si Venezuela deja de ser tratada como un tema episódico y pasa a ocupar un lugar permanente en la agenda del Consejo, con la protección de las personas y la estabilidad regional como ejes centrales.

Reafirmamos además, un criterio esencial: la reinstitucionalización de Venezuela no puede hacerse “con atajos ni veredas” que impliquen mayores violaciones de derechos humanos. Esto significa que deben darse pasos concretos en los que la justicia que tanto necesita el país para sanar y avanzar no se reduzca a un desenlace inmediato o simbólico, sino que se construya con:

• verdad y documentación sostenida,
• protección a víctimas y testigos,
• garantías de no repetición, y
• rutas combinadas nacionales e internacionales que hagan viable la rendición de cuentas y la reparación.

La buena noticia es que no es necesario empezar de cero. Durante años, gracias al esfuerzo sostenido de cientos de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, ha sido posible no solo documentar de manera sistemática las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, e identificar patrones de responsabilidad y posibles perpetradores, sino también trazar una ruta clara para la reinstitucionalización del país basada en los derechos humanos.

En ese proceso, los informes producidos por los mecanismos internacionales de protección e investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en particular los de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, constituyen documentos fundamentales. Sus hallazgos y recomendaciones¹, debidamente sistematizados y documentados por organizaciones de la sociedad civil, deben orientar y sustentar cada una de las decisiones y acciones que, a partir de este momento, se adopten en Venezuela, y deben ser una de las varas clave para medir la coherencia, la cooperación y el cumplimiento de quienes hoy dirigen las acciones políticas del país, si se aspira a una transición democrática con verdad y justicia que garantice una paz sostenible.

Reorientar el multilateralismo: gente, derechos y democracia en el centro

El debate de hoy no puede ser exclusivamente el de la legalidad internacional de hechos consumados. Debe incorporar también un análisis sobre las falencias de ese mismo sistema internacional en ofrecer respuestas y protección a las y los venezolanos y las consecuencias que trajo en pérdidas de vidas, sufrimiento y prolongación del conflicto, así como su complejización con redes criminales internacionales.

El multilateralismo todavía puede jugar un rol esencial: acompañar al pueblo venezolano en una transición democrática, garantista de los derechos humanos, que evite que el país, lejos de avanzar hacia la democracia, se hunda más profundamente en el autoritarismo, ahora tutelado por actores extranjeros.

Esto exige esfuerzos multilaterales serios, orientados, finalmente, no por la apetencia política del momento, sino por estándares internacionales. Acompañar una transición no es dominar ni imponer: es crear condiciones, reglas y garantías para que la voluntad popular se exprese y se respete.

Hay una prioridad inmediata: proteger a la población y prevenir nuevos ciclos de violencia

En vista que Venezuela sigue atravesando esa crisis multidimensional en la que aun convergen ruptura de la institucionalidad democrática y la emergencia humanitaria compleja, con impactos directos sobre derechos, vidas y dignidad, cualquier escalada o vacío de garantías aumenta el riesgo de represalias, persecución y violencia, con consecuencias humanas irreparables.

En ese sentido, Cepaz exhorta que se hagan exigibles a los actores involucrados 3 acciones medibles que demostrarían la real voluntad de reconstruir el país:

• Cese inmediato de cualquier represalia contra la población civil, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y liderazgos sociales.
• Liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas.
• Garantías mínimas de protección, incluyendo el despliegue de protocolos de asistencia humanitaria acompañados de mecanismos de monitoreo y verificación independientes y especializados.

Para ello: (i) Naciones Unidas debe actuar con coherencia, diligencia y enfoque basado en derechos, bajo el principio de no hacer daño, con coordinación efectiva y participación amplia; (ii) los actores regionales e internacionales deben sostener una posición coordinada y protectora, evitando que la división política siga dejando a la población indefensa; y (iii) los Estados con capacidad de influencia, incluido Estados Unidos, deben contribuir a crear condiciones, reglas y garantías para que la voluntad popular se exprese y se respete, sin perder principios ni estándares de derechos humanos.

