Washington, 17 de septiembre de 2020
La Misión de Determinación afirmó que el aparato estatal venezolano utilizó tácticas y medidas de represión política selectiva contra personas críticas del gobierno, que incluyen las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, a manos de las agencias de inteligencia del Estado. Un claro ejemplo de este patrón es el caso de Fernando Albán, fundador del partido político de oposición Primero Justicia, y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela, quien fue detenido arbitrariamente el 5 de octubre de 2018, y falleció tres días después en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En el caso del concejal Fernando Albán la Misión concluyó que:
a) Existen motivos razonables para creer que se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias contra el concejal Albán.
b) Existen fundadas dudas sobre la calificación de suicidio, dada por funcionarios/as de alto nivel en relación con la muerte del concejal Albán.
c) El concejal Albán fue detenido y estaba bajo custodia de funcionarios de la Coordinación de Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección de Contrainteligencia del SEBIN cuando murió, por lo que existe presunción de responsabilidad del Estado.
d) Existen “motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”.
e) No se llevaron actividades básicas de investigación, por ejemplo, no se aplicaron las normas exigidas por los Protocolos de Minnesota o Estambul. Asimismo, su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes.
La Misión también determinó el “claro patrón” de acoso e intimidación contra los representantes legales de detenidos o sus familias, como es el caso de Ramón Alfredo Aguilar, abogado del concejal Albán en Venezuela.
Debemos señalar que este Informe es un paso más en la búsqueda de justicia y verdad de lo sucedido en el caso de Fernando Albán e instamos a la comunidad internacional a comprometerse con la lucha de la ciudadanía venezolana por un país democrático que garantice los derechos humanos. Asimismo, instamos a la Corte Penal Internacional y a los demás Estados – en aplicación de jurisdicción universal- como lo recomendó la Misión, que hagan justicia a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión.
Finalmente, los familiares de Fernando Albán y sus representantes legales solicitamos al Estado de Venezuela cumplir con las recomendaciones de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU. En ese sentido, deben, de inmediato, conducir una investigación efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre las violaciones de derechos humanos en contra del concejal Albán, sus familiares y abogados.
