Desde el año 2010 la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), que nace en el 2015 impulsada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), viene presentando a través de Redac Internacional informes que buscan visibilizar diversas afectaciones de derechos de las personas venezolanas en movilidad.
En 2019, el informe Miradas de las personas venezolanas como sujetos de derecho, generó recomendaciones para la construcción de una agenda de defensa de derechos. El informe de 2020, Voces que deben ser escuchadas. Testimonios y análisis de personas venezolanas migrantes y refugiadas ante la situación de movilidad humana durante la pandemia, describió la situación de vulnerabilidad exacerbada de los migrantes y refugiados en el contexto de la pandemia por COVID-19. En 2021, Las voces de ellas: Situación de las mujeres venezolanas en movilidad, visibilizó el impacto diferenciado en las mujeres migrantes y refugiadas, mostrando las violencias a las que se ven sometidas las mujeres durante el proceso migratorio.
El nuevo informe que presenta Redac Internacional, Huellas de la movilidad venezolana: Análisis y documentación del derecho a la identidad y a la participación de las personas venezolanas migrantes y refugiadas, examina dos derechos de las personas venezolanas en movilidad: el derecho a la identidad y a la participación política, expresados en el acceso a documentos de identificación personal y la posibilidad de ejercer el voto.
Hallazgos por país
Existen diversos obstáculos que impiden el pleno acceso a los derechos a la identidad y a la participación política desde el exterior. Entre otros, se pueden mencionar el alto costo del trámite de pasaportes; los largos tiempos de espera para obtenerlos; la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad desde las oficinas consulares; el rompimiento de relaciones diplomáticas con algunos países; y la normativa restrictiva sobre las condiciones para inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP) en consulados. A esto se suma el nuevo mecanismo de cedulación puesto en práctica por el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime).
Chile
Más del 70% de las personas entrevistadas manifestaron no tener documentos venezolanos vigentes. En el caso de las cédulas, este documento no se puede sacar en los consulados, sino en Venezuela y la mayoría de las personas no dispone de los recursos necesarios para viajar a realizar este trámite. En el caso de los pasaportes, su elevado costo es un impedimento importante para su tramitación. Niñas y niños que nacieron en Chile tienen la nacionalidad de este país, pero no han podido acceder a la nacionalidad venezolana.
Las personas que se encuentran en el proceso de realizar trámites en Chile y tienen sus documentos venezolanos vencidos, señalan una mayor dificultad para acceder, no solo a la salud, sino a la bancarización y al trabajo formal, entre otros derechos. Otras personas manifestaron temor de acudir al Consulado de Venezuela en Chile para realizar algún trámite, tanto por malos tratos por parte de los funcionarios de la sede consular, como porque se han presentado amenazas de cancelación de trámites, expulsión de la sede y deportación. En el Consulado de Venezuela en Chile se verificó que no es posible tramitar la cédula, ni tampoco realizar la inscripción en el REP. Los correos enviados a la sede consular no fueron respondidos.
Perú
En Perú, 71,42 % de las personas entrevistadas indicaron que contaban con algún documento venezolano vigente, generalmente la cédula de identidad. Quienes los tenían vencidos, señalaron que la principal traba para su renovación es la falta de recursos económicos para pagar los aranceles correspondientes.
En cuanto a la participación política, la mayoría de las personas entrevistadas manifestaron estar inscritas en el REP. En el caso de personas que ingresaron vía terrestre al Perú sin ningún documento de identidad, no poder obtener la cédula en el Consulado impide la posibilidad de acceder a un proceso de regularización, a los servicios de salud pública y a otros derechos sociales.
Las personas entrevistadas en Perú no manifestaron temor en acudir al Consulado de Venezuela en Lima. Sin embargo, destacaron que en un eventual escenario electoral, deberían existir nuevas sedes en otras provincias, porque un solo consulado no podría atender a los votantes. Cuando se consultó al Consulado sobre la posibilidad de inscribirse para votar, se indicó que el REP no estaba abierto y que es un trámite que solo se realiza en Venezuela.
Argentina
Cerca del 75% de las personas entrevistadas en Argentina señalaron que no contaban con documentos venezolanos vigentes. Entre otras razones, porque la renovación del pasaporte es un proceso engorroso y con un elevado costo. Algunas personas prefieren esperar un tiempo y acceder a la ciudadanía argentina, trámite puede iniciarse tras cinco años de residencia legal en el país. Las personas consultadas manifestaron tener acceso a los servicios de salud sin dificultad.
Se identificó una sensación de temor para acudir al Consulado o de ejercer el derecho al voto, en algunos casos por haber sufrido persecución política en Venezuela. Las personas entrevistadas indicaron que el Consulado de Venezuela en Argentina no da respuestas a las solicitudes hechas por correo, Twitter e Instagram. Una funcionaria de esta dependencia consultada indicó que el REP no está abierto.