La comunidad internacional tiene una última oportunidad para jugar un rol constructivo que sea sostenido. Pero el tiempo para hacerlo bien, con coherencia, con responsabilidad y con la gente en el centro, es ahora.

¹_{https://www.justiciayverdad.org/incumplidas-otro-ano-de-mora-en-el-cumplimiento-de-recomendaciones-de-naciones-unidas/, https://www.justiciayverdad.org/informe-sin-cumplimiento-de-recomendaciones-no-puede-haber-justicia/, https://www.justiciayverdad.org/informe-sobre-el-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-acnudh-venezuela/.}

The international community has one last big chance in Venezuela to ease the crisis that its own inefficiency caused

The current situation in Venezuela calls for deep and honest reflection on the role that the international community has played, and can still play. At the Center for Justice and Peace, we believe it is essential to place this moment within a broader trajectory of warnings, proposals, and opportunities that were not addressed in a timely or effective manner.

Since 2017, our position has been clear: the Venezuelan crisis could no longer be treated as an internal matter, nor could it be addressed with isolated and disjointed responses. At CEPAZ, in coalition with various actors from Venezuelan civil society, we have consistently promoted a comprehensive understanding of the crisis as a multidimensional phenomenon that combines social, humanitarian, human rights, regional security, and democratic stability issues. We are not just asking for international attention. We are demanding an early, coordinated, integrated, and strategic response with the participation of multiple actors, anchored in peace and human rights, understanding that the basis of the conflict is political in nature.

Within this framework, we activated advocacy spaces in the inter-American system, the United Nations, and with international civil society, as well as dialogues with actors linked to regional security. We documented violations, denounced structural patterns, and proposed concrete political paths forward. On multiple occasions, we warned that inaction or a delayed response would have greater costs, not only for Venezuela, but for the entire region.

Our call was insistent: preventive multilateralism, capable of protecting the population and avoiding scenarios of greater violence or forced intervention. We demanded an assertive and coherent response from international bodies and the international community, combining humanitarian action, the protection of human rights, and the restoration of democracy with strategic coordination of civil society, accompanying the reestablishment of constitutional order to allow free and transparent elections. That was the meaning of our statements and analyses disseminated during those years, in which we warned that the lack of integrated action would ultimately close off peaceful options.

Unfortunately, the willingness to promote a multilateral response has been conditioned by international political divisions. Let us remember that in 2020, in dialogue with civil society, it was recognized that the Security Council was “deeply divided” on Venezuela and had no “appetite” to move forward while that division persisted. The result has been a series of discussions without sustained and effective action, while the population remains exposed and unprotected.

CEPAZ and allied organizations warned that, in complex emergency situations, the response of the international community, and especially the UN, should be guided by its human rights responsibilities and the principle of doing no harm, avoiding actions and, more specifically, omissions that undermine the trust of the population and victims. Today, we confirm that our warnings were not heeded.

On the other hand, for years, Venezuelan civil society has maintained a constant, systematic, and good-faith relationship with United Nations mechanisms on the ground, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Venezuela and the Office of the Resident Coordinator.

This relationship combined active participation by human rights organizations with clear and repeated criticism of the limitations observed in the fulfillment of their mandates, especially the mandate of protection. In this context, institutional responses were received that attempted to artificially compartmentalize mandates, the so-called “policy of constructive ambiguity” separating humanitarian action from the protection of human rights. In response, human rights organizations were emphatic and reiterated that disjointed responses are not only ineffective but also ultimately render the Organization’s participation meaningless, since humanitarian action that is not based on respect for human rights and basic democratic principles does not improve the living conditions of the population. In this regard, proposals were submitted to the various competent bodies, including the Secretary-General, to generate a coordinated and principled response. These were not heard either.

