Un grupo de personas expertas independientes* de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el día 28 de julio. Varios organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el Gobierno, denunciaron falta de transparencia y veracidad.
“Encontramos un alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición. La información recibida indica que esta situación se da en un contexto caracterizado por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”, observaron las personas expertas.
Las personas expertas señalaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una oleada de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y fiscalización de opositores políticos, quienes eran identificadas como opositoras y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales.
Indicaron además que, tras las elecciones, la población se movilizó pacíficamente para expresar su descontento por las irregularidades electorales. En este contexto, habían recibido informes de más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluidas de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas Indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, y también de desapariciones forzadas y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
La aprobación de una ley nacional para el control de la sociedad civil no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación, advirtieron los expertos, lo que se suma al ya existente uso indebido de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo. También señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería.
“Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, afirmaron las personas expertas. Pidieron a las autoridades que pongan fin de inmediato a estas prácticas, que garanticen la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, que pongan fin a los actos de censura y otras formas de hostigamiento y que impulsen investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos. Las empresas, como los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas, no deben permitir ni facilitar esas violaciones.
Las personas expertas están en contacto con el Gobierno de Venezuela sobre estas cuestiones.
En los últimos cinco años, las personas expertas enviaron un mínimo de 22 cartas al Gobierno que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas siguen sin respuesta.
*Sra. Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Sra. Cecilia M Bailliet, Experta Independiente en derechos humanos y solidaridad internacional; Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Sra. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Sra. Aua Baldé (Presidenta-Relatora), Sra. Gabriella Citroni (Vicepresidenta); Sra. Grażyna Baranowska, and Sra. Ana-Lorena Delgadillo Pérez, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sra. Heba Hagrass, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sr. Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expression; Sra. Laura Nyirinkindi (Chair), Sra. Claudia Flores (Vice-Chair), Sra. Dorothy Estrada Tanck, Sra. Ivana Krstić, and Sra. Haina Lu, Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Sr. Jose Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Sra. Fernanda Hopenhaym (Presidenta), Sr. Pichamon Yeophantong, Sr. Damilola Olawuyi, Sr. Robert McCorquodale and Sra. Lyra Jakulevičienė, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son personas expertas independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Las personas expertas no forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Prestan sus servicios a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
