La violencia contra las mujeres y particularmente el femicidio no solo ocurre en la esfera privada de las mujeres, en su hogar o en manos de su pareja. Tampoco ocurre solamente en la esfera pública del Estado en manos de los agentes del orden y la seguridad. Hay un tipo de violencia contra las mujeres que ha sido fuertemente invisibilizada a pesar de encontrarse descrita en nuestro ordenamiento jurídico, ésta se deriva de la delincuencia organizada.

En efecto, una de las tipologías descritas por nuestro legislador, en el numeral 4 del artículo 58 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, atiende a esta modalidad de femicidio agravado, que escapa de la relación de pareja o familia, y centra su núcleo en que el acto se haya cometido en medio de redes de delincuencia organizada.

La delincuencia organizada tiene múltiples mecanismos de operación en el que las mujeres, las niñas y las adolescentes se ven afectadas de manera desproporcionada.

En las redes de delincuencia las asimetrías de poder derivadas de los estereotipos de género prevalecen y con ello la asignación de roles en el que las mujeres terminan siendo las principales víctimas a través de distintos mecanismos de violencia, entre los que podemos destacar actos atroces como las torturas, secuestros, explotación sexual, mutilaciones e incluso femicidios.

Son múltiples las ocasiones en los que las mujeres terminan siendo parte de la red de delincuencia, pero en un rol de víctimas, por ejemplo, a través del ejercicio de prácticas relacionadas con la esclavitud sexual, lucrando económicamente a los miembros de la red.

Asimismo, las mujeres son utilizadas para dar un mensaje a otros grupos de delincuencia que guardan vínculos con la víctima, como medio de venganza, de extorsión o de amenaza, en el que la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer llega incluso a arrebatarle la vida.

Ahora bien, las mujeres en este contexto no son solo víctimas de las redes de delincuencia organizada, sino que además suelen ser revictimizadas por las instituciones del Estado y la misma sociedad a través de la violencia estructural, cultural y directa, en donde se legitiman los actos atroces que se comenten contra las mujeres al vincularlas, además sin certeza, con la red de delincuencia, neutralizando o normalizando los actos de violencia.

Aún más, en muchas ocasiones los familiares de las mujeres víctimas deciden no presentar denuncias sobre los hechos, pero esto no solo ocurre por el miedo a las represalias de los miembros de la red, sino también por el temor de que la víctima sea asociada con las redes de delincuencia.

Esta situación lo que genera es invisibilizar el delito, estigmatizar a las mujeres que han sido víctimas de violencia y que han sido asesinadas y además permite que estos hechos se continúen reproduciendo bajo un alto nivel de impunidad.

La situación de las mujeres víctimas del femicidio en manos de redes de delincuencia organizada requiere de un enfoque particular, las condiciones bajo las cuales se desarrolla este tipo de violencia, las motivaciones y las consecuencias son claramente distintas a otros contextos de violencia, por lo que  urgen políticas públicas que pongan el foco en el análisis y comprensión particular para alcanzar la prevención de este delito.