El pasado 15 de febrero Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores, anunció la decisión de suspender las operaciones en Venezuela de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además de “realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días”. También se notificó la expulsión, en un término de 72 horas, del personal que labora en dicha instancia”.

Previo al comunicado de la Cancillería venezolana, desde la Oficina del Alto Comisionado se señaló el día 13 de febrero: “Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

La detención de Rocío San Miguel se produjo el 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El mismo 13 de febrero el fiscal general, Tarek William Saab, señaló que la defensora de derechos humanos fue presentada la noche anterior en el Tribunal Segundo contra Terrorismo acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Posteriormente, el 15 de febrero la Oficina del Alto Comisionado indicó: “Tras las declaraciones de las autoridades, tomamos nota que el lugar de detención de Rocío San Miguel – y por ende su paradero – ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional. Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

En el comunicado que explica la decisión de expulsar a los funcionarios de la OACNUDH, se señala que la medida se mantiene hasta tanto “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

Añade la comunicación que “las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”, desconociendo de esta manera la imparcialidad que debe privar en el accionar de esta oficina y de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Desde octubre de 2019, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está presente en Venezuela. Dentro de sus funciones se encuentran velar por la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas en los informes de la Oficina, y de otros mecanismos de derechos humanos. Así como brindar apoyo a la sociedad civil y evaluar la situación de los derechos humanos en el país desde el terreno.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) rechazamos esta decisión de expulsar a los funcionarios de la ONU y cerrar la Oficina Técnica de Asesoría, que aumenta la desprotección, no solo de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sino de la población en general.

También busca soslayar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado venezolano y de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, agravando la crisis multidimensional en el país, caracterizada por sistemáticas violaciones de derechos humanos, la falta de estado de derecho y el deterioro de las instituciones democráticas y de justicia.