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Informe de la Misión de Determinación de los Hechos señala responsabilidad de altas autoridades venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura fueron algunos de los crímenes documentados en el informe presentado este miércoles 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.

Para este primer informe de 443 páginas, la Misión, integrada por por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, investigó 223 casos y examinó otros 2.891 para constatar la aplicación de patrones de violaciones y crímenes.

Señaló el informe que la Misión determinó que se cometieron violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela, por parte «del Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos».

Los expertos independientes indicaron que se pudieron identificar patrones de violaciones y crímenes coordinados que formaban parte de políticas de Estado, aplicados de manera generalizada y sistemática, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

También se hace constar en el informe que tanto Nicolás Mauro, como los ministros de Interior y Defensa tenían conocimiento de estos crímenes, y además «dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” añadió Marta Valiñas, presidenta de la Misión. Agregó que no fueron actos aislados, sino coordinados y cometidos con el apoyo y conocimiento de los altos funcionarios estatales de Venezuela.

Durante un año la Misión también investigó 16 operaciones policiales, militares o conjuntas que produjeron 53 ejecuciones extrajudiciales y 2.552 «incidentes adicionales» que causaron 5.094 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. Los responsables de estos casos no han sido llevados a la justicia. Este reporte se suma a las denuncias que durante años han hecho organizaciones de la sociedad civil.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución. Se identificaron casos de violencia sexual, violación sexual, amenazas de violación sexual, y otras formas de tortura. Algunas de estas acciones repercutieron de forma permanente en las personas.

La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas  está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, en muchas oportunidades de forma violenta, señaló dijo Paul Seils.

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El Poder Judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Señaló la Misión que es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

Para las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y sus familiares este informe es una respuesta a un clamor de justicia. Reiteramos la importancia de que se siga conociendo la situación de Venezuela y se fortalezca y se extienda el mandato de la Misión, pues estos temas requieren mayor investigación para que se determinen los responsables individuales.

Consulte el informe completo aquí