Martha Elena Mosqueda, de 37 años de edad y madre de 2 niñas, residía en Guarenas, estado Miranda. Estudiaba en la organización Aliadas en Cadena un diplomado para acreditarse como asistente tecnológico integral.

Como muchas mujeres en Venezuela, en reiteradas oportunidades Martha fue víctima de violencia por parte de su pareja y no recibió atención oportuna del Estado. El caso de Martha es el de miles de mujeres que no son escuchadas ni protegidas y de cientos que son víctimas de violencia de género en Venezuela. Una estadística de la que es muy difícil en estos momentos saber su dimensión, ya que el Estado venezolano no publica las cifras desde el 2015.

El 10 de octubre del 2016, Vladimir José Acevedo, su esposo, la golpeó y la hirió en varias oportunidades con arma blanca, asesinándola.

La muerte de Martha pudo evitarse, pues ya había hecho tres denuncias contra Acevedo. La primera por violencia psicológica, la segunda por amenaza y la tercera por amenaza y agresión. Esta última tres meses antes de su femicidio. A pesar de que Martha contaba con medidas de protección, la desatención por parte de las instancias del Estado fue notoria. Por su inoperancia en hacer cumplir la protección para Martha y sus hijas, ella fue asesinada.

El equipo jurídico del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) asumió el caso el 11 de noviembre de 2016, brindando asistencia y acompañamiento a sus familiares como víctimas, no solamente sus hijas, sino también su madre. La muerte de Martha no puso fin a los episodios de violencia de género, su hija mayor sufrió acosos y amenazas durante el proceso judicial.

El equipo de Cepaz ejerció presión constante para que la captura se llevara a cabo, pues no se habían hecho las diligencias debidas para lograr la ejecución de la orden de aprehensión contra Acevedo.

Tras un arduo trabajo de múltiples y constantes visitas a los organismos competentes, de afrontar numerosos obstáculos, y luego de casi dos años prófugo, el femicida fue aprehendido el 18 de abril de 2018.

Parte del trabajo consistió en la presencia recurrente del equipo de defensa en la Fiscalía, la adecuada prueba anticipada de la hija de Martha Mosqueda, que fue testigo principal, con las condiciones que la protegieran de la revictimización, sí como las correspondientes medidas de protección para ella y su hermana mientras el femicida estaba prófugo.

Este 14 de junio Acevedo fue condenado a 19 años y 4 meses por femicidio agravado. Aunque la decisión no devuelve a Martha a sus familiares, es un importante paso en la búsqueda de la justicia, no solo para sus familiares, sino para todas las víctimas de violencia de género.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos, y el Estado debe garantizarlos y protegerlos. Cuando no lo hace, las mujeres son afectadas, y en el caso de Martha hubo una afectación extrema, que fue la pérdida de su vida. Cepaz ha reiterado tanto a nivel nacional, como ante los organismos internacionales, la necesidad de que se considere la conceptualización  de feminicidio en la legislación nacional donde se incorpora la responsabilidad del Estado, como lo ha planteado la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés). Con el asesinato de Martha se refleja la importancia de que en la legislación venezolana se consagre la responsabilidad del Estado para la comprensión de los derechos de la mujer.

En casos como el de Martha, las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos lo que buscan es que se haga justicia, se garantice la no repetición y se prevenga la violencia, con instituciones eficientes, que actúen de manera diligente.

La Red Naranja, conformada por organizaciones y personas que trabajan por la erradicación de la violencia contra la mujer, celebra una victoria, y conmemora a Martha Mosqueda. Esta condena es apenas un primer paso, pues se realizarán acciones a los fines de que la reparación a los familiares de Martha sea adecuada y de consideración con los derechos humanos.