Durante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones Cepaz e International Service for Human Rights, emitieron una contundente declaración conjunta en la que advirtieron que cualquier proceso de apertura política en Venezuela debe ser evaluado con cautela para evitar que se convierta en una fachada de impunidad.

La intervención, realizada por Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, en el marco del diálogo interactivo con la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, subrayó que las recientes medidas del Estado —incluyendo la Ley de Amnistía— no garantizan por sí solas una transición democrática si no vienen acompañadas del desmantelamiento de las estructuras de persecución.

El riesgo de una «falsa apertura»

Las organizaciones señalaron que, aunque el gobierno presentó una Ley de Amnistía y ciertos cambios institucionales como gestos de avance, existe el riesgo de que estas acciones solo busquen limpiar la imagen internacional del país.

“En ausencia de garantías verificables de justicia, verdad y restitución de derechos, estas medidas podrían ser utilizadas para proyectar apertura mientras persiste la impunidad”, destaca la declaración.

Las mujeres: el rostro de la exigencia

La declaración puso especial énfasis en el papel de las mujeres (madres, hermanas y esposas), quienes han liderado la búsqueda de justicia durante años. Para estas familias, la demanda va más allá de la liberación de los presos políticos: exigen garantías de no repetición.

Pilares para una transición real

Para que exista una solución sostenible y una verdadera paz social, ISHR y Cepaz exigieron al Estado venezolano cumplir con tres condiciones fundamentales:

Rendición de cuentas: establecer mecanismos claros para que los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos respondan ante la justicia.

Participación ciudadana: incluir activamente a las víctimas y a la sociedad civil en todos los procesos de reforma institucional.

Protección a defensores: cesar las restricciones al derecho de asociación y eliminar los riesgos que enfrentan las organizaciones que monitorean la situación en el terreno.

Las organizaciones fueron enfáticas al cerrar su intervención: “Sin una sociedad civil libre y protegida, no será posible construir una transición democrática basada en derechos”. El llamado es a no bajar la guardia y a exigir acciones concretas que traduzcan los discursos en realidades tangibles para las víctimas y sus familiares.