Panamá
La falta de recursos económicos es el principal obstáculo que enfrentan las personas venezolanas para contar con documentos vigentes en Panamá. Se identificaron casos de personas solicitantes de refugio que luego de siete años no han obtenido respuesta del Estado panameño. Adicionalmente, los trámites de residencia en el país son costosos, por lo que muchas personas priorizan el pago de la documentación de Panamá. El acceso a la educación y a la salud en el país se asegura que es fácil.
Las personas con solicitudes de refugio, y las que llegaron al país siendo menores de edad, poseen mayores dificultades en cuanto acceso al trabajo y a un proceso de regulación migratoria. Por otro lado, se afirma que aunque la atención en la sede consular de Venezuela en Panamá es amable, los procesos para obtener respuestas sobre trámites de identidad pueden demorar casi un año. Sobre el REP, los funcionarios del Consulado indicaron que no está abierto y que abrirlo es una decisión del gobierno venezolano.
México
Cerca de 50% de las personas entrevistadas no poseen documentos venezolanos vigentes. La principal razón es el elevado costo que implica tramitar un nuevo pasaporte, que incluye el traslado a Ciudad de México, donde se ubica el único Consulado de Venezuela, para quienes no viven en la capital mexicana. Algunas personas iniciaron su trámite de renovación, pero llevan varios meses en espera y sin respuesta oficial por parte del Consulado o del Saime.
Si no se cuenta con documentación vigente no se puede acceder a los servicios de la salud pública y de programas sociales. Se identificó un temor por parte de la mayoría de las personas entrevistadas hacia la participación en unas eventuales elecciones, y también de acercarse físicamente al Consulado de Venezuela en México. Se percibe que serán discriminados por razones políticas. También existe temor de perder el dinero invertido, o tener que acceder a alguna red de corrupción para que los trámites, especialmente aquellos vinculados con la renovación del pasaporte, se puedan materializar en menor tiempo.
El Consulado de Venezuela en México se encuentra operativo. Sin embargo, no está atendiendo de manera presencial. Al escribir a los correos, redes y números telefónicos de información no se obtuvo respuesta. En una visita a la sede consular se indicó que el REP no está activo.
Colombia
Del total de personas entrevistadas en Colombia, tan solo el 20% tiene un pasaporte, vigente o vencido. El otro 80% únicamente tiene cédula de identidad venezolana.
Aunque en 2022 se restablecieron las relaciones entre ambos países, aún no hay una oficina consular operativa. Además, en Colombia persisten algunos obstáculos para la regularización migratoria, lo que a su vez impediría el ejercicio del derecho al voto ante la autoridad consular venezolana. Estos obstáculos tienen que ver con la imposibilidad que hubo en el pasado de acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) sin pasaporte; las falencias en la implementación del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos (ETPV), como por ejemplo la demora injustificada en la aprobación y expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT); la imposibilidad de aplicar a una visa por no poder acceder a un pasaporte y a documentos apostillados, así como al elevado costo de esas visas, que oscila entre 300 y 400 dólares.
En cuanto a la participación política, el 40% de las personas entrevistadas manifestó tener temor de acudir al Consulado de Venezuela en Colombia a realizar cualquier trámite y el 42.9% indicó que siente temor de inscribirse en el REP y/o de ejercer su derecho al voto a través del Consulado. En el marco de esta investigación se intentó infructuosamente establecer contacto por diversos medios con las autoridades venezolanas en Colombia.
Ecuador
En este país las personas provenientes de Venezuela se enfrentan a numerosas barreras para acceder a mecanismos de regularización migratoria derivadas de la exigencia de pasaporte y otros documentos oficiales o apostillados, así como por los elevados costos de las visas. Las personas entrevistadas se quejaron por el mal funcionamiento del Consulado de Venezuela en Ecuador.
Sobre el derecho a la participación política, el 85.7% de las personas entrevistadas manifestó que sí estaba inscrito en el REP en Venezuela y, ese mismo porcentaje, estableció que quisiera votar en las próximas elecciones presidenciales. Para esta investigación se intentó por diversos medios el contacto con el Consulado, pero no se obtuvo respuesta.
Estados Unidos
En el caso de las personas entrevistadas en Estados Unidos, todas cuentan tanto con pasaporte como con cédula venezolana. Sin embargo, como Estados Unidos también rompió relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela desde el 2019, no es posible hacer trámites consulares desde ese país. Una persona solicitante de asilo manifestó que lleva 7 años esperando una decisión sobre su caso, lo cual le impide salir del país.
Esto se traduce en que un gran número de venezolanos en Estados Unidos no tienen como renovar sus documentos, ni en consulados dentro de ese país, ni en Venezuela. Son comunes los casos de personas que viajan a México o Canadá para realizar estos trámites, lo que implica una inversión considerable de dinero y tiempo.
