En un comunicado firmado por más de 570 organizaciones, activistas y personas defensoras de derechos humanos, se expresó un contundente rechazo a la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que fue ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El comunicado resalta que esta es «una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso. Además, es violatorio del derecho a la libertad de asociación en Venezuela,establecido como derecho civil y político, reconocido en los pactos internacionales de derechos humanos, cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas».
Esta intervención no puede justificarse partiendo de la base de la existencia de presuntas irregularidades en la Cruz Roja, pues las mismas no fueron «gestionadas previamente ante un tribunal, y con base en denuncias y testimonios anónimos, el TSJ ha dictado una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada, y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja, en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación».
Este fallo, considerado como «cuestionable», además «ordena la imposición de un particular, subordinado a la Sala, para que designe una junta interventora. A esta decisión, de por sí grave, se suma la reestructuración de la organización según el libre arbitrio de la junta arbitrariamente impuesta, sin que nadie lo haya solicitado».
En el comunicado las organizaciones y personas firmantes alertan que » que tal decisión constituye un agravamiento a un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país, que hasta ahora se había visto en la imposición de nuevas directivas y llamar a elecciones en colegios profesionales, sindicatos, organizaciones con fines políticos e incluso en juntas de condominio. A esta lista se suma ahora la reestructuración de una asociación civil, potestad que debería ser ejercida exclusivamente por los miembros de ésta y no por terceros».
Peticiones
Por tal motivo, hacen «un llamado a todos los actores sociales en Venezuela a exigir de manera firme y conjunta, el cumplimiento de las garantías básicas para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y rechazar enfáticamente procesos de intervención como el que se impuso a la Cruz Roja», y solicitan:
1. Que el Tribunal Supremo de Justicia cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo dentro de los principios del estado de derecho y de las normas del derecho internacional de protección del espacio cívico.
2. Que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma.
3. Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado Venezolano dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
4. Que se abra el espacio cívico para con ello aumentar las labores que la sociedad civil realiza con los fines de llevar ayuda humanitaria a los sectores más afectados.
5. Que el Estado venezolano garantice el ejercicio del derecho a la asociación tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales sobre Derechos Humanos firmados por la República.
6. Que tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, registren y hagan seguimiento de este ataque al espacio cívico en Venezuela.
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