Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en lo sucesivo, LODMVLV), el Estado venezolano ha intentado presentar una fachada de preocupación por los derechos de la mujer, que se vio afianzada en el 2014, al incluir en esta la tipificación de los delitos de Femicidio y la Inducción o ayuda al suicidio de una mujer. Sin embargo esta ley no ha observado un verdadero enfoque de género con miras al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres en un contexto de diversidad.

Como bien lo ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Soto contra Venezuela, dicha ley no ha generado efectos suficientes para prevenir la violencia contra la mujer. Ya que persiste la carencia de políticas públicas con enfoque de género y la falta de capacitación de los agentes del Estado que brindan atenciones primarias a las sobrevivientes de violencia sexual, víctimas indirectas de feminicidio, entre otros.

Por otra parte, ONU Mujeres informó que, en América Latina, se ubican 14 de los 25 países con los índices de femicidios más altos del mundo. Hasta noviembre del año 2019, se registraron 3.800 femicidios en América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicados en su informe anual. En el caso de Venezuela, la última cifra que la Cepal pudo recolectar fue en 2016. La data arroja 0,8 femicidios por cada 100.000 habitantes.

Esta grave situación de feminicidios en Venezuela ha encendido las alarmas en la CIDH, en su comunicado del 08 de marzo del 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las cifras de femicidios registradas en Venezuela a comienzos de 2020 e instó al Gobierno de Venezuela a actuar.

En 2021, según los datos arrojados en el monitoreo de femicidios elaborado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en los primeros cinco meses del año, hubo 99 femicidios consumados y 21 frustrados en Venezuela. Además, se estima que, en promedio, en el quinto mes de mayo hubo una acción femicida cada 30 horas.

A pesar del notorio incremento de casos de femicidios, el Estado venezolano no da señas de cumplir con las obligaciones contraídas constitucional e internacionalmente, pues no garantiza la protección, promoción y respeto de los derechos de las mujeres, perpetuando así un círculo de impunidad en el agresor y generando desconfianza que impide a las víctimas a denunciar, las priva del derecho a una reparación efectiva, así como el acceso a las garantías de no repetición.

En este sentido, desde Defiende Venezuela y las organizaciones firmantes expresamos nuestra suprema preocupación y profundo rechazo ante los femicidios ocurridos en Venezuela, especialmente aquellos cometidos durante la pandemia del COVID-19, los cuales han aumentado exorbitantemente. Sin lugar a dudas, la falta de investigaciones eficientes y condenas a los responsables responden a un patrón de impunidad que perpetúa la discriminación estructural y la violencia institucionalizada en contra de las mujeres.

Adicionalmente, expresamos una gran consternación por casos como el de María Bastidas y Angela Aguirre víctimas de femicidio y más recientemente el caso de Ruth María Lasso, quien, el 28 de agosto de 2021, fue apuñalada por su padre y que era también al mismo tiempo su expareja, tras muchos años de abuso. Hasta la fecha no se conoce ningún tipo de acción por parte de las autoridades, el asesino de Ruth María Lasso se encuentra sin ser aprehendido.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde Defiende Venezuela y las organizaciones firmantes:

1. EXIGIMOS al gobierno venezolano la publicación y efectiva difusión de las cifras reales y actualizadas de las tasas de femicidios ocurridos en Venezuela desde 2016 hasta 2021.
2. RECHAZAMOS cualquier acto de violencia contra la mujer que atente contra su integridad física o psicológica.
3. EXHORTAMOS a las instituciones gubernamentales, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil a que promuevan y participen en campañas dirigidas para el respeto y protección de los derechos de las mujeres en Venezuela.
4. RECLAMAMOS al Estado Venezolano tome todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia estructural contra la mujer imperante en la sociedad venezolana.
Desde Defiende Venezuela y las organizaciones firmantes creemos que es necesario seguir haciendo eco de los femicidios e instamos a continuar con la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las mujeres venezolanas.

Activismo Alternativo, Woman Riots, Girl UP Venezuela, País Plural, Cepaz y Yo teCreo Venezuela