En el contexto de un año electoral en Venezuela, los actos de persecución y criminalización contra periodistas, medios de comunicación y personas vinculadas con la política siguen en aumento. En el mes de febrero, once trabajadores de la comunicación y siete personas vinculadas con la política fueron víctimas de la aplicación de patrones de persecución utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro como parte de su política para mantenerse en el poder.
Durante el mes de febrero desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 30 actos de persecución y criminalización. Los patrones de persecución documentados fueron: allanamientos irregulares, cierres de emisoras de radio, cierres de programas radiales, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, impedimentos de registrar un hecho noticioso, irregularidades en procesos judiciales y el traslado irregular de un preso político.
En cuanto a la categoría de sujetos perseguidos tenemos: trabajadores de la comunicación (11 casos); población (8 casos); personas vinculadas con la política (7 casos); organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos (4 casos).
Los principales perpetradores de estos actos de persecución y criminalización fueron las fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado (20 casos); la Comisión Nacional de Comunicaciones, Conatel, (4 casos); el poder judicial (3 casos); personas adeptas al gobierno (2 casos); y la Fiscalía General de la República (1 caso).
Ataques a medios y trabajadores de la comunicación
Durante el mes de febrero documentamos múltiples casos de censura en Venezuela. En este periodo, Conatel cerró 5 emisoras de radio. Ya son 8 las emisoras de radio que han tenido que apagar sus equipos en Venezuela en los dos primeros meses de 2024. Esta situación representa una grave violación a la libertad de expresión, opinión e información. Además de un intento de control de la narrativa mediática, silenciando cualquier voz que incomode al gobierno de Nicolás Maduro.
Las emisoras que salieron del aire fueron Onda 100.9 FM de Valencia (Carabobo); Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM, Clásicos 93.9 FM, las tres del estado Zulia; y Páramo 100.3 FM del estado Trujillo. Además, la dirección de Prensa de la alcaldía del municipio Falcón informó que la directiva de la emisora La Kalle 89.9 FM sacó de la parrilla de programación el espacio “Alcaldía al Día” por presiones del gobierno regional.
La periodista Hilianni Vásquez fue expuesta y su trabajo criminalizado a través de un video difundido por funcionarios de la alcaldía de Cumaná, en el estado Sucre. La reportera cubría una marcha oficialista a la que vecinos de la urbanización en donde reside le impidieron el ingreso.
El viceministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, arremetió contra el medio argentino Clarín. Este medio publicó una información sobre una acción irregular cometida por un diplomático venezolano y vinculada a un avión de la empresa Emtrasur Cargo. Esta aeronave fue decomisada en junio de 2022, en un aeropuerto en Buenos Aires, por sospechas de terrorismo.
Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el municipio Tovar, estado Mérida, impidieron, incluso con actos de violencia, que los periodistas Luis Morales y Walter Jaimes, y el reportero gráfico Adán Contreras, ingresaran a la Oficina del Centro de Servicios Mocotíes de la institución para cubrir la entrega de un documento por parte de tres concejales de la entidad, para exigir el cese de cortes del servicio eléctrico.
Arremetida contra las ONG y personas defensoras de DDHH
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las personas defensoras de derechos humanos continuaron siendo víctimas de ataques, amenazas y hostigamientos. Así como de la ejecución de actos que constituyen violaciones muy graves a los derechos humanos.
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fue víctima de la privación ilegítima de su libertad, desaparición forzada, el allanamiento irregular de su vivienda y un proceso judicial violatorio a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. La persecución y criminalización se extendió contra los familiares de San Miguel, quienes también fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, un patrón que busca intimidarla, castigarla y presionarla.
San Miguel estuvo varios días bajo la figura de desaparición forzada. Estuvo incomunicada, sin defensa y sin que sus familiares y abogados conocieran su paradero. Además es acusada de formar parte de una conspiración militar denominada Brazalete Blanco. Posteriormente, agentes de seguridad del Estado ejecutaron un allanamiento a su vivienda.
El fiscal general Tarek William Saab, criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos que han denunciado la desaparición forzada de San Miguel. Las llamó “mitómanos” y “tarifados” y además advirtió que las denuncias que cuestionan el “plan golpista contra Nicolás Maduro” pueden constituir un delito.
También en el programa «Con el Mazo Dando», Diosdado Cabello se refirió a la detención de San Miguel. En ese contexto criminalizó a las ONG y a las personas defensoras de derechos humanos. Expresó Cabello: “Son delincuentes muchos de ellos que reciben plata de gobiernos extranjeros a través de una cosa que se llama ONG”.
Liderazgo político opositor bajo ataque
En el contexto electoral que atraviesa Venezuela, el liderazgo político de oposición continúa siendo víctima de persecución, a través de actos de hostigamiento y amenazas, allanamientos y procedimientos judiciales irregulares. Alertamos sobre la violación de las garantías judiciales de los jefes de campaña de Vente Venezuela detenidos durante el mes de enero.
María Corina Machado denunció que grupos adeptos al gobierno de Nicolás Maduro la atacaron durante una actividad política en Charallave, estado Miranda. Además, a pesar de la presencia de funcionarios policiales, un centenar de colectivos agredieron con palos y piedras e hirieron a varias personas asistentes a esta actividad. En otro hecho, simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela trancaron el paso hacia Cumanacoa, estado Sucre. Impidieron que Machado pudiera movilizarse y esgrimieron insultos en su contra.
También en febrero, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ordenó a la militancia del partido político “desplegar la furia bolivariana en el estado Monagas”.
Los jefes de campaña de Vente Venezuela Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, fueron llevados al Tribunal contra el Terrorismo para la audiencia de presentación. Esto se produjo a altas horas de la noche, sin la presencia de su defensa privada y casi un mes después de su detención.
La organización política Vente Barinas denunció que presuntos efectivos del Cicpc allanaron la sede del Comando de Campaña del partido político Vente Venezuela en el estado Barinas y sustrajeron el disco duro de unas cámaras de seguridad.
Ataques contra la población
Cinco familiares y allegados de la activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, fueron detenidos arbitrariamente y fueron víctimas de desaparición forzada. Las personas detenidas fueron Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos de la activista; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda; y Alejandro González Canales, expareja. Esta práctica de persecución contra familiares responde a un patrón de intimidación utilizado como blanco de amenaza, castigo y presión para la persona perseguida.
El ciudadano Carlos Ramón Salazar Lares, jubilado de Petróleos de Venezuela, fue detenido presuntamente por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Salazar presuntamente grabó un video del empresario Alex Saab quien se encontraba haciendo compras en una tienda en la isla de Margarita. Fue trasladado a un lugar desconocido, sin dar información de su paradero a la familia y defensores.
Personal de seguridad del Ministerio de Finanzas detuvo durante algunos minutos a trabajadores activos, jubilados y pensionados del Gobierno del Distrito Capital (GDC). Estos trabajadores protestaban en la sede de ese organismo en Caracas exigiendo el pago de bonificaciones.
Loredana Hernández, hija del militar y preso político Héctor Hernández Da Costa, denunció que su padre fue trasladado de forma arbitraria e inesperada. Hernández Da Costa fue llevado desde la sede del DGCIM-Boleíta a la Cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.
Falta de cooperación
Finalmente, lamentamos la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela durante el mes de febrero. Esta situación constituye un incumplimiento del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y el Alto Comisionado. También demuestra, una vez más, la falta de intención del Estado venezolano de cooperar con el organismo y de trabajar por garantizar en Venezuela un espacio cívico seguro, democrático y con ejercicio libre de los derechos humanos.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Febrero 2024
