En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado urgente a los Estados de la región para que fortalezcan sus sistemas nacionales de asilo y garanticen de manera efectiva los derechos de quienes requieren protección internacional.

Las cifras recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) revelan que, a finales de diciembre de 2024, un total de 123.2 millones de personas en todo el mundo se encontraban desplazadas forzosamente como consecuencia de persecución, conflictos, violencia y violaciones de derechos. Además, 728.400 solicitudes de asilo individuales provenían de personas originarias de América Latina y el Caribe en los primeros seis meses de 2024.

La CIDH manifestó su preocupación ante la adopción de políticas regresivas por parte de algunos Estados de la región en los procedimientos de reconocimiento de la condición de persona refugiada. Estas políticas impactan negativamente el ejercicio efectivo de los derechos de refugiados y solicitantes de asilo, especialmente el derecho humano de buscar y recibir asilo. Si bien se han evidenciado esfuerzos para implementar procedimientos diferenciados y fortalecer las capacidades de las Comisiones Nacionales de Refugiados, muchas personas en las Américas aún carecen de acceso a la protección que necesitan.

Retornos forzosos y deportaciones

Hay factores políticos que alteran las dinámicas migratorias, incluyendo retornos voluntarios y forzosos. A la CIDH le preocupan, asimismo, los acuerdos bilaterales para expulsar personas de diversas nacionalidades sin claridad en los procedimientos, garantías del debido proceso o identificación de necesidades de protección internacional.

Frente al aumento de prácticas de retorno forzoso, deportaciones y expulsiones de personas con necesidades específicas de protección, la CIDH reiteró que el principio de no devolución es la piedra angular de la protección internacional y una norma consuetudinaria vinculante para todos los Estados, independientemente de la regularidad del ingreso al país.

La CIDH hizo un llamado a suspender cualquier decisión de deportación o expulsión cuando exista riesgo fundado de violaciones graves de derechos humanos en el país de retorno, falta de acceso a mecanismos de asilo u otras formas de protección, o cuando las condiciones del retorno expongan a las personas a violencia, trata, explotación u otras amenazas.