El 18 de marzo de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país. En esta sesión, los expertos Marta Valiñas, Patricia Tappatá y Francisco Cox expusieron hallazgos preocupantes que evidencian la persistencia de patrones de represión, persecución política y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Crisis post-electoral y represión política
La Misión destacó que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por irregularidades, incluidas denuncias creíbles de manipulación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de las impugnaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisibles las demandas sin entrar en el fondo del asunto.
En el contexto post-electoral, se reportó un incremento de las detenciones arbitrarias de opositores, especialmente en los días previos a la investidura presidencial del 10 de enero de 2025. Durante las protestas antigubernamentales, fuerzas de seguridad y grupos paramilitares reprimieron manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego. La Misión identificó a altos mandos militares involucrados en la represión, así como la falta de investigaciones sobre las muertes de manifestantes y detenidos bajo custodia del Estado.
Persecución y criminalización de la disidencia
Entre septiembre de 2024 y enero de 2025, se reportaron al menos 126 detenciones de personas percibidas como opositoras, incluyendo activistas, periodistas y dirigentes sociales. La Misión documentó casos de desapariciones forzadas de corta duración y torturas a detenidos, como golpizas con objetos contundentes y aislamiento prolongado en celdas de castigo.
Un caso emblemático es el del activista Carlos Correa, presidente de la ONG Espacio Público, quien estuvo desaparecido durante nueve días antes de ser liberado. Además, persiste la práctica de detener a familiares de opositores para presionar a los líderes políticos y sociales, como ocurrió con el yerno de Edmundo González, candidato presidencial opositor.
Ataques al espacio cívico y nuevas leyes represivas
El informe también alertó sobre el impacto de las leyes promulgadas en noviembre de 2024, como la Ley de Fiscalización y Regularización de las ONG y la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista. Estas normativas criminalizan la labor de la sociedad civil, imponiendo sanciones severas, incluyendo hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones políticas por 60 años.
La Misión advirtió que estas leyes generan un ambiente de intimidación y autocensura, dificultando la labor de organizaciones que documentan violaciones a los derechos humanos. En este contexto, instó a la comunidad internacional a fortalecer la protección y el apoyo financiero a activistas y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan crecientes riesgos de persecución.
El papel de la comunidad internacional
Ante la grave situación en Venezuela, la Misión reiteró la necesidad de que los organismos internacionales mantengan la supervisión y presión sobre el gobierno venezolano. Además, subrayó la importancia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avance en sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, particularmente en casos de persecución política y detenciones arbitrarias.
El informe concluyó con un llamado urgente al Consejo de Derechos Humanos para que exija la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela y garantice la protección de los derechos fundamentales de la población.
Cepaz reafirma su compromiso
Desde Cepaz, reiteramos nuestra preocupación por la persistencia de patrones de persecución política, represión y ataques al espacio cívico en Venezuela. Instamos a la comunidad internacional a continuar visibilizando estas violaciones y a redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas y defender los derechos humanos en el país. Seguiremos documentando y denunciando estas situaciones para contribuir a la exigencia de justicia, verdad y reparación.