2024: the political opportunity the world missed

The year 2024 represented an unprecedented situation. After years of sustained work by national and international organizations and political actors, a concrete opportunity arose: the electoral process for the presidential elections. It was not a perfect election, but it was a realistic turning point, capable of channeling a democratic solution with international support. In this sense, it was clearly stated that, even at a critical moment, there were possibilities for a democratic transition and that it was time for the international community to support a solution led by the Venezuelans themselves.

During that year, thanks to the activation and coordination of civil society with international organizations, an electoral observation and accompaniment architecture was put in place, with the participation of the United Nations and other international actors, as well as solid technical work from the Carter Center.

Several civil society organizations proposed clear paths for accompanying and participating in this process. In this context, we publicly insisted that the United Nations could not limit itself to observing, but must take on an active role as a political guarantor of a democratic transition process, as we have developed in our analyses of the strategic role of the multilateral system.

The United Nations Panel of Experts that observed the electoral process published its preliminary report a few days after the elections, noting that the elections had not met the minimum guarantees to be considered democratic. Far from constituting interference, this act was the most coherent response that the mechanism could offer, and it was received as such by Venezuelan civil society. However, the publication of the report was met with condemnation by Venezuela and other actors in the international system, as reflected in subsequent debates in the UN Security Council.

By the time that debate took place, on September 5, 2024, the situation on the ground had deteriorated rapidly. It was no longer a matter of early warning or prevention scenarios. Post-election repression, which resulted in at least 1,848 political arrests, dozens of deaths, and forced disappearances, had created a serious, immediate, and sustained risk to the civilian population, constituting an open protection crisis.

Once again, the response of multiple actors was the same as in 2020: the Council is divided, there is no political appetite to address the case, and the cost of opening uncomfortable debates is too high and unproductive. Even concrete proposals for Council action developed by civil society did not move forward, citing the same reasons, despite having received positive technical feedback.

In the post-election period, Venezuelan civil society activated international alert and advocacy mechanisms in response to the rapid deterioration of the human rights situation and the usurpation of the popular will. In this context, public statements were issued and a joint communication was released by United Nations Special Rapporteurs in response to the post-election repression and the serious and immediate risks to the civilian population.

Meetings and advocacy efforts were also held with member states of the UN Security Council, as well as with countries in the region, the European Parliament, and the Organization of American States, which held specific sessions on the situation in Venezuela. These actions sought to warn of the seriousness of the repression, electoral fraud, the lack of guarantees of protection, and the need for a coherent, human rights-based international response at a time when the risk to the population was already imminent and sustained.

The opportunity was missed. Time passed. The cost of not having acted politically in 2024 is a direct part of the crisis we face today.

2026: uncomfortable lessons and the duty to support a genuine democratic transition

Today, it is inevitable to make an uncomfortable but necessary reflection: the international community did not act diligently or effectively, either politically or preventively. And when it did act, it did so in a fragmented manner, conditioned by vetoes, blockades by actors, and the absence of a cohesive regional position, guided by ideological slogans rather than democratic principles.

Initiatives such as the Lima Group, the Contact Group, and other multilateral channels showed willingness, but failed to generate sustained and effective action. This lack of early and coordinated response closed off peaceful solutions and led us to a scenario in which international action occurs unilaterally, through the use of force, with high risks for the civilian population.

Venezuela has reached this point with an exhausted, impoverished citizenry that has no real protection against scenarios of internal or external conflict and is still waiting for a genuine democratic transition.

In this context, it is inevitable to refer to the most recent Security Council session, held on Monday, January 5, and raise a question that remains open: will this be the moment when Venezuela is finally incorporated in a sustained manner into the Council’s agenda? For years, we have warned that the Venezuelan crisis was not only a national tragedy, but also a risk to regional stability and a threat to international security that needed to be addressed preventively and collectively. However, the debate once again reflected the usual political divisions. What changed was not the diagnosis of Venezuela, but the willingness to address the issue, this time not for the protection of the Venezuelan population, but to condemn a unilateral use of force. While that analysis falls squarely within the Council’s mandate, so too would have been, and continues to be, the adoption of decisions aimed at the effective protection of the civilian population, in accordance with the framework of prevention and especially the Responsibility to Protect. There is still time for this dimension to be seriously incorporated into the debate, if Venezuela ceases to be treated as an episodic issue and takes a permanent place on the Council’s agenda, with the protection of people and regional stability as central themes.

