Las personas con discapacidad y de poblaciones vulnerables, como adultos mayores, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, enfrentan desafíos significativos en todo el mundo, incluyendo la discriminación, la exclusión y la falta de acceso a los recursos y servicios necesarios. La defensa y protección de sus derechos humanos es fundamental para allanar el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Uno de los riesgos que enfrentan está relacionado con la exclusión social y económica. La discriminación y la falta de acceso a recursos y servicios pueden limitar su participación plena en la sociedad y el ejercicio de sus derechos humanos.

Además, la falta de accesibilidad es un problema importante para las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad en el transporte, la infraestructura y las tecnologías de la información puede limitar sus posibilidades para trabajar, estudiar y participar en la vida social y política.

Además, estas poblaciones también enfrentan el riesgo de violencia y abuso. La discriminación y la exclusión pueden llevar a la violencia y el abuso, incluyendo la violencia sexual, el acoso y la explotación. Se requiere con urgencia que el Estado promueva políticas de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con un enfoque que incluya a las mujeres con discapacidad y de poblaciones vulnerables, quienes poseen una doble vulnerabilidad ante este tipo de situaciones.

Otro reto importante es la falta de representación y participación en la toma de decisiones. Las personas con discapacidad y de poblaciones vulnerables a menudo no tienen voz en los procesos políticos y de toma de decisiones que afectan sus vidas y sus derechos.

Las cifras de los informes de algunas organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de estas vulneraciones de derechos. El informe anual 2021 de Consorven señala que la ausencia de protocolos de atención claros y precisos a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, tiene como consecuencia que las personas con discapacidad sientan que no son tomadas en cuenta.

Tras visitar 12 centros de vacunación, Consorven y la Fundación Vanessa Peretti, constataron que en 70% no había atención preferencial para personas con discapacidad, en 90% no había información en formato accesible y el 100% no contaba con intérpretes de lengua de señas.

El mismo informe concluye que 3 de cada 10 mujeres con discapacidad no reciben información accesible según su tipo de discapacidad sobre salud sexual y reproductiva, salud de mamas y métodos anticonceptivos. Y tras una evaluación cuantitativa y cualitativa del último proceso electoral en Venezuela, pudieron constatar que los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, suscritos en las leyes, no se han cumplido.

Por su parte, el informe Vejez en riesgo de Convite, señala que entre julio y diciembre de 2022 se registraron 164 muertes violentas de personas mayores, de las cuales 4 fueron calificadas como responsabilidad directa del Estado, por acción, omisión o consentimiento.

Garantizar que los derechos humanos de las personas con discapacidad y de poblaciones vulnerables sean protegidos incluye la implementación de leyes y políticas adecuadas a sus necesidades, así como la promoción de la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

Además, es fundamental que se promueva la educación y conciencia sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y de poblaciones vulnerables. La educación es un factor determinante en la reducción de la discriminación y para la promoción de la inclusión y la igualdad.