Dependiendo del estado del país donde se encuentre la persona, también hay problemas importantes para acceder a seguros, indispensables para poder gozar de acceso a la salud. Desde que se diera la ruptura definitiva de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, en enero de 2019, no hay en ninguno de los dos países sedes consulares operativas.
España
A este país la gente llega por avión, lo que implica que necesariamente cuentan con un pasaporte, vigente o vencido. Al consultar a las personas entrevistadas sobre cuáles serían las barreras que las personas migrantes y refugiadas podrían enfrentar para ejercer su derecho al voto, señalaron entre otras: que no se abra el REP en el exterior; que se exija la presentación de documentos venezolanos vigentes; y que se exija tener residencia permanente en el país de acogida.
En España hay 5 consulados, ubicados en Madrid, Bilbao, Barcelona, Vigo y Canarias. El único consulado que contestó a las solicitudes de información en el marco de esta investigación fue el de Bilbao, por medio del correo electrónico.
Conclusiones y recomendaciones
Existe una relación intrínseca entre el derecho a la identidad, específicamente en su esfera relacionada con el derecho a acceder a documentos de identificación, y la posibilidad de acceder a mecanismos de regularización migratoria. Por otra parte, la mera presencia de un consulado de Venezuela no garantiza que las personas nacionales de ese país puedan efectivamente hacer sus trámites.
El 100% de los consulados visitados no tiene abierta la posibilidad de registro para los venezolanos. Esto en si viola el derecho a la participación política y se configura en el principal obstáculo actualmente para el ejercicio del derecho a la participación.
Sin embargo, aunque persiste una falta de confianza en las instituciones, especialmente en el CNE, y se cree que no hay transparencia en los procesos electorales, las personas migrantes y refugiadas venezolanas entrevistadas para este estudio mostraron una clara tendencia hacia el deseo de ejercer efectivamente su derecho a la participación política.
Por último, existen personas que sufren de manera diferenciada algunos impactos de la violación del derecho a la identidad. Esto es claro, por ejemplo, en el caso de las personas trans, a quienes no se les reconoce en Venezuela su derecho a identificarse con su nombre y género, lo que conlleva a discrepancias con los documentos oficiales que portan el nombre y género asignado al nacer, lo que finalmente termina impactando su derecho a la participación política.
En el informe se proponen las siguientes recomendaciones al Estado venezolano: 1) Medir y reconocer la magnitud de la movilidad humana venezolana y sus necesidades. 2) Velar por la presencia consular en la mayor cantidad de países posible y reevaluar las capacidades estatales de respuesta frente al crecimiento de la población venezolana en movilidad. 3) Dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derecho a la identidad y a la participación política. 4) Habilitar inmediatamente el registro y actualización de datos en el REP desde las oficinas consulares. 5) Revisar la normativa aplicable y modificarla adecuadamente, para permitir a las personas migrantes y refugiadas en situación migratoria irregular en el extranjero acceder al REP y a la actualización de datos en el mismo. 6) Diseñar e implementar una estrategia de comunicación uniforme orientada a brindar información veraz sobre los requisitos para inscribirse y/o actualizar datos ante el REP desde el extranjero. 7) Adoptar, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las medidas necesarias para que se garantice el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, desde una perspectiva de género y de derechos humanos. 8) Identificar e implementar buenas prácticas en la protección de los derechos a la identidad y a la participación política de otros países. 9) Garantizar la capacitación de las y los funcionarios de las embajadas y representaciones consulares en el extranjero. 10) Considerar la participación de la diáspora venezolana a través de canales institucionales brindados por parte del Estado venezolano, en consultas de interés público para el país. La posibilidad de tener una circunscripción internacional donde esta comunidad esté representada en la Asamblea Nacional puede ser una alternativa para garantizar la representación política.
Por último, el informe refleja algunas recomendaciones dirigidas a los gobiernos de países de acogida de personas venezolanas migrantes y refugiadas: 1) Abordar su respuesta migratoria desde un enfoque de derechos humanos, garantizando los principios de no devolución, unidad familiar, prohibición de rechazo en frontera, entre otros estándares internacionales. 2) Reconocer a las personas migrantes y refugiadas venezolanas como personas en necesidad de protección internacional, y proveer información veraz y de fácil acceso sobre cómo buscar y recibir protección internacional, así como canales de regularización migratoria, integración, etc. 3) Flexibilizar requisitos de vigencia de documentos de identidad venezolanos para realizar trámites de acceso a servicios, o proveer documentos temporales que los suplan. 4) Ofrecer asistencia operativa a los consulados de Venezuela para incrementar la capacidad de registrar connacionales para votar desde el extranjero y, en el día de la elección, para ejercer el voto. 5) Informar de forma clara, las restricciones que existen para las personas en solicitud de estatus de refugio, o en situación de refugio reconocida, para interactuar con las autoridades venezolanas a través de las sedes consulares.
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