We also reaffirm an essential criterion: the reinstitutionalization of Venezuela cannot be achieved through “shortcuts or detours” that involve further human rights violations. This means that concrete steps must be taken to ensure that the justice the country so desperately needs to heal and move forward is not reduced to an immediate or symbolic outcome, but is built on:

• truth and sustained documentation,
• protection of victims and witnesses,
• guarantees of non-repetition, and
• combined national and international pathways that make accountability and reparation viable.

The good news is that it is not necessary to start from scratch. For years, thanks to the sustained efforts of hundreds of national and international human rights organizations, it has been possible not only to systematically document the atrocities and crimes against humanity committed in Venezuela and identify patterns of responsibility and possible perpetrators, but also to chart a clear path for the reinstitutionalization of the country based on human rights.

The good news is that it is not necessary to start from scratch. For years, thanks to the sustained efforts of hundreds of national and international human rights organizations, it has been possible not only to systematically document the atrocities and crimes against humanity committed in Venezuela and identify patterns of responsibility and possible perpetrators, but also to chart a clear path for the reinstitutionalization of the country based on human rights.

In this process, the reports produced by the international protection and investigation mechanisms of the UN Human Rights Council, in particular those of the Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela, are fundamental documents. Their findings and recommendations, duly systematized and documented by civil society organizations, should guide and underpin each of the decisions and actions taken in Venezuela from this moment onward, and should be one of the key yardsticks for measuring the consistency, cooperation, and compliance of those who today direct the country’s political actions, if the aspiration is for a democratic transition with truth and justice that guarantees sustainable peace.

Reorienting multilateralism: people, rights, and democracy at the center

Today’s debate cannot focus exclusively on the international legality of faits accomplis. It must also include an analysis of the failures of that same international system to provide answers and protection to Venezuelans and the consequences this has had in terms of loss of life, suffering, and prolongation of the conflict, as well as its increasing complexity with international criminal networks.

Multilateralism can still play an essential role: accompanying the Venezuelan people in a democratic transition that guarantees human rights and prevents the country, far from advancing toward democracy, from sinking deeper into authoritarianism, now under the tutelage of foreign actors.

This requires serious multilateral efforts, guided ultimately not by the political appetites of the moment, but by international standards. Accompanying a transition is not about dominating or imposing: it is about creating conditions, rules, and guarantees so that the will of the people can be expressed and respected.

There is an immediate priority: to protect the population and prevent new cycles of violence.

Given that Venezuela continues to experience a multidimensional crisis in which the breakdown of democratic institutions and a complex humanitarian emergency continue to converge, with direct impacts on rights, lives, and dignity, any escalation or lack of guarantees increases the risk of reprisals, persecution, and violence, with irreparable human consequences.

In this regard, Cepaz urges that the actors involved be required to take three measurable actions that would demonstrate a genuine willingness to rebuild the country:

• Immediate cessation of all reprisals against civilians, activists, journalists, human rights defenders, and social leaders.
• Unconditional release of all persons detained for political reasons.
• Minimum guarantees of protection, including the deployment of humanitarian assistance protocols accompanied by independent and specialized monitoring and verification mechanisms.

To this end: (i) the United Nations must act consistently, diligently, and with a rights-based approach, under the principle of doing no harm, with effective coordination and broad participation; (ii) regional and international actors must maintain a coordinated and protective stance, preventing political division from continuing to leave the population defenseless; and (iii) influential states, including the United States, must contribute to creating conditions, rules, and guarantees so that the will of the people can be expressed and respected, without compromising human rights principles and standards.

The international community has one last chance to play a constructive and sustained role. But the time to do it right, with consistency, responsibility, and with the people at the center, is now.